No queda ni un solo vocal titular del Consejo de Participación Ciudadana de los que se eligieron en las urnas en el 2019

En cuatro años, la composición original del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elegido en las urnas en el 2019 se modificó totalmente.

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Y con la decisión de la Corte Constitucional (CC) de destituir a los actuales consejeros por no haber acatado la sentencia que les disponía elegir rápidamente al vocal faltante del Consejo de la Judicatura, que se hizo pública el pasado lunes, el organismo ahora está en acefalía.

Los vocales que salieron son Hernán Ulloa, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, David Rosero, Juan Dávalos y Francisco Bravo.

En principio, la Asamblea Constituyente de Montecristi decidió en el 2008 que los miembros del CPCCS sean elegidos en concursos de oposición y méritos por parte el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero con la enmienda constitucional impulsada por el expresidente Lenín Moreno en la consulta popular del 2018, diez años después, estos pasaron a ser elegidos por voto popular, pero los nombres que van a la papeleta son preseleccionados por el CNE, que actúa a manera de “filtro” de las hojas de vida.

En los comicios de marzo del 2019 fueron escogidos José Tuárez, Christian Cruz, Walter Gómez, Victoria Desintonio, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Rosa Chalá. Se posesionaron en mayo de ese mismo año.

Pero en agosto siguiente, Tuárez, Gómez, Desintonio y Chalá fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional con un juicio político. En su lugar se posesionaron Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, los siguientes en votación.

En agosto del 2020, Cruz también fue censurado y destituido en un juicio político en el Parlamento. Lo reemplazó Hernán Ulloa.

En noviembre del 2022, la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir a cuatro vocales del CPCCS por supuesto incumplimiento de funciones: Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán.

El trámite de este juicio político fue cuestionado porque no hubo de por medio un informe de la Comisión de Fiscalización. En atención a una acción de medidas cautelares que derivó en una acción de protección, un juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas) declaró nulo el juicio, restituyó a los cuatro vocales y ordenó a la Asamblea Nacional ofrecerles disculpas públicas y colocar una placa. Esto fue desconocido por los legisladores.

En ese momento había dos vocales suplentes posesionados tras los resultados del proceso electoral del 2019: Mónica Moreira y Karina Ponce. La primera está de candidata al CPCCS y la segunda renunció al cargo.

En medio de esa pugna, el Legislativo posesionó a otros dos consejeros suplentes: Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz.

Desde inicios de enero, Bravo, Rivadeneira, Estupiñán, Dávalos y Rosero pidieron licencia para hacer campaña electoral para la reelección.

Ahora, a la Asamblea Nacional le corresponde posesionar a los faltantes del banco de candidatos que les siguieron en votación a los originales y sus sucesivos reemplazos. Todavía no se define fecha para ello, pues los legisladores han dicho que están analizando la sentencia de la CC. (I)