A los dos meses de que Ivonne Núñez, como ciudadana y no en calidad de ministra del Trabajo del presidente Daniel Noboa, presentara una denuncia penal por el delito de traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa, la abogada reconoció su firma y rúbrica en la acción colocada el 11 de abril pasado.

El reconocimiento de la denuncia se dio la mañana del miércoles 12 de junio pasado en la Fiscalía, en Quito. Núñez asegura que el exmandatario ecuatoriano cometió delito de traición a la patria al emitir declaraciones de prensa a medios locales y extranjeros pidiendo sanciones para el país e incitando al “pánico”, luego de conocerse la detención del exvicepresidente Jorge Glas en una incursión policial dentro de la Embajada de México, ubicada en el norte de la capital ecuatoriana. Este hecho ocurrió el 5 de abril pasado.

Qué se considera traición a la patria, el delito por el que fue demandado Rafael Correa

Ante la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación previa a la que ya fue convocada a rendir versión la denunciante, pero la diligencia se reprogramó. De la misma forma, el exmandatario, quien se radica en Bélgica desde mediados de 2017, ya ha comparecido a la fase preprocesal de investigación nombrando como su abogado defensor a Alfonso Zambrano Pasquel.

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Continuando con la tarea de recabar elementos que confirmen o descarten la denuncia, la Fiscalía solicitó al jefe de la Policía Judicial de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito que designe a un investigador para que realice varias diligencias tendientes a esclarecer los hechos analizados. Entre las diligencias estarían el reconocimiento del lugar de los hechos, los datos de identificación, antecedentes personales y ubicación exactos de las personas involucradas.

Además, se pide al Departamento de Criminalística que designe a dos peritos para que realicen una pericia de materialización de archivos multimedia de cuatro videos subidos en redes sociales y entreguen su respectivo informe. Los videos estarían relacionados con los hechos en cuestión denunciados por la ministra Núñez.

El 5 de abril pasado el exvicepresidente Jorge Glas fue detenido dentro de la Embajada de México, en Quito, en una incursión policial y militar. (Photo by Handout / Ecuadorian Police / AFP)

En la denuncia, Núñez señala que las declaraciones del expresidente “no solo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que, en su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”.

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En su cuenta personal de la red social X, Correa reaccionó a la denuncia escribiendo: “¡En qué manos estamos! ¡Sinvergüenzas!”.

La denuncia contra el exmandatario se dio en medio de la crisis diplomática que se generó entre México y Ecuador tras la irrupción de policías en la embajada mexicana en la capital ecuatoriana el pasado 5 de abril. Ese día fue detenido el exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba viviendo en esa delegación diplomática desde el 17 de diciembre de 2023, pero mantenía órdenes de detención para cumplir el resto de una pena unificada de ocho años de cárcel por actos de corrupción y una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí, por peculado.

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En segunda instancia, un Tribunal de la CNJ determinó que la detención del exvicepresidente no fue ni ilegal, ni arbitraria, negando el habeas corpus que solicitó la defensa de Glas días después de que él fue detenido y llevado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

La demanda presentada a título personal por Ivonne Núñez en contra del exmandatario Rafael Correa señala que el accionado habría violado el numeral 11 del artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual refiere: “Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias”.

El delito de traición a la patria refiere penas de cárcel de siete a diez años, en tiempo de paz, y de diez a trece años, en momentos de conflicto armado. (I)