El director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, aseguró que el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales no será usado para la persecución a organizaciones de la sociedad civil.
Así lo anunció este martes, 5 de agosto de 2025, durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, que arrancó el trámite del proyecto de ley de iniciativa del presidente Daniel Noboa, calificado como económico urgente.
La mesa legislativa, presidida por la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno, sesionó pasadas las 15:00.
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Neira consideró que las fundaciones en Ecuador deben garantizar transparencia en el manejo de sus recursos, sobre todo —dijo— las que manejan fondos del exterior o canalizan recursos a través de terceros.
Asimismo, explicó que la propuesta del Ejecutivo incorpora elementos importantes, como el registro financiero de las ONG, la obligación de reportar actividades sospechosas y la articulación con autoridades de control, como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Gobierno.
En este marco, el director de la UAFE (e) precisó que la regulación a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil no es sinónimo de persecución.
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En la sesión, la asambleísta del correísmo Liliana Durán expresó su preocupación, pues consideró que la normativa buscaría imponer un control político a las organizaciones sociales, criminalizar la participación ciudadana y darle al Gobierno herramientas para perseguir.
Sobre esto, José Julio Neira dijo que se trata de un control necesario a las organizaciones de la sociedad civil, porque entidades sin fines de lucro pueden ser utilizadas para desviar fondos ilícitos.
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“Por ello, el enfoque no es excesivo; es necesario y proporcional, porque cada fundación será evaluada con base en parámetros técnicos para identificar posibles riesgos y requerimientos que va a tener que cumplir cada fundación”, puntualizó.
La mesa parlamentaria también recibió a Freddy Monje, intendente general técnico, y Marcelo Jara, director de Prevención del Lavado de Activos, como delegados de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Los representantes comentaron que en el país existen muchas fundaciones que operan sin un marco de supervisión, por lo que la ley urgente permitirá establecer obligaciones y rendición de cuentas a estas organizaciones.
Asimismo, detallaron que actualmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervisa y controla a 398 entidades financieras, como cooperativas de ahorro y crédito, y a 17.000 organizaciones, como cooperativas de producción, transporte, vivienda y más. Con la norma del Ejecutivo —agregaron— se permitirá el control de 60.000 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
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La Comisión de Desarrollo Económico continuará sesionando para tramitar el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales dentro de los 30 días de plazo que tiene, al ser una iniciativa enviada por el presidente con urgencia en materia económica.
En la agenda de la mesa legislativa también constaba la comparecencia de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, pero esta no acudió.
(I)
