El enredo jurídico alrededor del juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, continúa. La tarde del jueves 21 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió devolver el proceso a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que verifique si se cumplen los requisitos para llevar adelante el juzgamiento.

La decisión se tomó con 92 votos a favor, 28 negativos y 14 abstenciones, en la reinstalación de la sesión 771. De esta manera, se aprobó la moción presentada por la legisladora correísta María Gabriela Molina (UNES).

Inicialmente, la moción fue rechazada en la primera jornada de la sesión 771, desarrollada el pasado 5 de abril: no obtuvo ningún voto de respaldo. En ese mismo momento, Molina planteó una reconsideración por la que buscaba cambiar el texto de la moción. Sin embargo, al constatarse que la ley no permite modificar los contenidos de las resoluciones, se produjo confusión y desacuerdos entre los asambleístas, así que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió el debate.

Juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, en un limbo jurídico

En la sesión del 5 de abril se conoció el informe de la Comisión de Fiscalización, en el cual se indicó que la solicitud de juicio político no había conseguido los votos suficientes, así que le correspondía al pleno desenredar el tema, con base en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

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Dicho artículo, en el inciso seis, dispone: “Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta ley”.

Esta situación se produjo a raíz de que el asambleísta Ferdinan Álvarez (UNES) decidió retirar la solicitud de juicio político con el fin de que se priorice el proceso de fiscalización que el correísmo impulsa en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En ese sentido, varios legisladores que apoyaban el proceso en contra de Íñigo Salvador retiraron sus firmas de respaldo.

No habrá juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador

Ahora, con la aceptación mayoritaria de la moción de la asambleísta Molina, la Comisión de Fiscalización deberá revisar nuevamente el expediente y resolver si cumple los requisitos; de lo contrario, tendrá que archivarlo.

Ferdinan Álvarez oficializó la solicitud de juicio político en contra del procurador el 4 de octubre de 2021, por supuesto incumplimiento de funciones al ejercer la defensa del Estado dentro de los procesos arbitrales de las compañías petroleras Perenco y Chevron-Texaco. El legislador de UNES aseguraba que Salvador actuó de manera negligente en ese caso. (I)