Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional encargada de “reformar” la Ley Orgánica de Comunicación –que, dicho sea de paso, ya no levanta tanto polvo mediático como cuando fue propuesta, redactada, aprobada y aplicada–, acaba de hacer su más evidente autogol de toda su carrera deportiva, y política también: “A lo mejor se omitió…”.

Sí. Esa fue la respuesta del exarquero del Olmedo y actual asambleísta cuando le consultaron por qué no se reformó el artículo 5 referente a que los medios de comunicación social “prestan un servicio público de comunicación masiva”.

Este artículo fue uno de los que más urticaria provocaron entre quienes criticaban, descalificaban, rechazaban, desacreditaban, satanizaban, maldecían y temían por la existencia de un conjunto de normas y leyes que regulaban la actividad de la comunicación social mediática en el país. Y no solo que para esos grupos de detractores de la Ley estas omisiones son imperdonables, sino que además son sintomáticas sobre cómo esta variopinta comisión ha abordado una tarea sumamente delicada.

Las observaciones sobre este tema no solo fueron dentro de casa, vinieron de fuera: para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al concebir a la información como un servicio público “el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo”. Pero igual, el autogol fue contundente.

Es cierto también que, a mediados del año anterior, la Corte Constitucional analizó y se pronunció sobre lo que calificó como ilegalidad de la reforma propuesta por la Asamblea Nacional en el año 2015 que fue la que categorizó a la comunicación como un servicio público en la Carta Magna. Es decir, se armó el quilombo.

Decía que estas omisiones o ligerezas son sintomáticas sobre la falta de rigor en el trabajo con la LOC. Y peor aún, el descuido con las consignas dirigidas desde fuera para reducir al mínimo el impacto aplicativo de la nueva LOC.

Otras evidencias son, por ejemplo, la inclusión al susto de una disposición transitoria que renovaba automáticamente la concesión de frecuencias de radio y televisión ya asignadas, por una década más. Así, sin vergüenza propia o ajena, incluyeron la transitoria que contradice y desafía el espíritu de un proceso de auditoría que se realizó hace más de una década y que destapó puras irregularidades. El presidente Moreno ha advertido que vetará específicamente este tema: en combate a la corrupción no solo es importante tratar de ser, sino sobre todo parecer.

Aunque no han sido muchas, también hay voces que critican el hecho de borrar todo lo referente a las normas deontológicas en el marco de la Ley, y apostarle a algo que al parecer no se estrena aún: la autorregulación.

Visto así el panorama, no hay mucha expectativa sobre lo planteado por la comisión de Corozo; queda solamente resolver las omisiones, enmendar los descuidos, corregir los apuros, pulir los pendientes, y vetar… bueno, vetar lo que sea. Al final, este otrora polémico documento ya casi queda en una ley sin ley.

Final del partido, a los camerinos. (O)