Con 118 votos, la Asamblea Nacional condenó la pesca ilegal en la zona exclusiva de Ecuador continental y Galápagos, además pide determinar responsabilidades políticas por la negligencia del Consejo de Gobierno de Galápagos y que se inicie un juicio político al director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Juan DeHowwitt.

Son 31 las recomendaciones que se incluye en el informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales que investigó las denuncias sobre la presencia de embarcaciones extranjeras en la zona económica exclusiva de Galápagos. La investigación se inició en agosto del 2020, por petición del pleno de la Asamblea.

Del análisis realizado se desprende que la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las islas Galápagos, cerca de la reserva marina de Galápagos, estaría atentando en contra de especies en peligro de extinción y de toda la biodiversidad marina presente en la zona.

Los legisladores recomiendan convocar una sesión plenaria de la Asamblea, de carácter reservada, para que el director del CIES, Juan DeHowwitt, informe sobre las amenazas y vulnerabilidades que tiene el Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas que le impiden realizar una efectiva defensa de los intereses nacionales respecto a la pesca ilegal que realizan flotas pesqueras en la zona económica exclusiva de Ecuador. En el informe se destaca que el representante del CIES se negó a presentar información ante la comisión y por eso se recomienda iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones.

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Cadena de desinformación

La Comisión de Relaciones Internacionales presidida por el asambleísta Fernando Flores (CREO), dedujo que hubo cadenas de desinformación y falta de actuación de las autoridades competentes, en particular del Consejo del Régimen Especial de Galápagos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Ambiente; ya que las acciones de pesca ilegal en la zona determinada y cercana a las islas Galápagos no solo ha ocurrido en el año 2020.

Que se ha producido recurrentemente desde varios años, dejando como resultado que Ecuador no obtenga hasta el momento acercamientos efectivos con autoridades de organismos internacionales, que permitiesen acceder al país a una alianza estratégica para la conservación de los recursos.

Por esa razón, en el informe se pide que la Asamblea Nacional determine responsabilidades políticas por la negligencia por parte del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, en la oportuna toma de acciones necesarias y suficientes para evitar daños irreversibles de la reserva marina de Galápagos que pudieran provocarse por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en zonas aledañas a la de reserva marina.

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Los legisladores recomiendan una convocatoria urgente a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente y del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, a fin de que expliquen las acciones por realizar, así como la presentación de un plan estratégico integral para la conservación de los recursos de Galápagos.

Además se pide al presidente de la Asamblea Nacional que en 15 días convoque ante el pleno al representante de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

La Contraloría General del Estado deberá realizar, según la resolución, un examen especial sobre si las autoridades correspondientes han aplicado de forma correcta y efectiva los instrumentos internacionales que Ecuador mantiene activo en materia de prevención, desaliento y eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá ejercer de inmediata la acción de sanción y reparación amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (Convemar), el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Acuerdo de Nueva York) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), en contra de la flota pesquera china.

Que la Fiscalía General del Estado continúe de oficio y con toda la rigurosidad del caso, llevar a término todas las investigaciones que diere lugar por el presumible delito contra la flora y fauna silvestres.

La resolución pide que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos necesarios de acuerdo con la realidad económica del país, a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a fin de que estos sean los adecuados para cumplir con su deber y en consecuencia precautelar la soberanía del Estado ecuatoriano.

Que el Ministerio de Defensa Nacional en conjunto con la Armada nacional remitan a la Presidencia de la Asamblea Nacional todo el proyecto y sustento respectivo de la ampliación de la plataforma continental, el cual deberá tener un informe detallado sobre los beneficios que dicha ampliación.

La Procuraduría General del Estado deberá iniciar una investigación legal sobre las acciones que puedan presentar como Estado ecuatoriano en el caso de contar con información de afectación a nuestra conservación marina, para ello deberá solicitar la respectiva indemnización de forma inmediata y presentar ante el pleno de la Asamblea nacional informe detallado de cumplimiento de dichas acciones en el plazo no mayor a seis meses. (I)