La publicación de los Pandora Papers, que nombran al presidente de la República, Guillermo Lasso, por una transferencia de acciones y activos de entidades panameñas a dos fideicomisos en Dakota del Sur (Estados Unidos), provoca disputas entre comisiones legislativas de la Asamblea Nacional sobre la competencia para iniciar una investigación.
La primera comisión que resolvió abrir una investigación sobre la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) fue la de Fiscalización y Control Político, presidida por Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), quien solicitó al presidente de la República que informe documentadamente si en la actualidad tiene algún vínculo empresarial con los fideicomisos, compañías y fundaciones que se mencionan en el reportaje.
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La moción para la investigación del caso fue aprobada por la Comisión de Fiscalización el 6 de octubre por unanimidad, y ese mismo día conoció la invitación realizada por el primer mandatario a los miembros de la Comisión a Carondelet, para dar su versión y contestar las preguntas que tengan los legisladores sobre este caso.
El 7 de octubre, el legislador Ronny Aleaga (UNES) logró 104 votos en el pleno para incluir en el debate una resolución para disponer a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social la investigación del caso denominado Pandora Papers, y solicitar las comparecencias y pedidos de información que sean necesarios.
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La Comisión de Transparencia la preside el legislador Ferdinan Álvarez (UNES), donde existen siete legisladores que representan al sector correísta y dos socialcristianos. El sector de Gobierno no tiene representación en esa mesa.
El correísmo quiere investigar los papeles de Pandora que nombran a Guillermo Lasso
Luego que pasó la resolución para que se incluya al debate en la sesión 730, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, remitió una carta a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, donde aclara que, según el artículo 21 numeral 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización es competente e idónea por mandato legal para iniciar el proceso fiscalizador de los funcionarios públicos contemplados en los artículos 255 y 131 de la Constitución.
Villavicencio solicitó a la presidenta del Legislativo y a los miembros de las distintas bancadas que dejen sin efecto cualquier intento de deslegitimar y quitar competencias a la comisión que preside, que “estos ánimos pretenden restar trabajo o competencias que ya han sido previamente envestidas, a más de pretender restar importancia al mandato de la ley por medio de resoluciones”.
En la sesión 730, la legisladora Patricia Sánchez, del bloque Pachakutik, también planteó al pleno una resolución para que se integre una comisión multipartidista ocasional para que investigue los Pandora Papers, donde se nombra al primer mandatario. La moción no alcanzó los 70 votos. La propuesta se quedó con el respaldo de las bancadas de Pachakutik y la Izquierda Democrática.
Hasta las 17:00, el pleno de la Asamblea Nacional aún no tramitaba el pedido de Ronny Aleaga para que se encargue la investigación a la Comisión de Transparencia. (I)