Junio fue el mes en que confluyeron tres eventos políticos que buscaron la terminación anticipada de la presidencia de Guillermo Lasso, dejándolo ‘debilitado’ y enfrentando un ‘sacudón’ que lo ha abocado a generar cambios internos para sostenerse en los restantes tres años de gestión.

Entre el 25 de mayo y el 30 de junio, una correlación de fuerzas se forjó para sacar a Lasso de Carondelet: una solicitud de revocatoria del mandato, el paro nacional y en medio de este suceso, el tratamiento de una solicitud de destitución en la Asamblea Nacional, que respaldaron 80 legisladores de 137.

El 25 de mayo, al siguiente día de haber cumplido un año en funciones, un colectivo denominado Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato inició el trámite ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se le permita imprimir formularios y recoger firmas para destituir a Lasso y al vicepresidente, Alfredo Borrero, de sus cargos.

La noche del 4 de julio, con cuatro votos a favor y una abstención, el pleno del CNE negó el pedido porque incumplía requisitos formales y de fondo. No obstante, el colectivo puede insistir en su pedido con un recurso contencioso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Gobierno presenta descargos a pedidos de revocatoria de mandato

Tras esta intención, el 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) convocaron a un paro nacional que duró 18 días, exigiendo a Lasso que cumpla un pliego de diez demandas.

Pero en el día doce de esa paralización (24 de junio), la multitud ya no pedía que se cumpla esa agenda, sino su salida de la Presidencia.

En esa misma jornada, en la Asamblea Nacional se inició el procedimiento para aplicar el artículo 130 de la Constitución para destituirlo por grave conmoción interna, impulsado por la bancada del correísmo Unión por la Esperanza (UNES).

Después de tres días de debates, no se alcanzaron los 92 votos para destituirlo; pero se impuso una lista de 80 legisladores que votaron a favor de esa moción.

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El paro terminó en el día 18 (30 de junio) por la intervención de la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que puso fin a las medidas de hecho mediante una denominada ‘acta por la paz’, que suscribieron los líderes de los tres grupos y el régimen.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció en entrevistas en medios de comunicación que estos hechos han generado un ‘sacudón’ en lo interno, para lo que buscan soluciones inmediatas, como hacer cambios en el gabinete; tener más presencia del Estado en los territorios; y, generar políticas públicas, mediante estas mesas de diálogo con los movimientos sociales, que arrancarán este jueves con la observación de la Conferencia Episcopal.

El ministro también mencionó que se mantiene la alternativa de convocar a una consulta popular, con temas que están en análisis, y que se haría en conjunto con las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstas para el 5 de febrero de 2023.

Bajo esos escenarios, ¿estas acciones son suficientes para enfrentar la crisis del régimen? No, consideran analistas consultados.

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Mauricio Gándara, analista político, cree que Lasso se “salvó con armas ajenas” de ser destituido por la Legislatura, es decir, por los votos del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Izquierda Democrática (ID), mas no “con fuerza propia, siendo esa su debilidad principal”.

Va más allá y lamenta que el mandatario trata de “fortificarse” con una crisis de gabinete “parcial”. “Ha perdido la batalla contra los movimientos indígenas, porque ellos son los vencedores, han impuesto sus tesis y el Gobierno se ha recuperado por la Santa Madre Iglesia, y cediendo en casi la totalidad de los puntos. (…) Para mantenerse debe ampliar su horizonte político con alianzas, pero en lugar de recurrir con estas estrategias, se cierra en su mismo círculo”, opinó.

Ejemplifica que en periodos de gobiernos pasados, con actores políticos como Carlos Julio Arosemena (padre) y Carlos Julio Arosemena Monroy (hijo), se convocó a un ‘gabinete de concentración nacional’ conformado por conservadores, liberales y socialistas.

“Ahora se ve que esta será una oportunidad que la va a desperdiciar, porque solo va a hacer un movimiento dentro de sí mismo, no convoca a otras fuerzas a ser parte de ese gabinete, con gente cercana a ellos, a esas tendencias. Está sumergido en sus colaboradores de la Fundación Ecuador Libre. El único ministerio que tiene un sentido político es el de Finanzas, y si a él lo reemplaza con gente de su mismo grupo, no amplía en nada. Un gabinete no tiene que ver con cambiar cuatro funcionarios, sino un cambio de ‘todos para la casa’ y hago uno nuevo con nuevas corrientes políticas”, manifestó Gándara.

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Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, reflexiona que este contexto de ingobernabilidad no es nuevo, y que lo ha venido enfrentando desde el 24 de mayo de 2021 cuando comenzó su mandato.

“No ha cambiado en nada. Sabían que no tenía a la Asamblea Nacional, sabían que hay intereses políticos en contra, sabían perfectamente bien. Lo que está haciendo es prolongar el problema, y deben buscar una salida de gobernabilidad”, comentó.

Estimó que el mandatario podría dejar “lo estrictamente necesario” para el trabajo de la Asamblea Nacional y manejar de forma directa política pública por la vía de los decretos ejecutivos en lo que sea aplicable; y “a pesar de la mala popularidad, credibilidad y confianza que le pesa, se podría considerar lo que siempre consideró: preguntarle a la ciudadanía (consulta popular) con los riesgos que esto trae”.

Alarcón añadió que tras esta última crisis el régimen debe aprovechar las mesas de diálogo con los movimientos sociales para crear políticas como una “salida para recuperar la credibilidad y confianza, con sectores que electoralmente estuvieron con él y que los fue perdiendo en el camino”.

El poeta y catedrático kichwa Ariruma Kowii dijo que la coyuntura futura dependerá de los avances en las mesas de diálogo, en los que el Ejecutivo puede “resolver y atender los pedidos”, pero también de las organizaciones sociales que sean autocríticas.

Por ejemplo, en materia de educación intercultural, Lasso dispuso que se duplique el presupuesto para esta área, pero lo prioritario también es la calidad.

“Ese sistema ha estado bajo el control de la misma dirigencia indígena, y los técnicos manifiestan que más del 60 % de educadores no saben la lengua materna, entonces cómo se garantiza una oferta educativa. Necesitamos que desde las organizaciones haya una autocrítica, de sincerarnos sobre nuestras debilidades. Hay temas que deben identificarse y sobre eso trabajar y demostrar que hay una real preocupación en atender a los pueblos y nacionalidades”, sostuvo.

Criticó que la Constitución establece que el Ecuador es intercultural y plurinacional y “no están dando cumplimiento a ese mandato y por eso se dan estas situaciones. Los ministros, los poderes del Estado, incluso la propia Asamblea Nacional, no están haciendo el esfuerzo por reflexionar que somos un estado intercultural”. (I)