A la Corte Constitucional (CC) se dirigirá la protesta de los sindicatos y otras organizaciones sociales para que se acepten sus demandas de inconstitucionalidad en contra de las últimas tres leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional.
Desde la Caja del Seguro Social partirá este jueves, 7 de agosto, una manifestación hacia la sede de la Corte Constitucional para que las leyes de Integridad Pública, de Solidaridad Nacional y de Inteligencia sean declaradas inconstitucionales al considerar que afectan los derechos de los trabajadores.
Este miércoles, 6 de agosto, el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, rechazó la política del gobierno de Daniel Noboa y la “persecución” que estarían experimentando las agrupaciones de la sociedad civil y de los sindicatos mostrando su información personal en medios de comunicación afines para “desprestigiarlos”.
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El directivo recalcó que, aunque la Corte Constitucional admitió a trámite algunas de sus demandas y dispuso la suspensión provisional de varios artículos hasta que se resuelva el fondo, se deberían declarar inconstitucionales las leyes en su integridad.
Como, por ejemplo, la evaluación a los servidores de las funciones del Estado a cargo del jefe inmediato, que es parte de una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) incorporada en la Ley de Integridad, pues considera que se prestaría para despedir a la gente.
Además de esta protesta, para el próximo 16 de agosto está convocada una convención nacional de colectivos sociales para preparar nuevas acciones en contra de la administración de Noboa.
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Según Bedoya, para la jornada de este jueves los trabajadores analizan acudir con mascarillas para cubrirse los rostros y evitar retaliaciones de las instituciones a las que pertenecen.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, indicó que esta manifestación se replicará en las provincias.
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Quishpe rechazó también la propuesta de ley económica urgente que está en debate de la Asamblea Nacional de iniciativa de Noboa, con la que se propone incorporar determinadas regulaciones a las organizaciones de la sociedad civil debido a que, aparentemente, en lo que va de 2025 se habrían movilizado más de $ 600 millones de manera irregular.
Según el dirigente, esta propuesta del régimen responde a que como “no son alfombra de Carondelet” les están atribuyendo determinados delitos para amedrentarlos.
“Como no encuentran lavado de dinero”, están tratando de “criminalizar la protesta social”, aseveró Quishpe.
Ejemplificó que la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), Mercy Maldonado, habría sido despedida de un cargo en el Estado, luego que en los últimos días diera declaraciones en rechazo de los 5.000 despidos de funcionarios, como una política de ‘optimización’ del Estado.
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La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Marcela Arellano, coincidió en que el Gobierno quiere “detener la protesta social”. “(Pero en respuesta) nos tendrán en las calles defendiendo los derechos”, enfatizó.
Para este jueves, los dirigentes hicieron un llamado a la comunidad a sumarse a las medidas de hecho en defensa de sus derechos. (I)
