Desde la sociedad civil hay preocupación por la decisión del Estado de Bolivia de impulsar la candidatura a la reelección de Patricio Pazmiño Freire como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La 51.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) será el escenario en donde se dará la renovación de los jueces de la Corte IDH, que se realizará en Guatemala, aunque no se ha definido la fecha.

La comunicación oficial se envió a la Organización el pasado 30 de marzo y en ella se detalla que dicha misión “tiene el placer de presentar la candidatura de Patricio Pazmiño Freire a la reelección como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2022-2027″.

Patricio Pazmiño fue elegido vicepresidente de la CorteIDH

El diario boliviano Página Siete también recogió este 16 de abril, en una publicación, que la Misión Permanente de Bolivia había resuelto esta postulación.

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En contexto, el presidente de ese país es Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín a la ideología del denominado socialismo del siglo XXI, que promueve el expresidente de Ecuador Rafael Correa.

Fue justamente en el gobierno de Correa que se respaldó a Pazmiño para ser juez de la Corte, considerado uno de los organismos más importantes de la región en materia de derechos humanos.

Por su parte, el Estado ecuatoriano no postuló a ningún candidato para el próximo periodo.

Mauricio Alarcón, director de la organización no gubernamental, Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) discrepó con esta candidatura y criticó al gobierno saliente de Lenín Moreno.

“Sorprende la omisión del Gobierno ecuatoriano de presentar un candidato para la Corte, más aún cuando sabían que no iban a impulsar la reelección de Pazmiño. La omisión, en este caso de la Cancillería, abrió la puerta para que Bolivia postule a alguien que de manera clara ha estado vinculado, no con los derechos humanos, sino que es un alfil político del socialismo del siglo XXI”, cuestionó.

En CorteIDH, Patricio Pazmiño debuta con casos del Ecuador

La peruana Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), explicó que es permitido que un país presente una candidatura de cualquier nacionalidad y que eso ha sucedido una vez, cuando Costa Rica postuló en 1979 a Thomas Buergenthal (un sobreviviente del Holocausto), por lo que “es hasta irónico que se pretenda ponerlo a la altura de este exmagistrado”.

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Agregó que los Estados nominan a sus nacionales, porque eso “les da prestigio y mostrar que su país aporta con juristas de alta talla, y por la alta calidad académica y credenciales democráticas de estas personas”.

Pero “nominar un extranjero es indirectamente admitir que no hay mejores candidaturas propias, que cuesta creer en el caso boliviano. Además, es una nominación a la reelección, es decir, un candidato que el propio país (Ecuador) que lo propuso no ha querido proponerlo nuevamente”, increpó Indacochea.

El estatuto de la Corte IDH establece que este organismo “se compone de siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos”.

Son electos para un mandato de seis años y solo pueden ser reelectos una vez. Ese mandato culmina en este 2021.

El periodo de los jueces, de acuerdo con su normativa, se cuenta “a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elección y se extenderá hasta el 31 de diciembre del año en que se cumplan los mismos”. (I)