A los tres meses de iniciado el proceso penal por el delito de violación contra Santiago Díaz Asque, asambleísta suspendido que fue parte de los registros del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha en el norte de Quito, instaló, la mañana de este lunes 27 de octubre, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Inicialmente esta diligencia debía darse el 16 de octubre pasado, pero debido al pedido de diferimiento del abogado de Díaz Asque, la audiencia pasó para este lunes a las 09:00. En esta diligencia se debatirá respecto a vicios de nulidad y se escuchará el dictamen acusatorio de la Fiscalía contra Díaz Asque, quien por 60 días fue investigado por la supuesta violación a una niña de 12 años de edad.

El primer llamado a esta audiencia se dio a casi un mes de que se cerraron los dos meses de instrucción fiscal dispuestos durante la formulación de cargos, el 22 de julio pasado. La instrucción fiscal arrancó solo horas después de que el aún asambleísta nacional Santiago Díaz Asque se entregó en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito, a la justicia. La jueza Olalla le definió la medida cautelar de prisión preventiva.

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QUITO (16-10-2025).- En la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y Menores se realiza la audiencia en contra del asambleísta suspendido Santiago Díaz, procesado por el delito de violación. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO. Foto: Carlos Granja Medranda

Para sustentar la teoría del caso contra el ciudadano de 56 años acusado, la Fiscalía presentó 25 elementos de convicción y solicitó que se le dicte prisión preventiva, pues, se dijo, no existen garantías de que el entonces legislador comparezca a las instancias del proceso, tomando en cuenta, además que el sospechoso evadió a la justicia durante varios días, tal como constaba en los partes policiales presentados en la diligencia.

Entre los principales elementos expuestos por la Fiscalía en la audiencia consta el testimonio anticipado rendido por la niña, las versiones de su padre, de su madre y su hermana. Estos últimos relatos coincidieron con lo que la víctima expuso respecto a los hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2024 y que son investigados por la Fiscalía.

Además, se presentaron partes policiales de los allanamientos ejecutados en la casa del procesado, en donde se levantaron como indicios teléfonos celulares, credenciales y una memoria flash.

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La jueza Olalla una vez que evidenció que existen presunciones respecto a una posible conducta delictiva del imputado, relacionada con el delito de violación, dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo era de 60 días.

Ante la denuncia de la supuesta violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio pasado, cinco allanamientos donde se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios. Al analizarse un delito de violación y estar involucrada una menor de edad el proceso se lleva con reserva.

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El 29 de julio pasado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la certificación sobre la existencia de una orden de prisión preventiva contra el legislador Santiago Díaz Asque, dentro de una causa en la que era investigado por el presunto cometimiento de un delito de naturaleza sexual contra una menor de edad. El documento fue remitido por la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia del Distrito Metropolitano de Quito.

Con esa notificación y con base en los artículos 6 y 11 del Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos de los Asambleístas, que regulan las consecuencias de la ausencia injustificada, así como la suspensión de derechos en caso de privación de libertad u otras circunstancias que impidan el cumplimiento de sus funciones, el CAL resolvió suspender todos los derechos parlamentarios de Díaz Asque mientras dure la medida cautelar de prisión preventiva. (I)