Organizaciones ciudadanas manifestaron su desacuerdo ante la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que determinó que en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, que se desarrollarán el 20 de agosto, no se aplicará la paridad de género para binomio presidencial, y se mantendrá la disposición de que el 30 % de las listas para asambleístas nacionales y provinciales sea encabezado por mujeres.

Se convocó a elecciones generales después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional al decretar la muerte cruzada el pasado 17 de mayo, por lo tanto, los ecuatorianos deberán ir a las urnas en agosto para elegir presidente y vicepresidente y 137 asambleístas, quienes ejercerán funciones hasta el año 2025.

El Código de la Democracia indica que las organizaciones políticas inscribirán las listas para elecciones pluripersonales y unipersonales “bajo criterios de paridad e inclusión generacional”, y que los porcentajes se incrementarían con cada elección.

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Para los comicios seccionales del 2023 se estableció que el 30 % de las listas que inscriban los partidos y movimientos a nivel nacional debía ser liderado por mujeres; por lo que en la siguiente, que sería la de agosto, tenían que alcanzar el 50 %; y en el caso de las elecciones de todos los binomios, las candidaturas se integrarían con la participación de una mujer y un hombre o viceversa.

Mónica Banegas, directora del Observatorio de Participación Política de la Mujer, y Fausto Camacho, integrante de Voces por la Democracia, enfatizaron que se debe acatar la normativa sin excepción.

Banegas indicó a este Diario que a pesar de ser unas elecciones atípicas, el Código de la Democracia establece la normativa de forma clara, y que además no necesita ser interpretada sino aplicada.

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“En la normativa se deben aplicar los binomios paritarios y las mujeres deben encabezar el 50 % de las listas en las elecciones subsiguientes, porque según la Real Academia Española (RAE), se define subsiguiente como de inmediato o las siguientes, por tanto, esa debería ser la única justificación para aplicar la ley textualmente, ni siquiera necesita ser interpretada”, subrayó.

En el Código de la Democracia se establece en la tercera transitoria que la participación de mujeres se debe dar de manera progresiva y hasta completar el 50 %.

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En el literal D se detalla que “a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la presente Ley, en las inscripciones de candidaturas pluripersonales y unipersonales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50 %”.

Al respecto, Banegas agregó que aunque el CNE argumenta que son elecciones atípicas la Ley no hace diferenciaciones entre los términos de “elecciones ordinarias” y “elecciones extraordinarias”, por lo que deben de tomar en cuenta que se debe aplicar de manera subsiguiente.

“Nosotros creemos que en estas elecciones deben exigirse los binomios paritarios y el 50 % de mujeres en las listas”, recalcó.

Con esto coincide Camacho, pues apuntó que no hay ninguna justificación válida para que el mandato de la Ley no se cumpla. “La subsiguiente elección es la que vamos a vivir próximamente, no hay otra. La Ley no estipula ninguna definición de elecciones como para que no se cumpla la normativa”, subrayó.

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Camacho aseveró que el CNE no tiene la capacidad de resolver la aplicación o no de una normativa.

“Es como si el CNE hubiese decidido no hacer control del gasto electoral, y no podrían porque deben seguir la norma. No es que ellos puedan decir que en esta ocasión se gasta menos o más y es igual con la vigencia y obligatoriedad de aplicación de la paridad de género. No pueden modificar el mandato de la Ley”, indicó.

Otra organización en pronunciarse al respecto fue Participación Ciudadana, que en un comunicado a través de su cuenta de Twitter expresó que la paridad de género es fundamental en todo proceso democrático y exhortó a que se garantice la participación política de la mujer en el proceso electoral que se avecina.

“La interpretación del CNE en la que no se torna obligatoria la paridad de género para binomios presidenciales supone un retroceso y vulnera los derechos de participación política de la mujer”, afirmó la organización en su comunicado.

Cecilia Calderón, exlegisladora, señaló que aunque actualmente no haya Asamblea Nacional el Estado cuenta con una Constitución y leyes que cada sector y poder tienen la obligación de cumplir.

Además, consideró que esta resolución pone en evidencia que “no hay partidos políticos sino empresas electorales”, porque sería violación a los derechos políticos de las mujeres.

“Se debe respetar la Ley para que participen mujeres y hombres de manera paritaria en las listas pluripersonales. Es un atropello a la Ley, incluso es una regresión a las conquistas que las mujeres ya habían logrado”, resaltó.

Por otro lado, Ana Belén Cordero, exasambleísta oficialista, mencionó que tras la muerte cruzada existe una sentencia de la Corte Constitucional que interpreta el concepto de elecciones generales y elecciones extraordinarias, que establece que la paridad deberá aplicarse en las siguientes elecciones generales, y como las próximas elecciones de agosto no se definen así no aplicaría la norma.

“Si bien el Código de la Democracia establece que se debe aplicar la paridad de género, está la interpretación de la Corte Constitucional que también es Ley, por lo que si no se aplica en estas próximas elecciones es lo que corresponde acatar”, indicó.

Cordero expresó que, en lo personal, no está de acuerdo con las cuotas de género impuestas por la Ley, pues cree que la calificación para ocupar un cargo público o privado debe ser generado por la capacidad de la persona en ejercer el puesto, mas no por el género.

Su excompañera de bancada Nathalie Arias opinó que tanto para el CNE como para las organizaciones políticas enfrentar las particularidades de un proceso electoral, consecuencia de una muerte cruzada, es un reto.

Arias comentó que la primera definición es que esta elección representa la continuación del periodo elegido e iniciado en 2021 y, por tanto, se aplicarían las mismas condiciones de esa elección. No obstante, mencionó que se debe defender todo avance en cuanto a la paridad de género.

“Aun cuando la norma no lo exija, corresponde a las organizaciones políticas defender cada avance en materia de mayor paridad y representación de las mujeres ecuatorianas, es más, es un deber impostergable porque el inicio del nuevo periodo de presidencia y de Asamblea Nacional coincide con la definición de las candidaturas para el 2025 y en esas sí es exigible la paridad al 50 %”, destacó. (I)