El Informe a la Nación del presidente en materia de seguridad dejó más incertidumbres que certezas para analistas, especialmente sobre las acciones que ha implementado y piensa ejecutar el Gobierno, con el fin de reducir los índices de violencia y criminalidad.

Uno de los enunciados que destacó el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue la incorporación de 1.400 agentes penitenciarios que se integrarán este mismo año, y se sumarán a los 1.600 elementos que actualmente trabajan en las cárceles, como parte de la política de rehabilitación social.

“(Serán) 3.000 agentes preparados, bajo control del Estado y no de los jefes mafiosos que pretenden someter a la sociedad ecuatoriana”, dijo Lasso y anunció que se creará la primera Escuela de Formación Penitenciaria.

La integración de más agentes que vigilen los centros de rehabilitación es una acción positiva para solventar el déficit de funcionarios en esa área, sin embargo, quedan vacíos de cómo fue la selección de esas personas y cuál fue la formación que recibieron, cuestionó el catedrático y analista en seguridad Lautaro Ojeda.

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“La puesta en operación de la integración de 1.400 agentes penitenciarios la veo muy compleja. Se debe tratar de un reclutamiento muy detallado y una formación, más que capacitación, muy profunda. La creación de una Escuela de Formación Penitenciaria hay que ver quién se hace cargo, qué tiempo va a tardar y qué cuerpo docente va a integrar”, anotó Ojeda.

Él consideró además que se debe hacer una evaluación a los 1.600 agentes que actualmente están en servicio y revisar el escalafón salarial vigente para estos funcionarios, con base en el nivel de peligrosidad de sus actividades.

Así como se anunció sumar más integrantes al personal penitenciario, el presidente Guillermo Lasso también ofreció que hasta finalizar su administración unos 30.000 nuevos policías llegarán a las calles. Con eso se cubrirá el déficit de efectivos, dijo el presidente, después de mencionar que hasta el año 2025 el Gobierno invertirá $ 1.200 millones para fortalecer a la Policía Nacional.

Para el coronel (s. p.) Mario Pazmiño, consultor en temas de seguridad y defensa, el Informe a la Nación se limitó a proclamar que aumentarán las filas de la fuerza pública, sin ahondar en soluciones para los principales problemas sociales que dan origen a la inseguridad: educación, salud, atención de servicios básicos, recursos para que la gente pueda trabajar.

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“Podemos aumentar la cantidad de policías, de militares, pero si no solucionamos los problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, será un bastión permanente para que esas estructuras delictivas puedan seguir utilizando a nuestra juventud, a nuestra niñez en estas actividades delictivas”, recalcó Pazmiño, quien además recomienda reactivar la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas (FTC-E), que frenaba el acceso del narcotráfico al país.

Los analistas consultados señalan que los $ 1.200 millones comprometidos por el presidente no deben emplearse únicamente en aspectos relacionados con capacitación, equipamiento y tecnología para la Policía, como solución para enfrentar al crimen organizado.

Ojeda anotó que los recursos también deben dirigirse al desarrollo de conocimiento e investigación para la creación de políticas públicas de largo aliento. Mientras, Pazmiño insiste que el dinero de las arcas públicas debe orientarse especialmente “a una transformación en la educación de la sociedad”. (I)