Activistas sociales defensores del agua en Cuenca ratificaron la realización de la marcha prevista para el próximo 16 de septiembre en rechazo a la concesión minera Loma Larga, en el cantón Cuenca.
El anuncio lo formularon en medio de una comisión general de la mesa de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea, que abrió un proceso de fiscalización respecto a la presunta entrega de la licencia ambiental de parte del Ministerio del Ambiente a favor de la empresa Dundee Precious Metals Inc., y el proyecto minero de Loma Larga, sector Quimsacocha.
Los representantes de las organizaciones sociales y asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) cuestionaron lo señalado por el presidente Daniel Noboa, este 12 de septiembre de 2025, cuando en una entrevista concedida a un medio radial de Cuenca señaló que no está en sus planes continuar con el proyecto Loma Larga, que "ahora son los gobiernos locales quienes deben motivar sus informes sobre la contaminación, por la que piden que no se desarrolle, para poder enfrentar cualquier tipo de consecuencia futura".
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“Yo no voy a seguir con este proyecto; por eso está el comunicado oficial (...). Municipio y Prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes; pero si el día de mañana tienen que ir a la corte de arbitraje a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes”, apuntó Noboa.
A la mesa de Garantías Constitucionales asistieron María Cecilia Alvarado, miembro del Cabildo del Agua; Félix Guerrero, subrogante de Gestión Ambiental de la empresa Etapa-EP; Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay; Ruth Pugo, dirigente de la comunidad ancestral de Escaleras; y, David Fajardo, abogado del colectivo Cabildo del Agua.
Estos sectores advirtieron que el presidente pretende endosar la culpa al Municipio de Cuenca y a la Prefectura de Azuay, al suspender la concesión minera en el sector Loma Larga.
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María Cecilia Alvarado en su exposición señaló que la licencia ambiental no era posible de otorgarse porque desde el año 2021 la ciudad de Cuenca ya se pronunció y el resultado de la consulta popular es de aplicación inmediata; además, la propia ley de minería establece que los procesos mineros van por fases, por lo tanto, no puede considerarse que el haber entregado un permiso de exploración faculta de manera inmediata para el permiso de explotación.
Dijo que son las consultas populares de Girón y de Cuenca las que debieron haberse cumplido, y suspenderse desde la fecha de la expedición de los resultados de la consulta, esto incluye todas las actuaciones de cualquier carácter respecto de la concesión minera en Loma Larga.
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Alvarado aseguró que tienen cantidad de informes que establecen los riesgos ambientales graves que existen para el agua de la ciudad de Cuenca y de la región. Y además, riesgos que van más allá de los temas ambientales que tienen que entrar con temas patrimoniales, con temas etnográficos, sociológicos que involucran toda la relación que tiene Cuenca y el Azuay con su agua.
Manifestó que a quien corresponde probar que no habrá daño ambiental es a la empresa minera, porque la carga de la prueba está dada, tras afirmar que la ciudad de Cuenca está completamente unida y decidida a defender hasta las últimas consecuencias. Porque “no vamos a permitir que se ponga en riesgo la cantidad y calidad de agua para hoy y para el futuro”, dijo.
Félix Guerrero, subrogante de Gestión Ambiental de la empresas Etapa-EP, se refirió a la conservación del páramo de Quimsacocha. Indicó que existen informes de varios organismos respecto al grado de afectación del proyecto minero al cantón Cuenca.
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, recordó que han resistido 30 años respecto a tentaciones de la empresa minera que ofrece “regalitos” con el fin de convencer y comprar conciencias.
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Ante el anuncio de que el Gobierno no continuará con el proyecto Loma Larga, dijo que esa declaración pretende generar responsabilidad a los azuayos y cuencanos.
El primero que debe poner “las barbas en remojo” ante un arbitraje internacional que puede exigir devolución de recursos es el presidente de la República, Daniel Noboa, con su señora esposa, Lavinia Valbonesi, “que claramente recibió, no sabemos cuántos milloncitos, para hacer sus actividades en la fundación Ana, lo cual debe ser fiscalizado”, dijo Sigcha.
El dirigente afirmó que la posición de la organización indígena es que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea exija revocatoria de la licencia ambiental, y también la caducidad de las concesiones en todos los territorios. (I)
