Me había propuesto dejar estos temas, no asomarme al pozo negro de la corrupción institucionalizada que impregna todo y me revuelve las tripas, pero aprendo que esto de meterse a opinar es abrir una caja de Pandora sin saber con qué se va uno a encontrar. Había preguntado en un artículo: ¿Dónde estuvimos los ciudadanos este tiempo? Y algunos lectores han recogido el guante y me hacen llegar información que me obliga a volver a El Aromo.

Este inútil proyecto que no va a ninguna parte, este terreno baldío que ya nos ha costado un Potosí, todavía tiene 124 personas en su rol de pagos. Esto le cuesta al país, 2’549.500 dólares solo en salarios, algo más de doscientos mil por mes. Seis personas se ocupan de la dirección en la Gerencia General y nos cuestan 23.620 dólares por mes. Son siete las gerencias de la EP: general, de diseño, administrativa, de planificación, de control previo, financiera, de operaciones y relaciones comunitarias. Gerencias de nada, que nos cuestan cerca de 350.000 dólares al año en sueldos. No sé si también se pague por nada, el famoso bono de eficiencia.

Bajo el pomposo nombre de Procuraduría, laboran ocho abogados; hay otro en la gerencia; seis personas promueven las relaciones comunitarias; ocho funcionarios manejan el área financiera y cincuenta y seis personas laboran en la gerencia administrativa, catorce de ellos choferes y cuatro gestionan todo este talento humano.

Solamente en el mes de agosto de este año, se ha contratado por el valor de $ 893.460,55. Hay perlas como lo de 208.694,44 dólares para arreglos de las oficinas en Manta, o el manejo de desechos peligrosos para lo que se destinan 146.935 dólares. ¿Desechos peligrosos? Según la página web, el único tema ambiental con el que lidia esta EP es el polvo, resultado de haber eliminado toda la cobertura vegetal del terreno. Pero entrados en gastos, se destinan 204.930 dólares para auditorías ambientales y $ 54.793 para monitoreo biótico, cuando ya desaparecieron la vida silvestre de Pacocha. $78.343,20 se gastan en alimentación. Hay extravagancias como $ 27.000 para “Exámenes ocupacionales” o $ 12.642 para suministros de impresión. Solo este último permitiría dotar de una vivienda a una familia damnificada.

Esta información que es pública, que cada hoja encabeza una leyenda que indica que la información está regulada por el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública –Lotaip–, no siempre está disponible. La pestaña de transparencia a veces está vacía, otras, con datos.

¿Es esta la austeridad anunciada, señor presidente? Algunas de estas cifras se recuerdan a Yachay donde hay casi tantos empleados como estudiantes, no hay aulas, los edificios no se sostienen, hay puentes a ninguna parte, entre otras lindezas. Dos fallidos proyectos que tienen en común la grandilocuencia de sus propósitos: El Aromo, librarnos de la dependencia de la importación de combustibles; Yachay, transportarnos a la cúspide del conocimiento y a la frontera tecnológica. Sueños de perro; pero sueños que nos cuestan ¡y cómo!

Señor ministro Carlos Pérez: su nombre viene precedido de magnífica reputación. Por favor, pare este desangre inútil de recursos escasos gastados en iniciativas retóricas. Pare esta sangría: liquide esta EP. Los ciudadanos se lo agradeceremos. También tengo que preguntar a los ecuatorianos: ¿hasta cuándo nos dejamos ver la cara? (O)