“Jamás se me indicó que iba a hacer el papel de relleno” en la terna, respondió Raúl González al gobierno de Guillermo Lasso tras haber sido designado superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Una nueva polémica envuelve al Palacio de Gobierno y que salpica al Consejo de Participación Ciudadana, en el desarrollo de los procesos de designación de autoridades de control, debido a la intermediación de ‘operadores políticos’.

La designación de Raúl González como superintendente de Bancos, resuelta por el pleno del CPCCS el 20 de julio, desató una serie de acciones judiciales que mantienen en el limbo su posesión en la Asamblea Nacional, por la inconformidad del Ejecutivo.

El 12 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió la terna para que se elija a esta autoridad y estaba compuesta por Rosa Guerrero Murgueytio, Raúl González Carrión y Doris Padilla Suquilanda.

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La aspiración en Carondelet era que Guerrero, como primera de la terna, fuera la designada pese a que incumplía los requisitos legales, y en el trámite de una impugnación ciudadana fue descalificada. Al igual que Padilla, que fue descalificada al constatarse que no tenía experiencia de diez años en economía y finanzas.

Aparicio Caicedo: Raúl González perdió la confianza cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, con asambleístas y otros actores políticos

Fue en la sesión del 15 de julio en la que se conoció que desde Carondelet hubo el pedido a González para que renuncie a su candidatura.

Ese día debía presentar su plan de trabajo como parte de la última etapa de la designación y siendo él, el único postulante que superó las tres fases de designación.

Pero el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, suspendió la plenaria, pese a que había quorum, y resaltó la importancia de que los siete vocales estén presentes, pues se encontraban él, Sofía Almeida, David Rosero de forma presencial y Javier Dávalos que se conectó por Zoom. En tanto, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Bravo que hacen mayoría con Ulloa, no se conectaron por temas de índole personal.

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La sesión se reinstaló el 19 de julio sin resultados y el 20 de julio, con los votos de Dávalos, Almeida, Rosero y Bravo se eligió a González, quien tampoco fue impugnado por la ciudadanía.

Luego, una jueza del Guayas, Larissa Ibarra emitió una medida cautelar que impide que la Asamblea Nacional lo posesione y en el trámite de una acción de protección, aceptó lo solicitado por una ciudadana llamada Michelle Guerra de Andrés que demandó la afectación de sus derechos de participación y anuló la designación de dicha autoridad, obligando a que se realice un nuevo proceso.

En la víspera, González reveló que el consejero presidencial Aparicio Caicedo le ‘perdió la confianza’ cuando se descalificó a Guerrero, pues su título de tercer nivel no estaba relacionado con actividades de economía y finanzas, como lo determina el Código Monetario.

Este Diario intentó comunicarse con González, pero no hubo respuesta. Sin embargo, envió una carta en la que narró qué sucedió.

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“Al haber sido mi nombre propuesto en la terna y debido a que inicialmente jamás se me indicó que iba a hacer el papel de relleno, categórica y definitivamente no hubiera aceptado tal grosera proposición porque soy decente, tengo dignidad y actúo en el marco de la ley”, enfatizó.

Relata que recibió dos llamadas, el día en que Rosa Guerrero fue descalificada al aceptarse la impugnación ciudadana planteada en su contra.

Una de esas llamadas había sido de Ruth Arregui, exsuperintendenta de Bancos destituida por un juicio político en la Legislatura, quien le habría sugerido que renuncie; y otra, de Karen Sichel, asesora y ‘gestora de gobierno’ de la Secretaría Administrativa del Palacio de Gobierno, quien le “ordenó” que se retire.

Él había respondido que “por responsabilidad personal y reglamentaria debía cumplir el proceso total”, que era presentar su plan de trabajo.

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Sesión del Consejo de Participación Ciudadana del 15 de julio, cuando se preveía escuchar el plan de trabajo de Raúl González. Foto: Sugey Hajjar Foto: El Universo

Narra que ese 15 de julio recibió también una llamada de Caicedo citándolo en un hotel de Quito, en donde se le había “implorado”, usando las manos a modo de oración, que renuncie.

González le había ofrecido que lo haría si en el CPCCS no había quorum para sesionar y escuchar su plan de trabajo.

Fue así que ese viernes, Ulloa se le acercó y le comunicó que la sesión no se instalaría, que la suspendería para el lunes. González aceptó, pero no renunció.

La reinstalación se dio el martes 19 de julio, y el postulante se presentó y expuso su plan de trabajo.

Dávalos mocionó su designación, pero no hubo votos. Ulloa, al contrario, mocionó que sea descalificado porque no cumplía con los principios de meritocracia, idoneidad y especialidad. Tampoco hubo votos.

El 20 de julio se le dio 10 minutos más para que amplíe su plan de trabajo y fue designado por una mayoría de Dávalos, Almeida, Rosero y a la que se unió Bravo.

En esos días intermedios, se había dado una comunicación telefónica que fue divulgada en la cadena Teleamazonas este martes, en la que Caicedo le reclama que quiso terminar el asunto de buena forma, pero faltó a su palabra.

“El presidente no te quiere en su terna. Eres un ambicioso, lo indigno es que sigas en una terna en la que el presidente no te quiere”, le espetó con molestia.

González aclara que no hubo negociaciones políticas ocultas, que solo quería exponer su plan de trabajo y “nunca” se fijó en los votos (de los consejeros), por lo que no tuvo, ni tiene interés del cargo, sino una responsabilidad cívica.

Caicedo, en un escueto comunicado publicado en las redes sociales, bajo el título ‘Oportunismo político y deslealtad institucional’, explica que el candidatizado -que se escogió en Carondelet- perdió la confianza cuando “negoció políticamente con asambleístas y otros actores políticos”.

La promesa había sido que renunciaría y no lo hizo; al contrario, siguió “operando para que haya maniobras ilegales”.

Designación del superintendente de Bancos, atravesada por fallos judiciales y posturas contradictorias, se mantiene en el limbo

El consejero David Rosero cree que la Fiscalía General del Estado debe investigar este caso.

“La Fiscalía debería iniciar una investigación de oficio por presunto tráfico de influencias porque le mienten al país. Caicedo dice en ese audio que no se suspendió el pleno. Pero sí se suspendió pese a que había quorum; y dice que la sesión se reinstalaría el martes. Es decir, sabía antes que nosotros que ese día habría pleno”, cuestionó.

Explicó que, es el presidente de la República el que envía la terna y pone su firma en el oficio. “El Consejo solo se encarga de revisar lo que el presidente envía, pero se dan estas situaciones”, lamentó. Asimismo, dijo que votó por elección porque el concursante propuso en su plan de trabajo, mantenerse al tanto del Banco del Pacífico.

Por su parte, los cuatro vocales de mayoría, Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo emitieron un comunicado sin firma, en el que aseguran que el organismo “no actúa bajo presiones por parte de actores políticos” y que hay una campaña de desprestigio.

La consejera Estupiñán, en una entrevista en radio Atalaya, aseveró que ella no ha recibido ninguna presión desde el Ejecutivo. Aunque, sin precisar nombres, dijo que recibió llamadas, aparentemente telefónicas, en la que le advertían que si no votaba por González para ese cargo la llevarían a una comisión de la Asamblea Nacional para que explique los motivos de su votación.

El mecanismo de designación de una autoridad mediante ternas remitidas por el Ejecutivo se implementó en la Constitución del 2008 y se inauguró en la administración de Rafael Correa.

Se aplica para la designación de los titulares de las superintendencias y de la Procuraduría General del Estado y contempla tres fases.

La primera, en la que se observa que los tres candidatos no estén incursos en prohibiciones y cumplan los requisitos para ejercer un cargo público. La segunda, la impugnación ciudadana y finalmente la presentación de un plan de trabajo.

En la esfera política, quienes encabezan la terna, suelen gozar de la confianza del jefe de Estado. Por ejemplo, en el gobierno de Correa los designados en las superintendencias y la Procuraduría fueron los primeros de las ternas.

Dicha resolución se da con los votos por unanimidad de los consejeros o por la mayoría. Es decir, cuatro de tres votos.

Tres candidatos de la nueva terna para la Super. de Bancos cumplirían los requisitos

Mientras en la justicia ordinaria se plantean recursos de apelación a la decisión de la jueza Larissa Ibarra, en el CPCCS se avanza en la revisión de los requisitos de la nueva terna que remitió el primer mandatario para designar al superintendente de Bancos.

Ello, luego que la magistrada ordenó al Consejo iniciar una nueva designación.

Este 10 de agosto, el equipo técnico (conformado por servidores del Consejo) revisaron el cumplimiento de los requisitos de la nómina que envió Lasso y que la integran: Roberto Romero Von Buchwald; Rosa Herrera Delgado; y, Felipe Cabezas-Klaere.

A criterio de esta instancia, los tres candidatos cumplen con los requisitos legales y constitucionales para ejercer un cargo público. Su informe será remitido al pleno del Consejo para su conocimiento y resolución.

No obstante, el consejero David Rosero advirtió que la nueva terna no se conoció por el pleno ni se ha conformado la veeduría ciudadana para vigilar la transparencia de las tres etapas. A su criterio habría una arrogación de funciones de parte de Ulloa. (I)