Pese a que al exdirector de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) Robert Luzuriaga no se le han formulado cargos por el delito de peculado ocurrido en inversiones con irregularidades que se habrían dado, entre 2014 y 2020, con fondos de la seguridad social policial, la defensa de este exfuncionario presentó un escrito el martes último y hace al fiscal del caso varias solicitudes.

Luzuriaga solicitó al fiscal Martín Navarrete que se disponga la emisión de un oficio al actual director general del Isspol, Juan Carlos Rueda, para que se certifique si los pagos que IBCorp realizaba al Isspol se los hizo de manera efectiva durante el tiempo en el que Luzuriaga se encontraba laborando, esto es, hasta el mes de noviembre de 2019.

En el escrito se resalta: “El presunto peculado que se investiga en Fiscalía corresponde a operaciones entre las compañías Decevale, IBCorp y HYBF, dejando al Isspol como víctima, siendo nosotros, el personal operativo y administrativo, quienes ejercimos nuestras funciones con diligencia y acorde a la ley”.

Estados Unidos busca al empresario Jorge Chérrez por ser parte de una trama de corrupción relacionada con el caso Isspol

Además, la defensa de Luzuriaga, a través de la Fiscalía, solicita que el Isspol certifique si su cliente, en calidad de director de Riesgos podía realizar inversiones sin aprobación previa del Consejo Superior; entregue las resoluciones del Consejo Directivo en donde se aprobaron estas inversiones; y facilite el informe emitido por la Comisión de Inversiones, “que demuestran que esta decisión se la pasó al Consejo Superior y se la realizó conforme lo que establecían los cuerpos normativos internos”.

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Luzuriaga es una de las personas contra quienes está planteada la denuncia hecha en 2020 por el entonces director del Isspol, Jorge Villarruel, por posibles irregularidades detectadas en inversiones realizadas con dineros de esa entidad, las cuales no habrían cumplido con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez.

También fueron denunciados el empresario Jorge Chérrez, el exdirector general del Isspol David Proaño y el exdirector Económico Financiero Orlando Nuques.

Desde el 24 de febrero pasado, en la causa por peculado abierta en Quito son procesados Proaño, el también exdirector general del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros, el exdirector de Inversiones Alfredo Daniel Valverde y el exdirector jurídico del Isspol Santiago Patricio Duarte.

En Estados Unidos, en el estado de la Florida, Luzuriaga y Chérrez son investigados y han sido acusados por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. Esto una vez que se presume ambos serían parte de una trama de corrupción en la que Chérrez habría entregado más de $ 2,6 millones a funcionarios de diversos rangos en el Isspol.

De ese total se cree que Luzuriaga recibió más de $ 1,3 millones para facilitar las negociaciones, pues él no solo era director de Riesgos del Isspol, sino también miembro del Comité de Inversiones. Luzuriaga, quien tuvo el lunes último su primera presentación en la Corte Federal del Sur de Florida, ha dicho que es inocente y que por ello se ha entregado voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos.

El actual director del Isspol, Juan Carlos Rueda, respalda los procesos contra Luzuriaga y Chérrez, pues define que ellos son de los principales implicados en una red que ha afectado a gran parte del patrimonio de la institución. El funcionario explicó este miércoles en una entrevista con Teleamazonas que los dos tercios de los activos del Isspol, que son activos de 80.000 familias, están en riesgo”.

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“Las inversiones no privativas del Isspol están concentradas en $ 700 millones en empresas que fueron manejadas por la estructura liderada por Jorge Chérrez. Ahí hemos determinado en varias operaciones que hoy mismo tienen vencimientos del orden de los $ 210 millones en efectivo. Nosotros necesitamos que estas empresas honren con los compromisos que han adquirido en convenios”, refirió Rueda.

El exdirector de Riesgos del Isspol John Luzuriaga recibió sobornos de las empresas de Chérrez de tres maneras

El procesado Valverde, a través de su defensa, también plantea requerimientos al Isspol y ante los cuales el fiscal Navarrete dispuso que se remita un oficio al director del Isspol para que certifique si la operación de los bonos Global 2024 fue conocida y aprobada por el Consejo Directivo del Isspol, en la época que sucedieron los hechos, y si el Consejo Directivo conoció informe alguno emitido por la Comisión de Inversiones, en el cual se haya analizado sobre las operaciones de bonos Global 2024.

Finalmente, el exdirector de Inversiones del Isspol pide a esa institución que certifique si él “en potestad y uso de sus atribuciones administrativas, tanto como jefe de Inversiones y secretario de la Comisión de Inversiones, podía realizar alguna transferencia de los fondos pertenecientes al Isspol por cuenta propia”.

En su momento, Paúl Ocaña, abogado del general (sp) Enrique Espinosa de los Monteros, al ser consultado de que existía desde el 2012 una disposición para que ese tipo de decisiones las tome directamente el director general del Isspol, él no negó esa situación, pero aclaró que la realidad era otra, es decir, existiría la disposición para que sea el Consejo Superior de la Policía y sus miembros los que toman las decisiones.

Ocaña aseguró que los directores dentro del Isspol son meramente secretarios o representantes de la institución e insistió en que quien toma las decisiones en esa instancia es el Consejo Superior de la Policía.

Para la entrega de lo solicitado por el fiscal Navarrete al Isspol la autoridad da cinco días.

El martes último, la defensa del empresario Jorge Chérrez, quien estaría en México y sobre quien pesaría una orden de detención emitida por las autoridades de Estados Unidos, solicitó en Ecuador que Fiscalía le otorgue copias simples del expediente por el delito de peculado. (I)