Los coordinadores de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, este 20 de diciembre advirtieron que el Gobierno nacional pretende solapar un golpe de Estado blando en contra de la Asamblea Nacional.

La pugna surgió tras el desenlace del juicio político a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde la mayoría legislativa controlada por UNES y PSC destituyó y censuró a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; pero un juez del cantón La Concordia devolvió a los cuatro destituidos su cargo al concederles una acción de protección por violación de derechos constitucionales.

La acción de protección incluyó disculpas públicas, colocación de una placa y además ordenó posesionar al superintendente de Bancos, Roberto Romero, lo cual no ocurrió porque los asambleístas de UNES y PSC no acudieron a la reunión plenaria.

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Asamblea Nacional, a la expectativa de la decisión que tome el juez por no posesionar al superintendente de Bancos Roberto Romero

El temor y la incertidumbre en el Parlamento surgen porque esa acción puede ser revisada por el juez de La Concordia, incluso definir una eventual destitución de los asambleístas que no asistieron aplicando el artículo 86 numeral 4, respecto al incumplimiento de sentencias judiciales.

El comunicado también está suscrito por Mireya Pazmiño y Yeseña Guamaní, ambas separadas de las bancadas de Pachakutik y la Izquierda Democrática, respectivamente.

Cuestionamientos

Los firmantes en el comunicado denuncian un “intento de golpe de Estado y la ruptura del Estado constitucional de derecho”, pues sostienen que el Gobierno nacional en lugar de rechazar la intromisión de otras funciones del Estado en las decisiones de la Asamblea Nacional, “una vez más, pretende lacerar el Estado constitucional de derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan abiertamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”.

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También sostienen que el comunicado del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llegó al extremo de querer solapar un golpe de Estado blando en contra de la Asamblea Nacional.

Para el Gobierno, la posesión de la autoridad de la Superintendencia de Bancos se quedó ‘estancada’

De prosperar las advertencias, la nueva mayoría legislativa no descarta aplicar el artículo 130 numeral 2 de la Constitución referente a destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, por grave crisis política y conmoción interna.

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Tanto el PSC como UNES anuncian que agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales o internacionales; e invitan a organizaciones como Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Parlamento Andino y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que verifiquen las violaciones de orden constitucional.

“La Asamblea Nacional ha venido garantizando la democracia. Si el Gobierno no lo hace, será el único responsable de las consecuencias”, concluye el comunicado. (I)