A un año en el poder, el gobierno del presidente Guillermo Lasso presentó su estrategia nacional de seguridad, aunque para expertos no existe una política estatal a corto, mediano y largo plazo que esté acorde a las circunstancias, sino que se reacciona frente a los escenarios delictivos. Además hay críticas al manejo de la crisis penitenciaria.

Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la estrategia gubernamental está compuesta de tres ejes: seguridad ciudadana con énfasis en la prevención y el delito y la violencia, que será trabajado con los municipios; el combate al crimen organizado transnacional y sus delitos conexos; y el restablecimiento del sistema penitenciario.

Los ejes los mencionó en el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado miércoles, 18 de mayo.

Patricio Carrillo, general (sp) que estuvo al frente de los operativos de seguridad en octubre de 2019, es el nuevo ministro del Interior

Acerca del primer punto, Carrillo indicó que hay municipios con planes locales de seguridad que se los debe articular al plan integral desde la prevención como en Cuenca, Loja, Ibarra, Machala, Quevedo, Babahoyo, Manta, Sucumbíos y Morona Santiago.

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El Gobierno invertirá $ 1.200 millones en la seguridad en los denominados encuentros por la seguridad con los municipios. “Empezar a entender sus propios conflictos (...) la receta no puede ser similar para todas las ciudades”, indicó.

Para Lautaro Ojeda, experto en seguridad ciudadana, el Gobierno no termina de integrar la seguridad ciudadana con la seguridad nacional. Eso no quiere decir, agregó, que no se estén tomando acciones.

Ojeda mencionó que hay que tener políticas de seguridad a nivel nacional, pero que recoja las especificidades regionales y locales.

Recordó que, de acuerdo con la Constitución, la seguridad ciudadana es competencia del Estado.

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“Hay una visión centralista, centralizada de la seguridad que no toma en cuenta esos aspectos”, expresó Ojeda, y se mostró a favor de trabajar en la prevención.

El Municipio de Guayaquil, ciudad con un elevado número de muertes violentas, ha sido crítico por la falta de un plan en materia de seguridad y la ausencia de recursos. La alcaldesa Cynthia Viteri ha referido reiteradas veces que el cabildo, sin tener competencia, ha entregado más de $ 27 millones y entidades estatales siguen pidiendo ayuda al Municipio como si fuera el estado central.

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Sobre el segundo punto, el ministro expresó que el crimen organizado se asocia con la minería ilegal y el lavado de activos e incluso con la tala indiscriminada de bosques, tráfico de armas, trata de personas, contrabando.

Carolina Andrade, analista en temas de seguridad e inteligencia, destacó como positivo que el Gobierno haya formalizado el plan e identificado cuáles son los ejes de acción.

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En el eje del crimen organizado, lo fundamental -anotó la experta- es invertir en inteligencia e investigación, no solamente con aumento de efectivos, sino en desarrollar capacidades ya existentes.

Lo que se debe priorizar es afectar las estructuras criminales y a la par la economía criminal, refirió.

De lo contrario, se enfocan los esfuerzos en los eslabones más débiles y eso termina generando un mayor número de sobrepoblación carcelaria.

Andrade manifestó que el trabajo debe estar coordinado entre Fuerzas Armadas, que debe reforzar su tarea en el control de armas, municiones y explosivos, y la Policía y militares en minería ilegal.

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Para la especialista, lo inmediato es centrarse en lo que sucede en las cárceles y controlarlo, identificar las estructuras para afectar su economía.

En esa labor, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) e inteligencia tributaria son fundamentales para articular un trabajo con la Policía.

Carrillo destacó la cooperación internacional con redes de inteligencia sobre organizaciones y carteles delictivos.

“Estas acciones no son sostenibles en el tiempo si no se planifica una intervención integral, que priorice y que invierta en la prevención (...) como la presencia efectiva del Estado con otras instituciones como el MIES, deporte, salud, educación, que permita recuperar los territorios con sus poblaciones en estas zonas donde la ley es la ley del crimen organizado y son ellos los que dinamizan la economía local y aprovechan de poblaciones vulnerables para integrarlas en sus redes delictivas”, adujo Andrade.

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El lunes 9 de mayo hubo disturbios en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas; 44 presos resultaron asesinados en medio de un amotinamiento. Foto: José Jácome

Del tercer punto, Carrillo aseguró que por primera vez se ha elaborado una política de rehabilitación social y no lo que había antes, personas hacinadas en megacentros de rehabilitación y con una política criminal que hacía de la prisión preventiva un abuso. Esto, para el Ejecutivo, garantizaría la rehabilitación y la reinserción.

A criterio de Roberto Calderón, abogado penalista, sí hubo un abuso de la prisión preventiva, pero no por ello debe transformarse en un “baratillo de ofertas de habeas corpus y de indultos”.

Lo importante, añadió, es bajar la tasa de cometimiento de delitos.

“Si es que no tenemos la creación de circunstancias económicas como oportunidades para los emprendedores y más fuentes de trabajo, la gente seguirá delinquiendo si no ha tenido una educación en valores”, opinó el abogado.

Lady Zúñiga, exministra de Justicia, cuestionó el manejo carcelario del actual Gobierno.

Recordó que desde 2018, las personas asesinadas dentro de los centros carcelarios han ido en aumento y coincidencialmente en ese año se decidió, a su parecer, “sin ningún criterio”, eliminar el Ministerio de Justicia que regía la política de rehabilitación.

“Al eliminar el ministerio no solamente se eliminó una infraestructura (...) se eliminó la política, se disminuyeron los presupuestos asignados (...) fueron despedidos varios funcionarios del sistema que se encargaban de dar atención a los privados de la libertad, en el área de trabajo social, psicólogos (...) se relajan los controles en el interior de los centros (de rehabilitación)”, expresó la exministra.

Criticó además la gestión del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), pues no ha dado la respuesta oportuna y su dirección ha estado a cargo de policías.

Para atender los indultos, afirmó, debe haber un nivel de coordinación con el sistema judicial.

Además, Zúñiga sostuvo que hay unas 4.000 carpetas de beneficios penitenciarios que no se han despachado, como prelibertades o sistema semiabierto.

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Carrillo justificó el estado de excepción en Manabí, Esmeraldas, Guayas, y en parroquias donde el crecimiento de la violencia era exponencial; el promedio de muertes violentas superaba la decena por día, pero con esa medida ha bajado a 6, aseguró el titular del Ministerio del Interior.

A corto plazo, afirmó, se debe reducir la violencia criminal. Y luego con las inversiones empezar a ver un cambio de tendencia.

El ministro convocó a un pacto con consensos mínimos para resolver lo que llamó problemas estructurales. (I)