Que lo que se está tramitando en la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso es un “juicio político”, cuando no lo es. Se trata de un pedido de destitución con base en el artículo 130, numeral 2, de la Constitución, que se refiere a la “grave crisis política y conmoción interna”, en el marco de las protestas sociales, que van por su decimoquinto día.

O que se nombre un presidente “interino”, no correísta ni lassista, elegido por un Consejo Nacional Electoral (CNE) “honesto”, cuando esa figura no existe en la legislación ecuatoriana.

O que el precio del litro de aceite de palma subió porque “la familia política” de Lasso es “dueña” de las plantaciones. Pero la verdad es que esto es consecuencia de factores externos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que ambos países son productores de las materias primas.

O que el Gobierno tiene una reserva monetaria de más de $ 8.000 millones guardada en el exterior que bien podría traer al país para costear el impacto de $ 1.000 millones que significaría la rebaja de los combustibles a los niveles que piden los movimientos sociales. Pero ese dinero no es estatal, sino de los depositantes de la banca privada, del seguro social y de los Gobiernos locales.

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Son algunas de las ideas que se escucharon en el debate del Parlamento que se realizó el pasado fin de semana, respecto al pedido de destitución del mandatario que planteó la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES). Salieron de boca de los legisladores Bruno Segovia (antes de PK), Joel Abad (PK), Jahaira Urresta (UNES) y Mario Ruiz (PK rebelde), en su orden.

Mientras que otros hablaron de que “los testículos que la naturaleza nos ha dado no sean adornos de clasificación de género sexual, sino herramienta anímica e histórica” (Ronald González, de UNES); también de un “aumento del incremento de heridos”, por la represión policial a los manifestantes (Luisa Maldonado, de UNES); y lamentaron los “adjetivos descalificativos” emitidos al calor de la crisis política (Byron Maldonado, CREO).

De momento han intervenido en el pleno más de 70 legisladores. Para este 28 de junio está previsto que la sesión se reinstale a las 11:00, con otros 40 inscritos para hablar.

Exdiputados, como Ramiro Rivera (que militó en la Democracia Popular) y Cecilia Calderón (que llegó por la Izquierda Democrática), critican el nivel del discurso de los actuales legisladores.

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“No hay Asamblea que no se desgaste. Y por ser el único poder que actúa a través de una vitrina, que es el pleno, sufre más aceleradamente un proceso de desgaste de su legitimidad. En todos los periodos legislativos se dice: ‘Esta Asamblea es la peor’, pero no hay duda de que la actual condensa la mayor pobreza de las últimas décadas, con pocas excepciones”, indica Rivera.

Presidente de la Asamblea espera documentación para avanzar en trámite de destitución presidencial

Señala que el debate de los últimos días refleja “abundancia demagógica, con un discurso simplista y superficial, teatral y agonístico, donde queda descubierto que el único fin del correísmo y de sus peones, algunos legisladores de PK, es consumar la destitución del presidente”.

“El debate da pena, pero quienes están sentados ahí no llegaron por milagro o porque cayeron del cielo, sino porque los electores los pusieron donde están. La calidad de la representación tiene que ver con la calidad de la educación cívica y política de los ciudadanos. De alguna manera, es un feo espejo en el que se refleja parte del rostro nacional”, opina.

Calderón, en tanto, cuenta que algunas de las intervenciones que escuchó eran interesantes, pero otras eran repetitivas, “no aportaban cosas nuevas al debate”.

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“Creo que está faltando lo que había en nuestro tiempo: los bloques se reunían, analizaban los problemas, hacían una estrategia para que cada uno participe diciendo algo nuevo, y así el bloque se ‘lucía’, se presentaba ante la comunidad que los escuchaba de una manera coherente y propositiva”, comenta.

La política piensa que los legisladores oficialistas son “flojos”, “les falta condumio”; mientras que en la otra orilla hay otros con “mayor convicción ideológica, con más coherencia”.

El consultor político Oswaldo Moreno señala que, si bien el ejercicio parlamentario está deslegitimado, no se lo puede descalificar; y que, como en toda institución, “hay asambleístas y asambleístas”, pero que toda actividad que se dé “dentro del marco de la ley y de las instituciones es aceptable”. “Que exista baja calidad en el contenido de sus discursos o poca solvencia argumentativa es otra cosa, pero la vía para resolver los problemas es el espacio legislativo. Yo prefiero parlamentarios que digan cualquier cosa, en un debate institucional, a la violencia en las calles”, señala.

“No podemos generalizar: me parece que sí hay asambleístas que están a la altura de las circunstancias y defienden la postura oficial o de los manifestantes, aunque todos deberían defender al pueblo”, agrega.

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El analista dice que “la poca preparación de los legisladores no es una novedad; son los que escogen los partidos. Y el pueblo termina eligiendo a la gente que cree que la representa”.

Si el mandatario y los legisladores dejan sus cargos y se postulan nuevamente, esto no contaría como una reelección

Leyendo ‘papelitos’

En la propia Asamblea hay, asimismo, cuestionamientos a las formas en que se desarrollan los debates. Al inicio de su exposición, el 26 de junio, el asambleísta Fernando Villavicencio (Partido Socialista-Concertación) dijo que no debería permitirse que los legisladores “lean papelitos o mensajes” que otros les escriben.

“Anoche millones de ecuatorianos se conectaron a seguir esta transmisión, porque están interesados en el destino de la patria. Y esos millones dicen que los mensajes que salen desde aquí no responden ni en calidad ni en ética ni en estética a los requerimientos de la sociedad (…). Un día le pedí a este Parlamento que disponga que ningún legislador lea papelitos o mensajes escritos, porque la primera responsabilidad de un legislador es sentir las palabras que uno dice. La política de verdad debe sentirla y comunicarla. Para mí es una vergüenza que los legisladores lean papelitos y discursos que otros escriben”, indicó.

Esta observación fue contestada por su colega Manuel Medina (PK), quien señaló que Villavicencio tiene actitudes “racistas y de sabelotodo”.

“Siempre (tiene) su actitud en contra de los asambleístas aduciendo que no sabemos exponer, que siempre estamos con papelitos (…). No conoce que hasta el propio presidente Guillermo Lasso utiliza instrumentos como el teleprón (sic); los periodistas, la televisión (los) utilizan. En la investigación nos han enseñado que hay elementos que se usan en la exposición para hacer (el discurso) más dinámico y visible, y que se entienda. Dejemos de tener esa mentalidad colonialista”, refutó.

En el desaparecido Congreso Nacional, los diputados no podían leer sus intervenciones. Así lo decía el artículo 59 de su reglamento de funcionamiento interno: “Ningún legislador podrá leer su razonamiento, a menos que se trate de una cita breve, cuyo texto sea indispensable para fundamentar la exposición”.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa y las normas secundarias que regían al Congreso fueron derogadas por el mandato 23 de la Asamblea Constituyente, por el cual se creó la Comisión Legislativa y de Fiscalización, más conocida como “congresillo”, que se encargó de las funciones parlamentarias hasta que se instaló la nueva Asamblea Nacional, en el 2009.

Marco Proaño Maya confirma que, en efecto, en sus tiempos de diputado (llegó por el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano) no se podían leer los discursos que se daban en el pleno, pues “el Parlamento tenía como función la confrontación de ideas más que de intereses”.

“El parlamentario debe hacer un esfuerzo intelectual, porque representa la voluntad del pueblo. Y, en ese sentido, la lectura va contra natura; debe tener la autonomía para decir y hacer lo que corresponda”, indica. (I)