Entre la noche del 18 y la tarde del 19 de mayo pasados fueron receptadas en el Consejo de la Judicatura (CJ) dos denuncias por faltas cometidas en el ejercicio de su cargo por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, que provocaron que, la mañana de este viernes, el CJ informe que al recibir dos denuncias por “faltas disciplinarias gravísimas” se requirió a la Corte Nacional la declaración jurisdiccional previa contra Saquicela, ante una presunta negligencia manifiesta.

El requerimiento se hizo público sin especificar cuáles eran los hechos que generan las denuncias y quienes los denunciaban. Solo aclaraban que el Código Orgánico de la Función Judicial sanciona esta infracción con la destitución del cargo del funcionario.

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La primera denuncia fue interpuesta contra Saquicela y el conjuez nacional Javier De la Cadena a las 19:35 del miércoles 18 de mayo pasado por el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual.

Según Carrión, la denuncia de tipo administrativo llega porque ambos funcionarios no habrían tomado las medidas necesarias para la conformación del Tribunal que tramite la recusación que presentó dentro de la causa por abuso sexual su defensa, Angélica Porras, contra del juez nacional Felipe Córdova, lo cual vulneraría la garantía de la tutela judicial efectiva.

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“En el presente caso, el conjuez Javier De la Cadena dispuso se oficie al presidente de la CNJ para que nombre, tras la excusa del conjuez temporal Carlos Pazos, a otro juez que forme parte del Tribunal para sustanciar la recusación contra el juez Felipe Córdova. Por otra parte, el presidente de la CNJ, lván Saquicela, hasta la presente fecha no realiza el sorteo de jueces correspondiente (...). Esta negligencia judicial por parte de los denunciados provoca daños al compareciente, pues no se permite la recusación que he propuesto contra el juez Felipe Córdova para garantizar ser juzgado por jueces imparciales”, indica la denuncia.

Carrión en su pretensión solicita se inicie el proceso disciplinario por negligencia manifiesta contra De la Cadena y Saquicela, el cual, se aclara, como consecuencia debería terminar en la “destitución” de ambos.

Saquicela dijo que como hombre de derecho acatará la suspensión de 90 días dispuesta por el CJ, pese a que la califique como una decisión inmotivada, que vulnera derechos constitucionales y es ilegal e ilegítima. Él anunció que ya prepara la defensa jurídica para demostrar al país que lo resuelto en su contra es ilegal e inconstitucional.

“Nunca antes en un caso que se presente una denuncia contra un funcionario judicial y en forma tan rápida ya esté suspendido y suspendido por tres meses (...) sin motivación jurídica alguna, sin razonamientos jurídicos. Entonces, evidentemente hay arbitrariedad, hay persecución por la posición que yo he tenido frente a las arbitrariedades de la falta de nombramiento del presidente del CJ y algo más, por las decisiones que he tomado en caso de corrupción. Ahora mismo que yo estaría suspendido, no podría seguir con el trámite de extradición (de Rafael Correa) que inicié”, anotó Saquicela.

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La segunda denuncia fue solo contra Saquicela y llegó de parte del abogado en libre ejercicio Álex Aníbal Guamán. Esta fue ingresada en el CJ a las 17:17 del jueves 19 de mayo último y tendría que ver con la supuesta demora que habría existido en el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de cárcel dentro del caso Sobornos 2012-2016.

En un comunicado del CJ se informó que la suspensión preventiva llegó debido al retardo en la tramitación del caso de extradición de Correa, responsabilidad que recaería sobre Saquicela al tener la calidad de presidente de la CNJ. Los votos de Fausto Murillo, presidente temporal del CJ, y del vocal Juan José Morillo dieron paso a la suspensión.

En la resolución de la medida preventiva de suspensión, el pleno del CJ indica que se cumple lo establecido en el numeral 5, del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en lo que respecta que se suspenderá en el ejercicio de sus funciones a los servidores, cuando se considere que se ha cometido o se está cometiendo infracciones gravísimas señaladas en el COFJ.

“Corresponde al CJ, como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen afín de evitar posibles vulneraciones de la misma naturaleza (gravísima), en las causas puestas a su conocimiento”, señala el comunicado de prensa.

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La denuncia de Guamán refiere que el fallo en este proceso penal está en firme y en proceso de ejecución desde septiembre de 2020, pero Saquicela, mediante providencia de abril de 2022, recién dispuso el inicio del proceso de extradición del exmandatario ecuatoriano que reside en Bélgica, desde mediados del 2017.

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“El señor presidente (Iván Saquicela) a todas luces actuó sin la debida diligencia que se debe tener en este tipo de casos, demorando de manera negligente el velar por el fiel cumplimiento de una orden impartida, además de inobservar el principio constitucional de la celeridad, en concordancia con el principio de la debida diligencia (...) y total inobservancia de los deberes (...) observándose una conducta contraria a lo que manda la Constitución y las leyes, es decir, sin la debida diligencia en el ejercicio de su cargo”.

Guamán cree que para los actos que se denuncian, la conducta de Saquicela es de “naturaleza gravísima” por cuanto ha “generado conmoción social y coloca en riesgo la ejecución de la sentencia dictada por la sala Penal, por cuanto el pedido realizado resulta extemporáneo. Él solicitó en su denuncia que los vocales del CJ resuelvan la medida de suspensión inmediata del presidente de la CNJ.

Ante la suspensión decidida por el pleno del CJ contra Iván Saquicela, la jueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, Katherine Muñoz, quien se desempeñaba como presidenta subrogante del organismo, ocupará el cargo de liderar al más alto organismo de justicia ordinaria del país. En ambos pedidos se señala que las denuncias pasen a conocimiento de Muñoz, como subrogante, para que se proceda a la declaración previa de negligencia manifiesta. (I)