Nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana aprobó las reformas al reglamento de elección del contralor del Estado

Con cuatro votos de los consejeros de mayoría y tres ausencias de los de minoría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó un paquete de reformas al reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

La noche de este 17 de febrero del 2022, el presidente del Consejo, nombrado por la mayoría el 9 de febrero, Hernán Ulloa reinstaló la sesión ordinaria permanente 3, que entre los puntos del orden del día planteaba el debate y aprobación de reformas al reglamento para seleccionar a esta autoridad.

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Esta sesión que se declaró permanente el 26 de enero fue la génesis de la discordia en el organismo porque en ella, la nueva mayoría agrupada por Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, removieron (en la segunda reinstalación del 9 de febrero) a Sofía Almeida de la presidencia y a David Rosero de la vicepresidencia.

Ese mismo día se designó a Ulloa como presidente y a Rivadeneira en la vicepresidencia.

Este jueves se produjo la tercera reinstalación y en ella se aprobaron estos cambios con los votos afirmativos de Bravo, Rivadeneira, Ulloa y Estupiñán. Sofía Almeida, quien se reconoce también como presidenta, al igual que David Rosero y Javier Dávalos no asistieron a esta plenaria, pues consideran ilegales las actuaciones de sus adversarios.

En todo caso, este reglamento codificó la anterior norma que se aprobó cuando Almeida, Rosero, Dávalos y Estupiñán, hacían la mayoría.

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Se incorporaron más de 40 modificaciones, entre artículos y puntajes a la calificación de méritos.

Los cuatro vocales exaltaron el artículo para que la comisión ciudadana de selección del nuevo contralor designe a su secretario (que dará fe de los actos públicos) de entre sus diez miembros.

Con ello, se eliminó la posibilidad de que este secretario provenga de una terna presentada por quien ejerza la presidencia del CPCCS.

Ulloa, quien asumió la exposición de este paquete de reformas, esgrimió que esto impedirá que personas cercanas al pleno del Consejo puedan interferir en el proceso de selección.

También se eliminó el artículo que permitía que el banco de preguntas, que elaborará un equipo de catedráticos para la fase de oposición, se publique 48 horas antes de que los postulantes rindan su examen escrito. Además, ya no serán 2.000 preguntas, sino 60.

Sobre este mismo hecho, se incorporó un artículo para que se tome un “examen práctico” a los candidatos, que estará relacionado con las funciones de la Contraloría.

En total, los postulantes deberán sumar 100 puntos: los méritos se calificarán sobre 50 puntos; 30 puntos el examen escrito y 20 el examen práctico.

La etapa de impugnación ciudadana se trasladó a ser una de las etapas finales del concurso; además que, se eliminó la presentación de un certificado psicológico, por la subjetividad que esta podría generar; la acción afirmativa y la asignación de un punto por hablar otros idiomas. Además, hubo varios cambios en los puntajes relacionados con la formación académica.

Bravo argumentó que con estas reformas no se podrá “meter la mano en los concursos de selección” y así evitar que estos sean “amaneados”.

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En referencia a la calificación de dos juicios políticos que se impulsan en la Asamblea Nacional en contra de estos cuatro vocales, Ibeth Estupiñán aseveró que votaba a favor de este reglamento para efectuar un concurso transparente y que como dicen los legisladores “ha causado tanta conmoción nacional”.

Un artículo que no se modificó y que era una constante queja por parte de esta mayoría, es la conformación de los equipos técnicos que revisan el cumplimiento de requisitos de los candidatos y apoyan a las comisiones ciudadanas de selección.

Con Almeida, estos equipos pasaron a conformarse por ocho funcionarios designados por el pleno del Consejo y ya no por delegados de cada uno de los siete consejeros. Esto daba ventaja a que quienes conformaban la mayoría designen a estas ocho personas.

Cuando Ulloa, Bravo y Rivadeneira eran minoría reclamaban a Almeida que ello les impedía tener un delegado en esos equipos y conocer cómo avanzaban en la revisión de las carpetas de quienes postulaban a las comisiones ciudadanas. Sin embargo, en el debate de este jueves el artículo no sufrió cambios.

Ulloa dispuso que en el plazo de 48 horas, este paquete de reformas se codifique y se remita al Registro Oficial para su publicación.

En esta plenaria, se aprobó una moción planteada por Rivadeneira para que se conforme una comisión técnica con delegados de cada consejero para que se haga una revisión de “todos los reglamentos” vigentes para los concursos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Defensoría Pública, de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los dos delegados para el Comité de Desarrollo Fronterizo y de los 25 delegados para la integración de los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI).

Se dispuso que el departamento legal elabore el reglamento para designar al titular de la Defensoría del Pueblo, pero no se incluyó hacer la norma para renovar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Los cuatro consejeros alegan que efectuar estas reformas no afecta a la seguridad jurídica, porque ninguno de los concursos se ha convocado para las postulaciones y, ni las comisiones ciudadanas se han conformado.

Otra resolución adoptada fue propuesta por Estupiñán para dar paso a la integración de la comisión ciudadana para la selección de la autoridad de la Defensoría Pública. El objetivo es conocer el informe de verificación de cumplimiento de requisitos de los delegados de la Función Legislativa a ser parte de esta instancia.

Además que en una posterior sesión -ordinaria o permanente- se defina a los 30 candidatos a ser comisionado mejor puntuados.

Según la consejera han pasado 34 días sin que estas actividades se hayan gestionado en el pleno, retrasando el concurso. La moción se aprobó con cuatro votos de los presentes.

Esta polémica sesión permanente se clausuró a eso de las 21:36 de este jueves, después de tres horas de debate y de tres reinstalaciones sucedidas entre enero y febrero. (I)