Decomisos de droga, muertes violentas ligadas a tráfico de drogas, aprehendidos con cocaína... Son parte de los delitos que cada día se reportan en diferentes ciudades de Ecuador y que se han vuelto parte de la cotidianidad de los noticiarios.

No hay día que se no se reporten este tipo de novedades en un país donde el narcotráfico ha penetrado con fuerza y ha montado una estructura de organizaciones criminales que lo impulsan.

Solo una muestra de lo que está ocurriendo en el país se palpa en las cárceles, donde hay cientos de detenidos con sentencia y a la espera de condena por casos relacionados con drogas.

Al 25 de marzo de 2022, el delito de droga es el que acumulaba mayor número de personas privadas de la libertad en Ecuador: 10.196, el 28,71 % del total. Y en la Penitenciaría del Litoral está el mayor número de los detenidos por estos casos.

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Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que administra el sistema penitenciario en el país, a finales de abril del 2022 había 19.659 personas privadas de la libertad con sentencia y 13.004 procesados. Además había 367 contraventores y 511 personas con apremio. En total, 33.541.

‘El sistema jurídico es lo que no nos permite tener la gobernanza y la gobernabilidad de los centros carcelarios’, dice Pablo Ramírez, director del SNAI

Tras los apresados ligados a delitos de droga están los delitos contra la propiedad, 9.011 personas privadas de la libertad (25,37 %); delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 5.917 (16,66 %).

Además, por delitos contra la inviolabilidad de la vida están detenidos 5.066 (14.27 %), delitos contra las personas, 1.620 (4,56 %), y otros grupos como contraventores y apremio de alimentos, 3.703 (10,43 %).

Pablo Ramírez, general de la Policía y quien es el director del SNAI, expresó que han establecido que casi el 40 % de los presos están encarcelados por delitos menores, como delitos a la propiedad y delitos contra las personas.

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Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de las personas privadas de la libertad sería reincidente y no tendría apoyo familiar.

Adicionalmente, solo el 71 % cuenta con educación básica, la mayoría proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad.

Presos fueron trasladados de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas a La Roca, en la ciudad de Guayaquil, el pasado 9 de mayo (Ecuador). API. Foto: API

Con más gente involucrada en temas de narcotráfico y más jóvenes cayendo a temprana edad en temas de drogas, el número de presos por estos delitos también ha ido aumentando la población carcelaria.

Los centros de privación de la libertad cuentan con altos niveles de hacinamiento por la preponderancia de delitos relacionados con drogas (microtráfico y narcotráfico), violencia doméstica, y en general, delitos contra la propiedad.

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De igual forma, privación de libertad de personas por incumplimiento de pago de pensiones alimenticias, menciona el documento de febrero pasado.

El hacinamiento en centros carcelarios de Ecuador bordearía el 14 %; SNAI aspira a que hasta finales del 2022 por indultos salgan unas 5.000 personas privadas de la libertad

Una de las recomendaciones de la CIDH es que la aplicación de los indultos –que lleva adelante el Gobierno– debe contemplar personas condenadas por delitos menores y sin violencia, específicamente aquellos vinculadas con consumo, posesión de drogas para uso personal, robo de celulares o impago de cuotas alimenticias, entre otras.

Para finales del 2022, el Gobierno aspira a que dejen las cárceles unas 5.000 personas.

Juan Pablo Albán, profesor universitario de Derecho, mencionó que no solamente las recomendaciones surgen de la CIDH sino, en general, las tendencias penales modernas que se centran en sancionar únicamente por los delitos más graves.

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“Es un estándar de derecho penal el que el sistema no se meta a solucionar absolutamente todo como en el Ecuador que creemos ciegamente en el populismo penal”, dijo Albán.

Por ello, agregó, debe reservarse a situaciones especiales graves y da ejemplos como delitos violentos contra la vida, delitos sexuales, delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción.

Pablo Encalada, abogado penalista, mencionó que el propio presidente Guillermo Lasso ha reconocido la necesidad de indultar a ciertos detenidos con el objetivo de reducir el hacinamiento y mejorar la posibilidad de control de las cárceles.

“Yo estoy de acuerdo con lo propuesto por la CIDH, porque aquellos son delitos menores que dada la emergencia se hace necesaria su salida de la cárcel. Hoy por hoy la pena privativa de libertad fácilmente se convierte en pena de muerte, por todas las masacres que estamos presenciando en el sistema carcelario”, reflexionó Encalada.

‘Ranking’ carcelario por más delitos

La Penitenciaría del Litoral lidera el ranking de las cárceles en las cuales hay el mayor número de detenidos por delitos relacionados con drogas: 2.651 personas privadas de la libertad. Por delitos contra la propiedad son 2.402 y por delitos contra las personas, 533.

Por delitos contra la integridad sexual y reproductiva hay más detenidos en la cárcel de Cotopaxi 1.187.

Por delitos contra la inviolabilidad de la vida hay más detenidos en el centro de rehabilitación n.º 4 del Guayas o la Regional Guayas, 1.334, según datos con corte al 29 de abril de 2022 del SNAI.

Delitos y contravenciones

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las infracciones penales en el país se dividen en delitos y contravenciones.

El delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días. La contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.

El apremio es para que un demandado cumpla con el pago de pensiones alimenticias de menores de edad.

Los sentenciados son aquellos que tienen sentencia de culpabilidad en firme, en tanto que el procesado es toda persona a la que se le ha formulado cargos ante la posibilidad de que haya cometido un delito. (I)