Permanencia de José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga en el extranjero impedirá que el caso Magnicidio FV avance a juicio: Constitución prohíbe que el delito de asesinato sea juzgado en ausencia

De permanecer fuera del país José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga, el proceso penal del caso Magnicidio FV, por el asesinato, al estilo sicariato, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, no podría avanzar para los tres más allá del llamamiento a juicio. Serrano, exministro del correísmo, en marzo de 2021 llegó a Estados Unidos, pero desde el 7 de agosto pasado está detenido en Miami con un proceso migratorio en trámite; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga dejó Ecuador en diciembre de 2023, poco antes de ser vinculado al caso Metástasis y se radicó en Venezuela; y, finalmente, Jordán estaría viviendo en Miami, Estados Unidos, país al que llegó en febrero de 2020.Con ese panorama, y obviamente de existir un auto de llamamiento a juicio y una orden de prisión preventiva no cumplida, la fase de juzgamiento quedaría en suspenso para Serrano, Jordán y Aleaga, hasta que sean detenidos y traídos al país o por voluntad propia se entreguen a las autoridades ecuatorianas. En resumen, de existir un dictamen fiscal acusatorio en el que se les incluya a estos procesados en el caso Magnicidio FV, del cual se desprenda un auto de llamamiento a juicio, el juzgamiento quedará en suspenso contra ellos, debido a que el asesinato es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. El no ser juzgado en ausencia significa que el procesado no puede recibir una sentencia si no está presente físicamente en la audiencia de juicio.Dentro del artículo 233 de la vigente Constitución se aclara que podrán ser juzgados en ausencia únicamente los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Para el resto de figuras penales es necesario que el acusado y procesado esté presente en el juzgamiento, etapa que debe terminar con una sentencia, sea de culpabilidad o inocencia. Daniel Salcedo es el único de los cuatro convocados por la Fiscalía a audiencia de formulación de cargos el próximo 3 de septiembre, por ser parte de los supuestos autores intelectuales del crimen perpetrado contra el presidenciable de la Alianza Gente Buena-Construye el 9 de agosto de 2023, que no estaría dentro de esta suspensión de la fase de juzgamiento. Esto se daría porque él se mantiene en Ecuador pagando al menos seis condenas que en total suman más de 34 años de cárcel por delitos como peculado, lavado de activos, delincuencia organizada e ingreso de objetos prohibidos a la prisión. El 18 de agosto pasado, la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, la que impulso la investigación en la que se condenó a cinco de los autores materiales del asesinato de Villavicencio, solicitó a la justicia que se defina una fecha para formular cargos contra los cuatro sospechosos de intervenir en la parte intelectual del asesinato. Según la Fiscalía, la solicitud de formulación de cargos estaría fundamentada en una “minuciosa investigación” y respaldada en “sólidos elementos de convicción” que permiten presumir la participación de los notificados en calidad de “autores intelectuales”.El primer llamado se hizo el 26 de agosto pasado, pero la jueza de Pichincha Daniela Ayala declaró fallida la audiencia convocada para formular cargos contra los cuatro sospechosos. El hecho que provocó esta decisión fue que la defensa de Aleaga, el abogado Jonathan Espín, no asistió a la diligencia, debido al permiso médico que se le habría extendido por una cirugía en una de las muelas. A partir de la declaratoria de audiencia fallida, Tamia Villavicencio, hija del candidato abatido a tiros en Quito, más allá del show que vivieron el día 26 de agosto, ella se cuestiona cómo funciona el sistema de justicia, por ejemplo, respecto a que un delito tan grave como el asesinato puede solo ser juzgado en presencia del acusado. “Es como que el sistema judicial estuviera diseñado para que solo aquellos poderosos que tienen la capacidad de irse, la capacidad de estar en Miami viviendo la buena vida o la mala vida, con el dinero mal habido, puedan evadir la justicia”, explicó.Casi paralelamente a las convocatorias del caso Magnicidio FV, en Estados Unidos se han instalado dos diligencias de tipo migratorio para tratar de resolver la situación legal en ese país de José Serrano. La primera diligencia se suspendió porque la Fiscalía estadounidense esperaba que Ecuador envíe información de quien también fue presidente de la Asamblea. La segunda diligencia sí se instaló y se analizaron diversas situaciones relacionadas con Serrano, pero después de casi cuatro horas se volvió a suspender, esperando, aparentemente, datos del proceso legal que enfrentaría en Ecuador.Verónica Serrano, hija del exministro del Interior y Justicia, refirió que su padre ingresó a Estados Unidos en mayo de 2021 con visa de turismo y que en octubre de ese mismo año solicitó asilo. Para aclarar dudas de cómo se dio la detención ella sostuvo que esa acción se dio en la casa de Serrano padre en Miami, porque aparentemente habría extendido su permanencia ilegalmente en ese país. “Mi preocupación aquí es que la vida de mi padre está en riesgo. (...) Él fue detenido por ICE y por un overstaying. Esa detención sorprende mucho, además, en el contexto de persecución y de criminalización que está viviendo él, justamente por parte del Gobierno del Ecuador”, refirió la hija de Serrano, quien piensa que lo que se buscaría en el caso Magnicidio FV es involucrar a su padre para “fabricar culpables”. Es altamente probable que la medida cautelar que se defina para Serrano en Ecuador tenga una incidencia en el proceso migratorio que enfrenta ante la justicia estadounidense. El abogado en el proceso penal ecuatoriano de Serrano, Carlos Manosalvas, espera que no varíe la situación en Estados Unidos por lo que suceda en Ecuador. “No pueden esperar a que se trate de perseguir a una persona para que se tomen decisiones en el exterior. (...) No se puede tratar de condenar a una personas por una injusticia”, indicó.Los casos de Xavier Jordán y Ronny Aleaga son distintos al de Serrano. Los dos primeros ya mantienen un llamado a juicio en suspenso en el caso Metástasis, debido a que el delito de delincuencia organizada que se analizó en ese proceso, es un delito que tampoco puede ser juzgado en ausencia Además, sobre Jordán y Aleaga en Metástasis está vigente no solo una orden de prisión preventiva, sino que también se iniciaron desde la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los respectivos procesos de extradición, los cuales siguen en trámite. De ordenarse una nueva prisión preventiva en el caso Magnicidio FV contra Jordán y Aleaga, en lo internacional, lo que sucedería es que estos expedientes seguirán un trámite independiente al de Metástasis.Esta suspensión de la etapa de juzgamiento ya se ha presenciado en otros casos de connotación en Ecuador. Uno de ellos es el relacionado con el plagio del activista político Fernando Balda en Colombia, en 2012. Por ese hecho fue llamado a juicio el expresidente Rafael Correa en noviembre de 2018, pero al estar fuera del país, en Bélgica, desde mediados del 2017, el juzgamiento para él quedó en stand by y solo continuó contra los dos agentes de inteligencia que cooperan con la justicia y en marzo de 2020 contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, quien fue extraditado a Ecuador desde España, activando el juicio en el que recibió una sentencia de nueve años de cárcel.Otro caso en el que quedó en suspenso la fase de juicio contra varios procesados es el relacionado con la trama de corrupción que Odebrecht implementó en Ecuador. Por el delito de asociación ilícita en noviembre de 2017 fueron llamado a juicio trece personas, entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y el excontralor general del Estado Carlos Pólit. Pese al llamado contra este último y los empresarios coprocesados Freddy S., Alexis A. y Ricky D. el juzgamiento se suspendió hasta que sean detenidos.Pólit desde que dejó el cargo de contralor y el país en 2017 se radicó en Miami, Estados Unidos. Desde ahí no ha podido ser traído al Ecuador, pese a que existe contra él un pedido de extradición por los delitos de asociación ilícita y concusión, esta última causa penal también relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht en él que sí fue sentenciado en ausencia, recibiendo una condena de seis años de prisión y el pago de una indemnización al Estado ecuatoriano de $ 40 millones. (I)

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