La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el pasado viernes el informe para único debate de la proforma presupuestaria 2021 y de la programación cuatrianual 2021-2024, que recomendaba al pleno “aprobar” la misma.

En el informe aprobado, entre otros puntos, se recalca que en este año, de transición de poder, se le encarga al nuevo Gobierno ajustar la proforma para culminar el ejercicio fiscal del año y que la proforma “prorrogada” se sustenta en el plan de desarrollo vigente, esto es, en el caso del año 2021, el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017-2021.

Además ratifica que son correctas las previsiones macroeconómicas con respecto a inflación y precio del crudo. También se ratifica que sí hubo un incremento del presupuesto de salud, en comparación con el presupuesto codificado del 30 de junio del 2021.

También se indica que en el momento actual existen obligaciones que tiene el Estado con diversas entidades, sobre las cuales se han planteado dudas y discrepancias en la exactitud de los montos, como son los casos de los valores adeudados de periodos anteriores y por diferencias en los cálculos que realizan las entidades beneficiarias de recursos del Estado con aquellas que realiza o calcula el MEF.

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En todo caso, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mayra Pazmiño (PK), aseguró que el informe favorable sobre la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrianual 2021-2024, que se conocerá esta semana en el pleno de la Asamblea, seguramente serán rechazados.

Dijo que, una vez que esto suceda, se presentará otra moción en la que ella misma —si se le otorga la palabra— pedirá que se devuelva la proforma para que el Ejecutivo subsane una serie de inconsistencias que, a su parecer, tiene el documento.

Tras la aprobación del informe por parte de la Comisión de Régimen Económico, las bancadas del socialcristianismo y de UNES (correísmo) indicaron que rechazarán la proforma. Igualmente, el coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, anunció previamente que se opondrían al presupuesto y otras posibles reformas.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 102, indica que la Función Ejecutiva presentará a la presidenta de la Asamblea la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo.

En el presupuesto presentado a la Asamblea deberá constar el límite del endeudamiento público.

Así también, se detalla que la presidenta de la Asamblea, con aprobación previa del Consejo de Administración Legislativa (CAL), enviará la proforma presupuestaria a la comisión correspondiente, para que en el plazo de diez días presente un informe que se pondrá a consideración del pleno, que en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá aprobarlo u observarlo, en el plazo de treinta días desde su recepción.

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Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva.

Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su propuesta original.

La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva.

En diciembre de 2019, el presupuesto general para 2020 y la programación del presupuesto cuatrianual 2020-2023, así como el límite de endeudamiento público —enviados por el entonces presidente Lenín Moreno—, no obtuvieron los votos suficientes para su aprobación. Sin embargo, la proforma entró en vigencia por el ministerio de la ley. (I)