La comisión pluripartidista ad hoc, este 4 de julio, cerró la etapa de prueba dentro del proceso de investigación que sigue en contra de la asambleísta Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, acusada de supuesto incumplimiento de funciones, por parte de la asambleísta Jhajaira Urresta (UNES).

Durante la audiencia de práctica de prueba se presentaron siete testimonios de asambleístas a favor de la acusada, y se advirtió que se estaría sentando un mal precedente respecto al derecho de los legisladores para presentar mociones.

Juzgamiento a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional entra a la recta final

El representante de la bancada de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, sostuvo que la denuncia adolece de prueba, que se comete una injusticia y además es un nefasto precedente si se da paso a la audiencia, se estarían desdiciendo las atribuciones que tiene un legislador, anotó.

Ricardo Vanegas (PK) sostuvo que un caso similar de consulta a la Corte Constitucional se hizo desde la Comisión de Justicia respecto a la ley de interrupción del aborto. Este proceso puede perjudicar el derecho de los asambleístas de elevar mociones. Además, sostuvo que no existe una causal que justifique una sanción a la asambleísta juzgada.

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El legislador Juan Fernando Flores (BAN) se refirió al efecto político de este proceso y anticipó que la decisión está tomada, pues se trata de sacar a la segunda vicepresidenta del Parlamento, cuando ni siquiera se ha designado al primer vicepresidente que está vacante desde el 31 de mayo pasado. También dijo que en el proceso contra Guamaní existe un conflicto de interés, porque dentro de sus miembros existe una precandidata a ocupar el espacio que actualmente ocupa Guamaní, aunque no reveló nombres.

En la fundamentación de la prueba de cargo, la legisladora Jhajaira Urresta (UNES) ratificó que la acción realizada por Guamaní, al presentar la moción de suspender la discusión del punto que proponía la calificación del proyecto derogatorio del decreto-ley tributaria, es decir, mocionó la suspensión de la calificación de un proyecto de ley hasta que el CAL tenga una interpretación por parte de la Corte Constitucional.

Que los proyectos de ley se califican o no se califican, pero no se suspenden; por lo que el planteamiento de la acusada “era abiertamente ilegal e inconstitucional”.

En las atribuciones que tienen los legisladores no es una patente de corso “para mocionar lo que se nos dé la gana, tenemos límites como cualquier otra función del Estado, y la asambleísta Yeseña Guamaní, al haber mocionado la suspensión de la calificación de un proyecto ley, también generó una demora innecesaria en la calificación”, dijo.

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Pruebas de descargo

La legisladora acusada, Yeseña Guamaní, delegó su defensa técnica al abogado André Benavides, quien afirmó que existen al menos diez vicios de procedimiento en la denuncia presentada en contra de su clienta y pidió que se declare la nulidad de la denuncia.

Pero la acusada también intervino al final de la exposición de su defensa y afirmó que la denuncia no está apegada en derecho y que intentan maquillar su destitución para “el reparto donde ustedes son parte”, dijo refiriéndose a las legisladoras integrantes de la mesa.

Mencionó que quienes presentan la denuncia en su contra son el correísmo y sus aliados, disidentes de la Izquierda Democrática y Pachakutik; que la presidenta de la comisión pluripartidista pertenece al correísmo y es también quien firma la denuncia en su contra, por lo que dijo que eso no es ético.

Que las asambleístas Rocío Guanoluisa y Mireya Pazmiño no representan a la ID ni a Pachakutik, sino que son aliadas del correísmo y que la legisladora Elina Narváez, del PSC, es utilizada por el correísmo para fines personales y políticos, y que ojalá entren en razón.

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“El día de hoy le digo al correísmo y sus aliados, denúncienme las veces que ustedes crean necesario, pero yo no me voy a prestar para sus acuerdos bajo la mesa como están acostumbrados”, resaltó la segunda vicepresidenta.

La defensa de Guamaní afirmó que existen vicios procesales insubsanables como el hecho de que la acusadora no practicó la prueba dentro del proceso; se violó la Constitución en la integración de la comisión pluripartidista, porque no observó el criterio constitucional de paridad, pues todas las que integran la mesa son mujeres.

Otro de los vicios que resaltó fue que la presidenta de la comisión, Patricia Mendoza (UNES), firmó la denuncia en contra de Guamaní, por lo tanto, existe un conflicto de interés y que no se garantiza el principio de imparcialidad.

Que la mesa no cuenta con la designación de un secretario legalmente nombrado por parte del presidente de la Asamblea, pues la designación de Néstor Toro, como secretario fue una acción verbal que formuló la presidenta de la comisión, pues es su asesor 2. Por lo tanto, todo lo actuado es nulo, afirmó.

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Benavides indicó que si la comisión pluripartidista sí quiere darle valor jurídico al proceso, deberán trabajar muy fuerte en estos días que restan; “yo no me atrevería a elaborar un informe que recomiende una destitución con argumentos jurídicos de peso, darle forma a algo que nació viciado, es bastante complejo”, anotó.

Todo este proceso de destitución es una muestra clara de lo que no se debe hacer; que más allá de los afectos o desafectos, Benavides recomendó a la mesa resolver en derecho. Que en este momento la Asamblea Nacional está herida de muerte y este sería el último golpe, para ya de una vez destrozar lo que le queda de institucionalidad al primer poder del Estado.

La legisladora Mireya Pazmiño (PK-R), integrante de la comisión pluripartidista, replicó a la defensa de Guamaní y afirmó que la exposición que hizo estuvo basada en el derecho administrativo; que él litiga ante juezas y jueces, pero que el proceso que se sigue a la segunda vicepresidenta se enmarca en el derecho parlamentario, que dista mucho del derecho administrativo.

Que a la legislatura no le rige el derecho administrativo y una de las facultades que tiene la Asamblea es el control político y en este caso a la legisladora Guamaní.

Pazmiño comentó que la defensa de Guamaní en varias ocasiones ha señalado supuestas violaciones al debido proceso, pero que la comisión analizará y revisará. (I)