La apelación al sobreseimiento dado a Xavier Neira Salazar, titular de la Casa de Valores Citadel, y su esposa, Oriana Rumbea Thomas, exgerenta del Depósito Descentralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), dentro del proceso por falsedad de información, parte del megacaso de corrupción ocurrido en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), es el paso que anuncian que darán la Fiscalía y las autoridades del organismo como acusación particular.

La mañana del viernes último, en el Complejo Judicial Florida Norte, de Guayaquil, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en la que el juez Juan Carlos Terán llamó a etapa de juzgamiento solo a dos de los cuatro procesados: Gonzalo Navarro Macías y Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones y exjefe de Gestión de Pago y Libro de Acciones del Decevale, respectivamente.

Ninguno de estos dos acusados han sido detenidos pese a que contra ellos existe una orden de prisión preventiva. Ambos son considerados prófugos de la justicia y estarían fuera del país. Por ejemplo, en junio pasado, Álvarez se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por un caso relacionado con sobornos en el Isspol ocurrido entre el 2014 y 2019. Fue liberado bajo fianza y el cumplimiento de disposiciones en el estado de la Florida.

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Mientras que para Neira y Rumbea, al no haberse justificado ningún tipo de participación por parte de ambos, según el juez Terán, la decisión era beneficiarlos con un auto de sobreseimiento.

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Ante la decisión, tanto el fiscal del caso, César Suárez, como el coronel Renato González, actual director general del Isspol, anunciaron que esperan que el juez Juan Carlos Terán notifique por escrito su decisión fundamentada para presentar la apelación respectiva y que sean jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas los que revisen el sobreseimiento.

Suárez explicó que espera conocer por escrito la motivación que dará el juez del caso, pues según el magistrado, no se habría justificado ningún tipo de participación por parte de Neira y Rumbea respecto de la emisión de los estados de cuenta de manera mensual que se hacían conocer al Isspol. El fiscal asegura haber presentado elementos suficientes que revelan la intervención en los hechos de los dos procesados ahora sobreseídos.

Aunque el juez Terán ordenó el traspaso de $ 4,6 millones existentes en las cuentas del Decevale a las arcas del Isspol, el director de esa institución cree que esa solo es parte de la justicia que debe llegar a este caso, pues todos los procesados, desde su perspectiva, deberían ir a juicio. ”Es importante que hoy empezamos no con la recuperación de valores, sino con la dignidad del Isspol. (...) Es la primera recuperación importante que realizamos de estos valores”.

Con estos $ 4,6 millones, el Isspol habría recuperado cerca de $ 18 millones de los aproximadamente $ 950 millones de las arcas del Seguro Social de la Policía que fueron invertidos de forma irregular en inmuebles, aseguradoras, empresas de inversión, entre otras.

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“Siempre anunciamos que esta es una lucha larga y tortuosa que va a tener todos estos vericuetos de fallos a favor de quienes tienen posibilidades económicas, pero que no es que son inocentes, sino que tienen hasta esa capacidad política de gestionar”, indicó González.

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Este caso por falsedad de información es uno de los seis casos que se han judicializado. En Quito, por ejemplo, se está a la espera de que se defina una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso que investiga un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024 entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

En el caso Isspol-Peculado son investigados los generales (sp) Enrique espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerente del Isspol; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; Jorge Chérrez, representante de IBcorp Investments y de otras empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones, y los empresarios Carlos Carbo, Luis Álvarez y Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A. (I)