“La prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes”, pensamiento de Hugo Black, juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en su decisión, cuando el Estado demandó al Washington Post en su intención de ocultar al pueblo las mentiras que el Gobierno había emitido sobre el estado de la guerra en Vietnam.

Todos los legisladores ecuatorianos de la Asamblea Nacional deberían leer la explicación que el juez Black emitió. Quizás así entenderían la importancia de no tener una Ley de Comunicación. La trinada frase de un expresidente, que “debe primar un estado de derecho y no de opinión”, se derrota a sí misma, pues el primer derecho que deben proteger la Constitución y las leyes, es el derecho a la opinión.

Quien no puede opinar es un esclavo de quien se lo prohíbe. A todo dictador, sea de derecha o izquierda, le estorba la libertad de prensa.

Todos tienen un factor común: tildan a la prensa de “corrupta”. La prensa no solo debe liberarse sino protegerse.

Solo la libertad absoluta de prensa puede evitar que la mentira se convierta en política de Estado de un gobierno. Ecuador ya lo vivió en carne propia.

Un gobierno que intimida y limita la fiscalización, censurando a la prensa, queda en libertad absoluta para abusar del poder. Los gobiernos temen a la censura de su mandante, el pueblo. Y si el pueblo ignora, no censura.

Cualquier ley de comunicación ejerce una coacción intimidadora a la prensa. La prensa libre debe ejercer un control de crítica sobre el poder político, por lo tanto no puede ser su subalterno. La prensa libre es la última línea de defensa que tiene el pueblo para resistirse a un gobierno abusivo. Es indiscutiblemente el cuarto poder, y ejercido correctamente es el pulso vital del mandante, el pueblo. Por eso le temen.

Tampoco la prensa debe ser inmune, pues sin duda, como todo poder, puede cometer abusos. Para eso las leyes civiles y penales existentes cubren en suficiencia las sanciones y penalidades a las que debe someterse la prensa que ejerce irresponsablemente su poder de comunicación. Pero para eso están las cortes judiciales, no un títere nombrado por un poder político al cual responde y obedece.

La Constitución debe prohibir que el Estado posea medios de comunicación, porque el gobierno tiene acceso a todos, y en cadenas nacionales. Un medio de comunicación en manos del gobierno se utilizará irremediablemente como un medio de adoctrinar al pueblo y de tergiversar la verdad. Por eso la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, indica: “Ninguna Ley puede expedirse limitando la libertad de prensa”. Punto final.(O)

Gustavo Echeverría Pérez,

Guayaquil