El desbordamiento de la violencia en el país, tras los actos terroristas del 9 de enero, la está contrarrestando el Gobierno con la declaratoria de conflicto interno nacional -que ha permitido el control militar en las calles y más de 1.500 detenidos- y con acciones del plan Fénix, que incluye la construcción de cárceles en Santa Elena y Pastaza, la deportación de 1.500 reos, la compra de armas y uniformes para las fuerzas de seguridad, y la creación de un centro de inteligencia.