La creación de grupos especiales que actúen cuando hay situaciones de crisis en las cárceles está contemplada en la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que fue aprobada por la Asamblea, pero no está vigente pues aún falta el pronunciamiento presidencial y que el texto regrese a la Legislatura.

Según el artículo 28, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) creará, regulará, organizará, entrenará, grupos especializados penitenciarios para actividades e intervenciones en seguridad y vigilancia penitenciaria.

Para situaciones de motines o graves alteraciones del orden existirá un grupo táctico especializado en crisis.

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En Ecuador hay 36 centros de privación, al 27 de mayo de 2022 hubo 33.041 personas privadas de la libertad (PPL) y 1.600 agentes penitenciarios.

Es una de las medidas que busca controlar los continuos amotinamientos y hechos de sangre que se han registrado dentro de las cárceles.

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Al menos, 380 personas privadas de la libertad habrían fallecido dentro de esos centros, entre 2021 y 2022, asociados presuntamente a enfrentamientos entre bandas delincuenciales.

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El último hecho sangriento ocurrió en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde hubo 44 reos asesinados.

Itania Villarreal, quien se desempeñó como directora nacional de rehabilitación social y actualmente ejerce el libre ejercicio de la abogacía, consideró que esos grupos serían de reacción inmediata y seguridad, operativo canino-penitenciario y de investigación e inteligencia.

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“Que constituyan una fuerza de acción y reacción inmediata en circunstancias que vulneren la seguridad de los centros de privación de libertad o pongan en riesgo la vida”, expresó.

Villarreal sostuvo que los agentes actuales no poseen esa capacidad de acción y peor de reacción, aunque indicó que es entendible por las armas que han usado algunos presos en los amotinamientos sangrientos registrados en algunas cárceles.

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Esta capacitación, sugirió, debe ser con personal de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, con sus grupos élites como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y en materia teórica -a través del Consejo de la Judicatura- con jueces o fiscales.

Eso debe aplicarse particularmente en cárceles ubicadas en Guayas, Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, añadió.

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Ingreso a la cárcel Bellavista de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se registró la última tragedia en el sistema penitenciario con 44 reclusos fallecidos, en mayo 2022. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Para Villarreal, los grupos especializados deben ser conformados por quienes ya integran el sistema penitenciario y no por los que se graduarán próximamente, pues los primeros ya conocen el funcionamiento.

Esto porque el SNAI graduará en noviembre a 1.400 nuevos agentes penitenciarios y en 2023, 1.000 adicionales.

Ricardo Camacho, analista de temas de seguridad y exsubsecretario de Rehabilitación Social, mencionó que Ecuador no tiene un cuerpo penitenciario fuerte, que lo deberían integrar unas 7.000 personas, que sean capacitados, entrenados, formados para el control de ese sistema y para ello se requiere del apoyo de entidades como la Policía.

Acerca de la conformación de grupos especializados, según Camacho, se refiere a que en otros países se los conoce como fuerzas de reacción ante motines.

Eso, explicó, permitirá actuar rápidamente y sofocar un motín.

Lo comparó con grupos especiales de la Policía como el GIR, que actúa en determinados casos.

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“Estarían en los centros penitenciarios más que nada haciendo inteligencia, mirando las estrategias necesarias para su actuación en caso de algún motín”, refirió Camacho.

El exfuncionario estimó que una capacitación para tener un grupo de élite tardaría entre seis meses y un año.

Una de las disposiciones transitorias de la normativa menciona que el SNAI, en el plazo de 180 días posteriores a la vigencia de la ley, creará los grupos especializados, entre ellos, el destinado a la situación de crisis.

En el proceso de capacitación, añade otra disposición, incluirá la malla curricular y las materias a impartirse con módulos relacionados al manejo de armas letales y menos letales en el contexto de la privación de la libertad.

Mientras corran los plazos, a criterio de Villarreal, se debe socializar el contenido de la normativa a los funcionarios que forman parte del sistema penitenciario ecuatoriano. (I)