La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, este 7 de octubre, compareció al pleno de la Asamblea Nacional para presentar un balance del comportamiento de la violencia en el país y destacó que en lo que va del año se registraron 1.742 homicidios intencionales, 813 eventos más que en el mismo periodo de 2020.

Que la crisis en el Sistema de Rehabilitación Social, particularmente del martes 23 de febrero y martes 28 de septiembre de 2021, incide en el aumento atípico de la violencia.

Vela Puga destacó que el Gobierno heredó un sistema carcelario colapsado que necesita cambios estructurales, que el 40 % de los privados de libertad no tienen sentencia.

Ratificó que el Gobierno a mediano plazo aplicará el plan nacional de seguridad integral que busca contener y reducir los niveles de violencia en la sociedad, en todas sus manifestaciones, mejorando los servicios de seguridad ciudadana y de acceso a la justicia, orientados a la asistencia integral a las víctimas.

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Vela ante los legisladores manifestó que los grupos de delincuencia organizada cuentan con métodos y tácticas técnicas para alcanzar sus objetivos, como es la violencia criminal que se puede identificar a través de homicidios de carácter selectivo, extorsión, intimidación, entre otros.

Que organizaciones delictivas han desarrollado condiciones habilitantes para alcanzar objetivos como alto poder, una dirección de mando, logística para movilizar droga, dinero, armamento y mercancía; la capacidad de infiltrar y coaptar estamentos de seguridad y de la justicia en territorios identificados como estratégicos.

Además que estos grupos llegan a tener poder económico a través de lavado de activos y en enriquecimiento ilícito, lo cual permite tener cada vez más acceso a nuevas tecnologías para obtener mayor información.

Identificó a tres líderes principales vinculados a la delincuencia organizada como Telmo Castro, Edison Prado y Jorge Zambrano, alias Rasquiña, quienes luego de varias detenciones y riñas fueron asesinados.

Desaparecidos los líderes principales se produjo una secuencia de asesinatos dentro de los centros penitenciarios. Fueron asesinados Humberto Poveda Salazar, del grupo de los Cubanos; en diciembre de 2019 Telmo Castro; el 15 de diciembre de 2020 Jaime Mallorca Almache del grupo Los Mejicanos; y, el 28 de diciembre 2020, Jorge Zambrano González, alias Rasquiña. Todas estas personas fueron los miembros y líderes del grupo vinculado al tráfico internacional de drogas, los cuales mantuvieron sus operaciones criminales desde dentro de las cárceles.

Con su fallecimiento se produjeron fragmentaciones y divisiones, lo cual ha provocado las pugnas y conflictos violentos de los cuales el país ha sido testigo durante los últimos dos años.

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Se habilitaron canales y mesa de atención para brindar información sobre reos de la Penitenciaría del Litoral

Las zonas y territorios donde existe más concentración de violencia están estrictamente relacionadas con el consumo y la venta de drogas, y se evidencian altos índices de violencia en los centros de privación de libertad con altos niveles de hacinamiento.

El director del sistema nacional de rehabilitación, Bolívar Garzón, reveló que alrededor de 15.000 personas privadas de libertad, que constituye el 40 % de la población carcelaria, no tienen sentencia. Que en los centros carcelarios están por 516 personas por apremio que no cometieron delitos.

Que hay un total de 38.300 personas privadas de la libertad y 1.643 agentes de seguridad penitenciaria; que en todo el país existen solo 14 jueces penitenciarios y que al momento hay unos 5.000 expedientes de beneficios penitenciarios represados que no se dan trámite. Son los jueces los que no agilitan los procesos, afirmó.

Garzón pidió al pleno de la Asamblea tramitar una Ley de Rehabilitación Social, que la base por la que se rige el SNAI es el COIP, pero solo habla de la parte punitiva y no de rehabilitación, que se necesita del apoyo de todas las entidades del Estado para salir del problema carcelario.

Intervención en Guayaquil

En la comparecencia también participó la comandante general de Policía, Tannya Varela, quien se enfocó en describir lo que pasa en la Zona 8 que comprende el Distrito Metropolitano de Guayaquil, pues dijo es uno de los más complicados del territorio nacional; tiene una concentración de violencia del 27 %, y todos los hechos violentos que se han suscitado han generado conmoción a nivel nacional.

Que la policía ha priorizado las intervenciones operativas en los territorios del Distrito Sur, Nueva Prosperina, Durán, Portete, Pascuales, Esteros.

Que se han registrado 471 homicidios, de los cuales el 88 % de ellos fueron ocasionados por armas de fuego, el 38 % de las víctimas poseían antecedentes, el 81 % por causas de microtráfico y el 8 % por amenazas.

Indicó que hay áreas de riesgo que permiten al infractor la oportunidad para cometer sus delitos como la falta de luminarias, casas abandonadas, parques en mal estado.

La Policía, añadió Varela, realizó un estudio de área para determinar los factores de riesgo en la ciudad de Guayaquil, donde se ha podido establecer que existen 733 luminarias en mal estado, 383 botaderos de basura, 257 puntos localizados de consumo de droga, 252 licorerías ilegales, 222 casas y terrenos abandonados, 185 parques sin mantenimiento, 153 puntos críticos que requieren de vigilancia electrónica, 107 recicladoras irregulares, 93 lugares destinados para bailaderos, 76 lugares destinados para que se concentren los chamberos, 67 puntos donde existe mendicidad en los semáforos, 60 puntos donde están presentes las trabajadoras sexuales, 58 cámaras en mal estado, 33 centros de tolerancia clandestinos y 14 puntos fluviales críticos.

Un mapeo realizado por la Policía logró determinar que las 733 luminarias en mal estado se encuentran en el Distrito Sur de la ciudad de Guayaquil, Esteros y Portete, territorios donde se comete el mayor número de eventos, a los que se suma los botaderos de basura y la concentración del consumo de drogas.

El Ecuador en Sudamérica ocupa el primer lugar en prevalencia en consumo de crack entre estudiantes secundarios y universitarios, y el tercer lugar de prevalencia en el consumo de cocaína entre estudiantes secundarios, solo detrás de Chile y Colombia, indicaron autoridades.

Como acciones frente a la ola de inseguridad de Guayaquil, Varela dijo que se fortalecieron las unidades de Dinased y Antinarcóticos, se enviaron 120 servidores a la ciudad para que fortalezcan el servicio y se está ejecutando la captura de 48 sicarios que cometieron asesinatos y homicidios para lo cual se emitieron boletas a nivel nacional e internacional.

Proyecto de resolución

Luego de las comparecencias, la legisladora Jéssica Castillo (PK), quien planteó la comparecencia de los funcionarios de Gobierno, dijo que se siente satisfecha y tranquila por enterarse de que la fuerza pública está haciendo su trabajo, pero que lastimosamente las muertes violentas diarias consumen a la sociedad, que el país está siendo sometido a la delincuencia organizada.

La legisladora presentó un proyecto de resolución de cinco puntos, el primero plantea disponer al presidente de la República que tanto la Policía nacional como las Fuerzas Armadas trabajen de manera conjunta por el sistema nacional integral de personas privadas de la libertad y adolescentes infractores, hasta que el Ejecutivo manifieste de manera pública que se ha superado la crisis.

Además se solicita al primer mandatario que dicte un Decreto Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas realicen el control del porte de armas a nivel nacional.

Que el presidente de la República entregue en un plazo de 30 días un informe técnico jurídico que establezca la pertinencia o no que el Ministerio de Gobierno continúe como órgano rector de la Policía nacional.

Finalmente, solicitan al Gobierno la presencia de la Policía nacional y del Ejército en las fronteras del país a fin de realizar operativos de seguridad.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, abrió el debate sobre la propuesta de la representante del Pachakutik. (I)