El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó a este Diario que aún no ha presentado formalmente ninguna denuncia contra el movimiento político Revolución Ciudadana (RC5) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pese a que líderes del partido, como Rafael Correa y Andrés Arauz, han asegurado en redes sociales que se enfrentarían a sanciones e incluso a la posible eliminación del movimiento por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2023.

En una publicación en X, Correa afirmó que se trata de una medida grave que buscaría “ganar la consulta con fraude”, y reiteró que la RC podría desaparecer por supuestas inconsistencias en la justificación de 6.400 dólares durante la campaña.

Por su parte, Arauz recordó que la denuncia se fundamenta en el mismo supuesto y llamó al CNE “el CNE de Diana Atamaint”.

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Por su parte, el CNE aclaró a este medio que el informe que sustenta estas observaciones aún se encuentra en elaboración y no ha sido entregado al TCE, por lo que la denuncia no se encuentra en firme.

De cara a la posibilidad de darse una convocatoria de una asamblea constituyente, Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, se pronunció el pasado 23 de octubre sobre la opción de postularse como asambleísta constituyente en el futuro.

Durante una entrevista con radio Farra, en Portoviejo, la excandidata presidencial recalcó que, pese a su postura favorable al no en el referéndum, su objetivo sería garantizar que los derechos de la ciudadanía no se vean vulnerados.

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“Por más que yo esté por el no, si gana, yo no puedo dejar que a esa constituyente vaya cualquier persona y se rife los derechos del pueblo ecuatoriano. Tendré que estar donde tenga que pelear por los derechos del pueblo ecuatoriano”, afirmó González.

El pronunciamiento de la dirigente se produce a menos de un mes del proceso electoral convocado para el 16 de noviembre, en el que 13′938.724 ecuatorianos están llamados a pronunciarse sobre cuatro preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa. Tres de estas consultas implican reformas a la Constitución, incluyendo la posible instalación de bases militares extranjeras, la eliminación de recursos estatales para partidos y movimientos, y la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional de 151 a 73 miembros.

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La campaña oficial para este proceso se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre, y la Revolución Ciudadana solo está autorizada a intervenir en las preguntas relacionadas con la asamblea constituyente y la reducción del número de asambleístas. González enfatizó que su participación no busca obstaculizar el proceso, sino proteger los derechos y conquistas sociales en caso de que el resultado favorezca al sí.

(I)