Ha llamado la atención que el pueblo de Quinindé recibió con una lluvia de huevos a Rafael Correa. Podría explicarse como un rechazo al abandono de los poderes del Estado, en desmedro de la seguridad ciudadana que se inició en su gobierno y se ha evidenciado con el atentado terrorista en San Lorenzo. Algo inédito en la historia del país y, sin duda, consecuencia de la política antiimperialista grotescamente sesgada, que benefició a China y eliminó la contención a los grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos.

Hasta el 2009 operó el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) en la base de Manta. Desde entonces, si bien las autoridades nacionales asumieron el “pleno control” de lo que fue un pequeño pero importante enclave estadounidense, dentro de instalaciones militares ecuatorianas, no es menos cierto que se afectó gravemente la concepción del esquema de seguridad vigente. La Constitución de Montecristi impidió la renegociación del convenio suscrito con EE.UU. en 1999. Un “gran triunfo” de sectores de izquierda y de grupos defensores de derechos humanos; algunos conscientes y otros miopes ante las consecuencias que se veían venir; algunos aparentemente relacionados con los beneficiados del negocio de la droga y de la narcopolítica, que fuera denunciada luego del bombardeo del campamento de las FARC en territorio nacional (Angostura) por la Fuerza Aérea colombiana.

Con el cierre del FOL en Manta casi desapareció la detección, control y rastreo de aeronaves dedicadas a las actividades relacionadas con el narcotráfico. Tales operaciones de vigilancia se trasladaron a Colombia, e incidieron en la lucha antiguerrillas y contra el narcotráfico, sobre la base de un acuerdo entre EE.UU. y Colombia.

La salida del FOL de la base de Manta fue advertida por expertos como inconveniente para la seguridad nacional. Sin los recursos tecnológicos y económicos de EE.UU. y sin una alternativa “soberana” con características equivalentes, el combate al narcotráfico ya parecía una batalla casi imposible de ganar.

En entrevista concedida a BBC, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador, sostuvo que “la salida de las bases americanas del continente sudamericano es una propuesta que viene instaurada desde el Foro de Sao Paulo (fundado por partidos y organizaciones de izquierda en la década de los 90) y posteriormente está siendo replicada tanto por las FARC como por la Coordinadora Continental Bolivariana dentro del proyecto internacional de las FARC”.

Por ello es que la riesgosa apuesta para restaurar la paz con las FARC y el ELN, sin un plan de seguridad que enlace los intereses de Ecuador y Colombia, terminará perjudicándonos más. Es que los disidentes de esos grupos armados y las bandas criminales (bacrin) han ocupado y ocuparán las zonas de actividades ilegales en nuestras fronteras. Las bacrin –sin objetivos políticos– también manejan el narconegocio para abastecer de drogas a Europa y EE.UU.

Si Colombia cayó en esa trampa, Ecuador debe evitarla con nuevos convenios para solventar debilidades evidenciadas en el atentado terrorista de Esmeraldas, atribuido a disidentes de las FARC.

Es preciso fortalecer la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera, con tecnología satelital y recursos de inteligencia. En fin de cuentas, abandonar “discursos antiimperialistas” obsoletos y sin pragmatismo. Si los radares chinos no sirvieron, entonces volver a los radares gringos. (O)