Desde el título, el Ejecutivo planteó cambios al proyecto de ley sobre el aborto por violación y redefinió que este no puede ser un derecho, sino una excepción; por lo tanto, la normativa debe “regular” y no “garantizar” la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.

El texto con las 61 observaciones al proyecto de ley en construcción ingresó a la Asamblea este 16 de marzo a las 11:39, y la Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitar las objeciones, en las que puede allanarse o insistir en lo aprobado inicialmente por el pleno.

Para el allanamiento se necesitan 70 votos; para ratificarse, 92 voluntades. Y, según las primeras reacciones de los representantes de las bancadas, es complejo obtener los 92 votos para insistir en el texto que aprobó el Legislativo con 75 votos.

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Dentro de las observaciones que preocupan a los legisladores se cuentan la eliminación del aborto por violación como un derecho, que se hayan cambiado los requisitos para acceder a la interrupción del embarazo y que el plazo se haya unificado en doce semanas, sin considerar excepciones por cuestiones de vulnerabilidad.

También cuestionan que se implemente el principio de repetición para el victimario, porque el Ejecutivo sugiere que la persona responsable del delito de violación tendrá que cubrir los costos y gastos en los que se haya incurrido para la ejecución del procedimiento, para lo cual se podrán repetir tales pagos.

Aborto no es un derecho

En el razonamiento del veto parcial, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aclara que la Corte Constitucional en su sentencia habló de regular de manera adecuada la exención de pena del aborto consentido en caso de violación. Por lo tanto, la Corte no reconoció como un nuevo derecho humano fundamental a la interrupción del embarazo, sino que extendió la excepción, porque antes el aborto no punible se limitaba a casos de violación en personas con discapacidad mental.

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El Ejecutivo considera que conceptualizar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo como un derecho es contrario al ordenamiento jurídico y obliga al Estado ecuatoriano a promover y promocionar el aborto, inclusive a través del sistema educativo.

Como consecuencia de ello, para el primer mandatario, el aborto en la legislación ecuatoriana sería a la vez un delito y un derecho, cuando este se dé por motivo de un embarazo producto de una violación, lo cual —señala— es incorrecto.

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El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Alejandro Jaramillo (ID), que se encargará de formular un informe no vinculante sobre el veto, calificó como burla el veto presidencial al trabajo realizado por el Parlamento, y que —dijo— resalta intereses personales y religiosos.

Defendió que en la ley aprobada por la Asamblea Nacional se haya establecido como derecho el acceso a un aborto por violación, porque es un derecho de las niñas y jóvenes a acceder a decidir sobre sus cuerpos.

Que llama la atención que se pretenda igualar, en el plazo, a doce semanas a niñas, jóvenes y mujeres de la ruralidad, dijo Jaramillo, tras cuestionar que el primer mandatario no es empático con la realidad que viven las mujeres en el país. Que así como consiguieron los 75 votos para aprobar el proyecto, iniciarán los diálogos para obtener los 92 votos para ratificarse en el texto inicialmente aprobado.

También cuestionó el veto a la objeción de conciencia, y señaló que el Ejecutivo pretende implementar una objeción institucional, lo cual cierra las posibilidades de una niña, adolescente o mujer para ejercer un derecho a la salud, por lo que tendría que deambular por el país preguntando en qué hospital no existe objeción de conciencia.

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Requisitos

Con respecto a los requisitos para acceder al aborto por violación, el legislador de la ID dijo que anteponer una denuncia penal o un examen médico lo que hace es revictimizar a las mujeres, y que ese texto motiva aún más la clandestinidad.

La legisladora de UNES Yajhaira Urresta calificó como nefasto el veto presidencial, pues no se ha dado una lectura global sobre el derecho a elegir y a la vida digna de las mujeres, y sobre todo a las niñas menores de 14 años.

Que la vida y el derecho a elegir no entran en negociaciones, apuntó Urresta, tras insistir en que están indignados porque el Ejecutivo crea que se puede negociar con la vida. Que entrarán a diálogos internos en el bloque e inclusive en capacitaciones para definir una posición.

El coordinador del PSC, Esteban Torres, ratificó que en el tema de aborto por violación la bancada tendrá libertad de decisión; pero que personalmente, desde el punto de vista provida, considera que el veto del primer mandatario es tibio, porque además se asume que la pena de muerte a la que estarán condenados ciertos ecuatorianos en el vientre materno ya se dará hasta las doce semanas.

Dijo que hubiera esperado que el veto al proyecto fuera total, pero comentó que difícilmente habrá los 92 votos para ratificar.

La legisladora ponente del proyecto, Johanna Moreira (ID), señaló que el panorama en la Asamblea Nacional es complicado, porque para aprobar el proyecto se tuvo que sacrificar, incluso se sacrificaron los plazos que inicialmente se establecieron. Anunció que no descansarán hasta alcanzar que la ley sea justa y reparadora; y que, si no lo consiguen, se acudirá a otras instancias. El veto es incongruente, revictimizante e inhumano, afirmó. (I)