Un nuevo revés experimentó la mayoría que encabezaba la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, al no poder aprobar el presupuesto para la ejecución institucional del 2022 y tampoco el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Al cierre de los plazos legales para aprobar estos dos puntos, la tarde y noche del 14 de enero, los consejeros no llegaron a acuerdos y, nuevamente, lo que era la mayoría integrada por Almeida, el vicepresidente David Rosero y Javier Dávalos no contó con el respaldo de la consejera Ibeth Estupiñán.

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La nueva mayoría, integrada por María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y ahora Estupiñán, hizo observaciones tanto al PAC como al presupuesto para las operaciones del Consejo, alegando que estaban incompletos y que no accedieron a información completa para aprobarlos.

El presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 2022 asciende a $ 7′117.896, de los que $ 6′294.648 se destinarán para el pago de salarios y otros gastos relacionados con el personal, y para la gestión administrativa, $ 823.248.

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Almeida mocionó que se lo apruebe, pero solo tuvo los votos a favor de Dávalos, Rosero y el de ella.

En tanto, la moción de Rivadeneira para que se incorporen sus observaciones, como la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, tuvo también tres votos a favor, por lo que Almeida dirimió su voto en contra. En ese contexto, no se lo aprobó.

Sobre el PAC, se incluían contrataciones que ascendían a $ 115.941, para servicios como combustible, por $ 16.952; para el servicio logístico de designación de autoridades, $ 7.400; para servicios de mantenimiento del parque automotor, por $ 24.000; para pasajes aéreos para las autoridades, por $ 6.000, entre otros rubros.

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Los cuatro vocales que ahora hacen mayoría observaron que no se aclaraban sobre ciertas contrataciones, como de la elección de autoridades, u otros servicios, como de guardianía.

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Rivadeneira, Ulloa y Bravo cuestionaron a Almeida, que esperó a último momento para aprobar el PAC.

La presidenta les reprochó que no asistieron a la plenaria convocada el miércoles pasado para debatirlo a las 10:00, por lo que la sesión se suspendió.

Sin embargo, ese mismo miércoles los siete vocales fueron convocados a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para detallar cómo avanzan los concursos de elección de autoridades.

Almeida no convocó a la reinstalación de la plenaria ese mismo día, y lo hizo este viernes a las 16:00 con una convocatoria extraordinaria que se extendió hasta pasadas las 21:00.

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David Rosero les advirtió que la Ley de Contratación Pública fija como plazo los primeros quince días de enero para aprobar este plan, por lo que si no lo hacían incurrirían en un incumplimiento de funciones.

De esa forma, él y la presidenta Almeida exigieron que conste en actas el voto de abstención de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán, y que se envíe a la Contraloría del Estado para que inicie las acciones de control.

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Dávalos les reprochó que ahora los consejeros adversarios son la “nueva mayoría gobiernista” que está “boicoteando” al Consejo, y los exhortó a que es mejor que los siete se “vayan a su casa”, pues están llevando al organismo a su extinción.

Sofía Almeida opinó que están “implosionando” al Consejo y les deseó buena suerte.

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“Buena suerte, consejeros, solo por el capricho de no hacer las cosas bien… No aprobar el presupuesto es algo absurdo, es un capricho para intentar obligar a la presidenta a hacer cosas que son potestad de la presidencia, es algo inmaduro”, les dijo.

Ulloa aseguró que lo que se busca es contar con la información completa de los puntos por tratar; que se hagan reuniones previas entre los consejeros y el personal para así tomar decisiones. (I)