Antes que aportes científicos, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió criterios personales con matices políticos, que llevarán a rever la resolución de la mesa respecto a fijar hasta siete meses de gestación la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Los legisladores esperan tomar una decisión antes del lunes.

Participaron en la comisión diez personas que presentaron sus posiciones en condición de médicos, pediatras, ginecólogos, investigadores, doctores en Literatura, defensores de derechos, feministas y provida. También acudieron otros legisladores que no pertenecían a la Comisión de Justicia.

A esto se sumaron momentos atropellados en la sesión 067 de la mesa, de este 14 de enero, donde legisladores a favor y en contra del aborto se enfrentaron de palabra frente a los expositores, y ratificaron sus posturas ante el texto del artículo 19 del proyecto que se refiere al tiempo en que se debe permitir la interrupción del embarazo por violación.

Reducir las 28 semanas de gestación para interrumpir el embarazo por violación entra a negociación en la Asamblea Nacional

La mesa de Justicia desde el lunes 10 de enero debate y prepara el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.

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Y en el primer día de discusiones con seis votos aprobó un texto en el que se determina que “a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo de las niñas, adolescentes mujeres y personas gestantes víctimas de violación, el plazo máximo para la intervención médica será de 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años y sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad.

La inclusión de ese texto en el proyecto de Ley que pasaría a conocimiento del pleno el próximo 25 de enero, según la planificación de la presidencia de la Asamblea Nacional, levantó alertas en las bancadas legislativas que anticiparon un voto en contra e incluso abrieron la posibilidad de negociación para acordar otro plazo para permitir el aborto por violación.

Esa advertencia de los bloques llevó a la mesa de Justicia a abrir un nuevo debate sobre lo ya aprobado y recibir a profesionales y expertos, quienes desde lo técnico y la evidencia científica presenten aportes y observaciones al nudo crítico de la temporalidad del aborto por violación. La intención es reconsiderar la votación y el texto aprobado el lunes.

La pediatra Syayna Pandzic fue la primera en acudir, pero su aporte científico fue mínimo, planteó a la mesa que ante la disyuntiva de la temporalidad opten por salvar las dos vidas: la mujer y el bebé del vientre, y dijo que hay alternativas como la adopción para los bebés que nazcan.

El turno le correspondió a Karina Marín, doctora en Literatura, defensora de los derechos de las personas con discapacidad y feminista. Dijo que no debe haber plazos para la interrupción del embarazo por violación y que hacer lo contrario sería una discriminación, porque al momento no hay plazos para el aborto en el caso de mujeres con discapacidad. Los plazos no tienen razón de ser cuando hay un régimen de causal como es la violación.

Posteriormente acudió el médico británico Calum Miller, investigador sobre aborto desde el punto de vista biológico y ético, quien mantuvo una tesis más apegada hacia la defensa de la vida, presentó estudios de la Universidad de Oxford que determinan que el primer latido del corazón en el vientre de una mujer se produce a los 16 días; es decir, dos semanas después de la fertilización, que los movimientos espontáneos empiezan entre las cuatro y cinco semanas de su concepción, seis semanas después de la concepción se pueden medir ondas cerebrales y se cree que los bebés pueden sentir dolor a las diez semanas. Que la interacción social entre gemelos puede darse a las doce semanas.

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Ante los legisladores comentó que si la Corte Constitucional ha obligado a la Asamblea Nacional a poner un término para la interrupción del embarazo, lo más seguro es a las doce semanas, aunque en algunos lugares como Texas e Indonesia se realiza a las seis semanas. También habló de los riesgos de las niñas y adolescentes por el aborto tardío.

Cifras nacionales

Otro de los profesionales que acudieron ante la Comisión de Salud fue Octavio Miranda, médico, ginecólogo y exdecano de Medicina de la universidad de Uniandes. Él presentó cifras a nivel del país y dijo que el 90 % de las mujeres solicita la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas; el 10 % de las 12 a 20 semanas y si es mayor de las 20 semanas es un 3 % de mujeres.

Indicó a los asambleístas que no hay una diferencia biológica entre un feto de 12, 14 y 15 semanas de gestión.

Miranda comentó que en el Ecuador ocho de cada diez embarazos de las niñas menores de 14 años de edad son producto de violencia sexual; el 40 % entre las niñas de 15 y 18 años de edad inició su vida sexual activa.

Que según las estadísticas médicas, para las niñas entre 10 y 14 años de edad su primera relación sexual fue con personas mayores a ellas y generalmente familiares.

Los datos jurídicos determinan que en la Fiscalía se presenta un promedio de once denuncias de violación cada día, y solo en el año 2020 se reportaron 13.000 denuncias de violencia sexual, de las cuales el 42 % correspondía a violación.

Miranda recomendó a la Comisión no establecer un límite de edad para la interrupción del embarazo por violación en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad; y si por razones políticas necesitan tiempos o plazos, en el Ecuador no tienen viabilidad más de las 24 semanas.

Esteban Ortiz, médico especializado en salud pública, afirmó que el aborto terapéutico sin vigilancia médica en el país sigue siendo extremadamente alto, por falta de acceso al procedimiento médico.

Desde el 2004 hasta el 2020 se registran alrededor de 435.000 abortos, y por rangos de edad entre 10 y 14 años de edad se presentaron 4.000; de 15 a 19 años más de 70.000 abortos. De este grupo las niñas del primer grupo tienen más riesgo de morir. Que en promedio en el Ecuador se realizan entre 16.000 y 20.000 abortos al año, y eso se sigue dando con o sin ley.

Ortiz comentó que sobre el aborto en el Ecuador debe haber una política clara, regular y no esconder un problema de salud, que debería ser gratuito y de libre acceso para todos.

Respecto de la temporalidad, el médico de salud pública dijo que estos estarían siendo totalmente restrictivos para el grupo poblacional más joven y que se ubica en el sector más pobre. Si se pone el límite de la interrupción del embarazo a las doce semanas, dejaría fuera a más de cinco mil niñas y mujeres al año de acceder a un procedimiento y por lo tanto, se estaría limitando el acceso a la salud de un grupo poblacional. Dijo que nadie en los cabales va a querer acceder a una terminación del embarazo en etapas tardías.

Desde la evidencia, añadió Ortiz, poner límites para la interrupción del embarazo por violación será la barrera infranqueable para el grupo más vulnerable de un porcentaje más pequeño de personas. (I)