La pugna por la posesión de Raúl González como superintendente de Bancos pone en riesgo el diálogo anunciado entre el Ejecutivo y Legislativo, en medio de amenazas de pedir la destitución de los 70 legisladores que no observaron la acción de protección dictada por la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, que anuló la designación del funcionario.

El pasado 11 de agosto, el Parlamento aprobó una resolución mediante la cual dispuso al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, posesionar de manera inmediata ante el pleno de la Asamblea a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos, y además resolvió que en cumplimiento del principio constitucional de independencia de las funciones del Estado, la legislatura se abstendrá de acatar cualquier decisión judicial que interfiera en las decisiones de la Función Legislativa.

Asamblea Nacional posesiona a Raúl González como nuevo superintendente de Bancos y Seguros

La decisión de posesionar al funcionario, tomada por 70 asambleístas de UNES, PSC y algunos de Pachakutik, fue cuestionada por el Ejecutivo, que amenaza con acciones de inconstitucionalidad por desacato a una resolución de autoridad competente. Pero hasta el momento no existe ninguna solicitud de esa naturaleza en la Corte Constitucional en razón de que no está en firme la sentencia de la jueza Ibarra.

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El problema sobre el superintendente de Bancos lo causó el Ejecutivo desde el momento que envió una terna donde el primer nombre se cayó y luego el segundo propuesto, que es Raúl González, es calificado y designado el 20 de julio por el CPCCS, quien notificó esa decisión a la Asamblea, replicó el legislador del PSC Esteban Torres, quien a su criterio en Carondelet tienen “sueños húmedos” de que por esa acción legislativa pueden destituir a 70 asambleístas.

Torres explicó que mientras se notificó al Parlamento desde el CPCCS con el pedido de posesión de González, la jueza de Samborondón dictó medidas cautelares y la Asamblea en un principio cumplió esa medida cautelar y se abstuvo de tratar el tema, pero luego la sentencia de la jueza fue apelada. Por lo tanto, aseguró que no existe incumplimiento alguno por parte de la Asamblea, porque la sentencia no está en firme y la Asamblea no es parte procesal en esta acción de protección.

Además, remarcó que la única manera de que una autoridad de elección popular puede ser removida del cargo podría ser en caso de que una acción de incumplimiento sea aceptada por parte de la Corte Constitucional (CC), pero ese paso se da cuando no existe ningún otro conflicto con otra acción constitucional, lo cual significa que incluso si la sentencia de la Corte Provincial del Guayas confirma la sentencia de la jueza de primera instancia para evitar la designación de González, como superintendente, el aludido puede poner una acción extraordinaria de protección o cualquier otra acción, y el pedido de incumplimiento quedaría en segundo plano hasta que se resuelva la principal.

Torres señaló que la acción de incumplimiento es privativa de la Corte Constitucional y en esas acciones la propia Corte da un plazo para que la autoridad que supuestamente incumplió acate esa decisión, caso contrario lo destituye. “Por lo tanto, aquí no hay posibilidad alguna de que se destituya a legisladores”, insistió.

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Respecto al diálogo con el Ejecutivo, Esteban Torres manifestó que el Gobierno está perdido en todo, en lo político, en seguridad, salud y educación, donde realmente no tiene un norte y apena porque quienes pagan las consecuencias son todos los ecuatorianos.

Dijo que desde la Asamblea no se ha descartado el diálogo, pero sobre temas concretos e ideas en los que se pueda llegar a un punto medio; “dependerá mucho del Gobierno, pues aquí se ha evidenciado un interés sobrenatural en esta designación que lo ha desgastado; además, la pelea está entre otras instituciones donde la Asamblea no tiene nada que ver”.

Torres al igual que la asambleísta del ala rebelde de Pachakutik Mireya Pazmiño no descartan iniciar un proceso de fiscalización en contra del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, por supuesta intromisión en otra función del Estado.

Pazmiño aclaró al Gobierno que el Legislativo no está yéndose por encima de la Constitución sino cumpliendo una atribución como es posesionar al superintendente designado por el CPCCS mediante concurso. Por lo tanto, no existen méritos ni razones para anunciar destituciones de asambleístas.

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Lo que sí entró en análisis, agregó, es la posibilidad de iniciar una acción de fiscalización al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, por atribuirse funciones que no le competen.

El coordinador del bloque oficialista, Juan Fernando Flores (BAN), anunció que evaluarán el hecho de poner “un freno a los abusos de la Asamblea Nacional”, porque llama la atención que quienes dicen que no se los puede destituir son los que han venido atropellando la ley.

Los asambleístas deben saber, añadió Flores, que se vive en un Estado de derecho y que no deben olvidar que la Corte Constitucional tiene que determinar sobre esto las responsabilidades, “porque aquí hay elementos que se violentaron e incluso se arrogaron funciones”.

El representante del Gobierno en el Parlamento anunció que adoptarán todas las medidas que estén dentro la legalidad. “Vamos a accionar y estamos a la espera de que la Corte Provincial del Guayas determine cuál va a ser la responsabilidad”, anotó.

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Frente a la posibilidad de diálogo Ejecutivo-Legislativo, Flores refutó que hasta la fecha hay bancadas que no han nombrado a sus delegados al diálogo y además se ponen condicionamientos. Dijo que van dos semanas desde que anunció que serán convocados, pero no asoman y no dan la cara. (I)