Al 14 de junio no existe un acuerdo de pago con la compañía petrolera francesa Perenco, sobre los $ 374,37 millones que debe cancelar el Estado ecuatoriano tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por una disputa del 2007, respecto de la participación en los excedentes petroleros.

Así lo reveló el procurador del Estado, Íñigo Salvador, al comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para informar el proceso de defensa que empleó el Estado en este caso, donde recibió un anuncio de un posible juicio político en su contra.

Ecuador busca plan de pagos con Perenco, tras fallo que le ordena cancelar $ 374 millones, dice procurador

Durante la administración de Rafael Correa, mediante el Decreto Ejecutivo 662, se modificaron las condiciones del 50 % al 99 % el porcentaje de una participación a favor del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados. La petrolera Perenco tenía contratos de operación de los bloques 7 y 21, y ante los tribunales internacionales alegó de una violación al tratado bilateral de inversiones suscrito en 1994 entre Ecuador y Francia, por lo que reclamaba al Ecuador una indemnización de $ 1.423 millones por pérdidas.

El procurador afirmó que cuando asumió el cargo se topó con un laudo de $ 471 millones y que logró que se redujera a $ 435 millones; por lo tanto, durante su administración –dijo– se ha hecho el mejor esfuerzo posible para reducir el contingente del Estado ecuatoriano.

Insistió en que asumió la Procuraduría el 31 de julio de 2018 y que el laudo sobre responsabilidad es dictado en septiembre de 2019; y recalcó que el proceso arbitral se inició en 2008 y, por lo tanto, ahí empezó el proceso de defensa. Que cuando se hizo cargo de la Procuraduría los únicos actos procesales que quedaban por hacer era la presentación de un informe pericial sobre cómo debían haberse hecho las tomas de las muestras a efectos de determinar un daño ambiental. Reveló que por reconvención por daños ambientales la compañía Perenco deberá pagar $ 54 millones.

Durante su intervención, el funcionario también reveló que el Estado cancela entre 20 y 25 millones al año en el pago de estudios jurídicos internacionales para la defensa de los casos, es decir, el 50 % del presupuesto asignado a la institución que al momento tiene 430 funcionarios.

Acuerdo de pago y repetición

Íñigo Salvador, ante los legisladores, insistió en que no existe todavía un acuerdo de pago con Perenco, pero que ha establecido contactos con la compañía, y que espera tener una reunión a efectos de hablar de un acuerdo que, naturalmente, estará sujeto a la disposición de la compañía de sentarse a hablar de ese tema.

Que entre los argumentos que se esgrimirán frente a la compañía Perenco está el tema de la penosa situación económico-sanitaria actual del Ecuador y que espera que ese argumento sea suficiente como para que la compañía admita sentarse a hablar sobre un posible plan de pagos.

A los legisladores aclaró que al momento el laudo no admite ningún tipo de recurso, que está sacramentado y el único recurso que admitía, que era el de anulación, ya fue planteado y en ese recurso la Procuraduría logró un laudo reconvencional de $ 54 millones.

El tribunal arbitral determinó que el Decreto 662 violó los tratados internacionales, insistió Salvador, quien sostuvo que lo único que resta es conversar con los representantes de Perenco, a quienes no conoce, pero que tratará de convencerlos de que la situación que hoy goza el país no es la mejor para cobrar como ellos tienen derecho en virtud del laudo de alrededor de $ 400 millones.

Añadió que la alternativa es muy simple; si en 60 días no se ha llegado a un acuerdo de pagos, el Estado ecuatoriano “va a comenzar a sufrir a través de procesos de ejecución, que si llegan a producirse tendré el gusto de comparecer en ellos en defensa del Ecuador para evitar esas ejecuciones”.

El procurador manifestó que espera que desde el lado de Perenco exista algún tipo de flexibilidad para poder llegar a un acuerdo de pago y que eso está determinado en el laudo y que todo recae sobre el Decreto 662.

Respecto de la acción judicial de repetición, por medio de la cual el Estado ecuatoriano recupera aquellos montos que le ha correspondido pagar a título de indemnización por daños y perjuicios causados por instituciones públicas o funcionarios públicos, solo se puede proponer una vez que el Estado ha pagado toda la indemnización dispuesta en la sentencia o resolución.

Es así que la acción de repetición deberá cumplir con ciertos requisitos procesales y el primero es que se debe considerar que el plazo de prescripción de la acción es de cuatro años y estos corren a partir de la fecha en que el Estado haya realizado el pago total de los valores indemnizatorios a los que ha sido condenado.

Durante el debate, la legisladora María Gabriela Molina (UNES) señaló que es paradójico que el abogado del Estado coincida tanto con la empresa Perenco y que anuncie una acción de repetición contra los ecuatorianos que defendieron los intereses del Estado.

“Las declaraciones de hoy me hacen dudar si el que comparece es el procurador del Estado o empleado del mes de Perenco”, manifestó Molina, quien dijo que cabe un juicio político en contra del procurador. (I)