Nota del editor:
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La segunda pregunta del referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre plantea eliminar la obligatoriedad que tiene el Estado de financiar a las organizaciones políticas.
La interrogante ha generado posiciones divididas en la ciudadanía, que deberá decidir en las urnas por el sí o por el no.
Los analistas electorales Alfredo Espinosa y Diego Zambrano evalúan las posibles implicaciones de esta propuesta, que fue impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Actualmente, el artículo 110 de la Constitución de la República establece que “los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control”.
En su lugar, el Ejecutivo propone que “los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos”.
En este marco, la interrogante plantea:
“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”.
Alfredo Espinosa, docente y especialista electoral, aclara que una posible eliminación del financiamiento del Estado a las organizaciones políticas no quiere decir que estas van a dejar de existir.
El analista repasa que, actualmente, para que los partidos nacionales reciban el fondo partidario por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) necesitan cumplir con requisitos establecidos en los artículos 355, 356 y 357 del Código de la Democracia. Es decir, tener una votación que supere el 5 %, que cuenten con representación en concejalías, que tengan un determinado número de alcaldes y presencia en la Asamblea Nacional.
“El registro electoral está compuesto por 232 o 233 organizaciones políticas. De esas hay 17 organizaciones nacionales entre partidos y movimientos, pero no todas reciben el fondo de partidario, pues esta asignación es exclusiva para organizaciones políticas nacionales”, expone.
A la vez, Espinosa observa que los montos que han recibido las organizaciones políticas —que desde 2018 superan los $ 80 millones— no han sido destinados a asuntos como la formación de nuevos cuadros políticos, capacitación o investigación.
Y esto, puntualiza el experto, se evidencia en la ausencia de escuelas de formación o institutos de pensamiento de las organizaciones, salvo intentos de ciertos grupos políticos, como la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática o el Partido Social Cristiano (PSC).
Para Diego Zambrano, abogado electoral, esta iniciativa es un “incentivo perverso para buscar financiamiento en inversionistas de la política”, puesto que de aprobarse esta pregunta, las organizaciones necesitarán montos muy importantes de dinero, lo que puede ser un incentivo para lavar dinero, para la infiltración del narcotráfico o para que las empresas privadas pongan sus intereses por delante.
“Yo creo que es sumamente peligroso, porque las autoridades que resulten electas van a estar muchísimo más comprometidas en satisfacer los intereses de quienes pagaron sus campañas electorales y eso pone el interés público en segundo plano”, puntualiza el experto.
Asimismo, el especialista precisa que la implicación de un desfinanciamiento del Estado a los grupos políticos afectaría el funcionamiento de estas organizaciones en actividades proselitistas en medios de comunicación.
En ese sentido, agrega, quienes podrían financiar una campaña serían los grupos de poder económico más “gruesos”, lo que reforzaría que el poder de decisión en una organización política se concentre en un grupo reducido de personas o en un solo dueño, lo cual no permitiría tener una democracia estable con partidos políticos institucionales.
“Cuando el Estado financia a la política permite que más voces puedan entrar en el espectro público y debatir cómo debería construirse el país. Esas voces quedarían excluidas y, por supuesto, la democracia va a ser severamente lesionada”, resalta Zambrano.
Sobre el control de los recursos económicos que actualmente manejan los partidos políticos, Alfredo Espinosa y Diego Zambrano coinciden en que esta es una deficiencia en el país.
Espinosa sostiene que es necesario que los ciudadanos conozcan cómo se financian las organizaciones políticas, qué ingresos reciben, si este dinero es lícito y cuáles son los mecanismos con los cuales se fondean para las campañas, los cursos y las capacitaciones.
“Me parece que lo más preocupante es que no existe absolutamente nada en los anexos con relación a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el papel que puede jugar para identificar la procedencia, el origen de los dineros con los cuales se crean y operan las organizaciones políticas”, examina el analista.
De su lado, Zambrano considera que el CNE es el responsable de esta falta de control de los recursos que administran las organizaciones políticas, pese a que la Constitución dice que el fondo partidario tiene que servir para difundir los planes de gobierno de las organizaciones.
“Quien falla en el control de que ese dinero se destine para esos fines es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral no hace el control y no quiere pelearse con los jerarcas de los partidos, pues claramente aprueba las cuentas y no pasa nada (...); en este caso, estamos atacando al efecto y no a la causa”, precisa.
En cuanto a la operatividad de esta reforma parcial, en el escenario de que triunfe esta pregunta de referéndum, Alfredo Espinosa explica que el CNE deberá dejar insubsistente el Reglamento para la Asignación del Fondo Partidario Permanente, a través de reformas del Código de la Democracia en los artículos 355, 356, 357 y, obviamente, el 110 de la Constitución, pero antes, comenta, el organismo electoral deberá cancelar todos los recursos pendientes de procesos electorales anteriores antes de cerrar las cuentas y dejar de entregar el fondo partidario.
Mientras que Diego Zambrano puntualiza que de concretarse esta reforma parcial, los cambios entrarán en vigencia ya para las elecciones seccionales de 2027. (I)