Entre el 11 y el 25 de mayo próximos, la Fiscalía llama a rendir versión a los cinco asambleístas y un asesor del movimiento Pachakutik (PK) que fueron denunciados por el presidente Guillermo Lasso por supuestamente pedir “beneficios económicos” a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de ley de inversiones.

Desde el 27 de marzo pasado, la Fiscalía General abrió la investigación previa contra los legisladores Rosa Cerda, Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla y Gisella Molina, además del asesor legislativo Marcelo Rosero. Según la denuncia presentada un día antes, los beneficios económicos habrían sido solicitados a colaboradores del presidente Lasso durante una reunión de carácter político en marzo pasado.

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Rosa Cerda y Édgar Quezada son los primeros asambleístas en ser convocados a rendir su versión libre y voluntaria. La primera deberá acudir el miércoles 11 de mayo, a las 10:30; mientras que Quezada deberá acercarse a la Fiscalía el jueves 12 de mayo, a las 09:00.

El 16 de mayo lo deberá hacer Celestino Chumpi, a las 10:30; el 17 de mayo, a las 09:00, Cristian Yucailla; y finalmente, el 25 de mayo, Gisella Molina y Marcelo Rosero, a las 09:00 y 10:00, respectivamente. Las versiones se rendirán en el edificio principal de la Fiscalía, en el norte de Quito, y las diligencias estarán a cargo de la fiscal Mayra Soria.

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“Esto es gravísimo, señora fiscal, y ante ello no puedo permanecer silente. Primero, porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”, señaló Lasso en el oficio presidencial enviado a la Fiscalía General el sábado 26 de marzo de este año.

Gonzalo Realpe, abogado de los asambleístas Yucailla, Quezada y Cerda, aseguró que acudirán al llamado de Fiscalía para manifestar que “desconocen quién haya pedido dinero, qué asambleístas hayan pedido dinero”. Él asegura que sus clientes son inocentes, pues no han pedido dinero, favores ni cargos públicos.

Como parte de la investigación de la Fiscalía, se ofició a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República que certifique si de la reunión de carácter político mantenida en marzo de 2022 entre colaboradores del despacho presidencial con los cinco asambleístas y el asesor legislativo, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, existen registros documentales, digitales o videos.

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En caso de existir cualquier tipo de material, la Fiscalía pide que se indique qué tipo de registros existe y el lugar donde se encuentran. Además, se pide certificar los nombres, apellidos y cargos de los funcionarios que colaboran con el despacho presidencial y que, según se indica en la denuncia, estuvieron presentes en la reunión de marzo pasado.

Respecto a esto, Realpe dice conocer que sí existen videos y audios de esa reunión. “Los asesores del presidente que presenten los videos para ver si dentro de esos videos existe algo que incrimine a mis clientes”. (I)