Una jornada de protestas sociales con un mensaje a los jueces de la Corte Constitucional (CC): declare la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública, promovida por el gobierno de Daniel Noboa Azín.
A eso de las 10:00 de este 11 de julio de 2025, decenas de miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE), del Frente Popular y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) salieron a las calles a manifestar su preocupación con la Ley Orgánica de Integridad Pública que está vigente y que, a su criterio, es un retroceso en materia de derechos laborales y las libertades.
La caminata arrancó en la avenida 9 de Octubre y Ascázubi y llegó a la Corte Constitucional, al norte de Quito, para presentar argumentos para el análisis de los magistrados del contenido y efectos de este cuerpo legal, que se aprobó en la Asamblea Nacional por la bancada del movimiento de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, en una sesión del 24 de junio de 2025 con 84 voluntades.
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“Rechazamos esta ley. No se trata de un ‘error’, como se dijo en el pleno de la Asamblea. Queremos dar un campanazo a la Corte Constitucional para decirle: señores jueces, la Ley de Integridad Pública violenta derechos laborales y la estabilidad. El Gobierno espera las movilizaciones para actuar y lo hacen porque saben que tenemos la razón”, expresó Andrés Quishpe, presidente de la UNE.
Según el representante del Magisterio nacional, aunque el Gobierno haya dado marcha atrás en su decisión, hay otros artículos que afectan sus derechos como el de las evaluaciones, que pueden ser utilizadas para presionar a los funcionarios con despedirlos.
Quishpe adelantó que en los siguientes días se continuará con acciones nacionales promovidas por sectores sociales, ya que es la “Asamblea Nacional la que está calentando las calles. Nos vamos a sumar a todas las movilizaciones, porque la ley afecta a todos los trabajadores. Son leyes que se ensañan con el pueblo, no son leyes que benefician al pueblo”, recalcó.
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Esta movilización se produce incluso, luego que esta ley tuvo su primera reforma a los catorce días de su vigencia (26 de junio de 2025). La bancada de ADN incorporó un artículo que remienda otra modificación al incentivo jubilar.
En la Ley de Integridad Pública el régimen reformó el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que establecía que las compensaciones o incentivo jubilar para los servidores del Estado se recibiría a los 60 años.
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Con la modificación se daba paso a que, si un servidor aspiraba a jubilarse a los 60 años con su incentivo jubilar, en adelante tenga que hacerlo a los 65 años de servicio.
Pero, este jueves, durante el tratamiento y aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, que se aprobó con 80 votos, se reformó dicha reforma anterior y ratificó que al incentivo jubilar se podrá acceder a los 60 años de trabajo.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, contó que en los últimos días mantuvieron reuniones con otras agrupaciones sociales de servidores gubernamentales, de médicos y enfermeras, del Seguro Social Campesino y otros más, para preparar una marcha nacional en contra de las políticas de Daniel Noboa.
“Están en riesgo los derechos de estabilidad laboral, porque se permite que haya contrataciones sin estabilidad. No es solo un problema de los servidores, es de todos los trabajadores”, dijo Erazo.
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Similar criterio tuvo Edwin Bedoya, presidente del FUT, que cuestionó la afectación a los derechos de los trabajadores y que apoyarán todas las acciones anti-gobierno que se alistan para los próximos días.
Por ejemplo, del Frente de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), prevista para el 16 de julio.
Por ahora, en la Corte Constitucional hay alrededor de una docena de demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Integridad Pública y de otras aprobadas por el Parlamento por iniciativa del jefe de Estado y que tenían el carácter de económicas urgentes. (I)
