Mishelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), formalizó ante la Fiscalía la denuncia en contra del presidente del CPCCS, Alembert Vera, y los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, por el presunto delito de fraude procesal.

La denuncia fue presentada la tarde del sábado 23 de septiembre ante la Dirección Nacional de la Policía Judicial. En la víspera, Calvache anunció que iniciaría acciones legales por una supuesta alteración de un documento público que Vera envió a la Corte Constitucional (CC), con información aparentemente distinta al informe que la mayoría del CPCCS aprobó en junio pasado sobre el proceso para revisar la designación de la fiscal general, Diana Salazar, cuya selección está blindada por el dictamen Interpretativo 2-19-IC-19.

La noche del viernes Calvache publicó un mensaje en redes sociales en el que advirtió de la presunta irregularidad.

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“Quiero alertar a la opinión pública que Alembert Vera envió a la Corte Constitucional un informe distinto al original que aprobó su mayoría en el Consejo de Participación sobre su pretensión de afectar la designación de la Fiscal General (blindada por el Dictamen Interpretativo 2-19-IC-19), con la intención de tratar de evadir su responsabilidad ante la Corte”, adelantó.

Dos de los funcionarios señalados como supuestos sospechosos, Alembert Vera y Augusto Verduga, reaccionaron el sábado al mensaje inicial de Calvache y criticaron su actuación.

Por un lado, el presidente del Consejo de Participación señaló que “el pleno conoció y aprobó el informe”. Que en esa sesión estaba presente la consejera, “sin hablar ni proponer, como de costumbre”, escribió Vera en su cuenta de X (antes Twitter).

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“Sería bueno que trabaje un poquito más, aunque creo que lo que le molesta es el rol fiscalizador de la ciudadanía”, agregó.

Después, en un hilo de tres publicaciones, Vera increpó a Calvache a que “deje de mentir y desinformar”. El titular del CPCCS mencionó que el pleno del organismo o no escriben o redactan informes, sino que estos documentos son elaborados por las áreas correspondientes y luego son aprobados e incorporados en actas.

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Aseguró que “lo dicho por Mishelle Calvache es completamente falso”, porque el pleno aprobó el informe de la Secretaría de Transparencia, que fue remitido a la Corte sobre las actuaciones realizadas por los consejeros.

“El informe sobre el presunto plagio (de tesis) de la fiscal (Diana Salazar) fue enviado el 3 de julio a la Corte Constitucional para evitar falsos relatos”, apuntó Vera.

Con el mismo tono, Augusto Verduga calificó a la consejera como “deshonesta”. Y ratificó que los informes del pleno del Consejo se aprobaron con observaciones posteriores de algunos consejeros.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento público de las dos consejeras que también fueron denunciadas.

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Mishelle Calvache dijo en días recientes, en una entrevista en Radio Sucesos, que junto al también consejero Andrés Fantoni se percataron de algunas anomalías en la información que los vocales del Consejo proporcionaron a la Corte, como parte de la fase de seguimiento que inició el máximo órgano constitucional para revisar el cumplimiento del dictamen interpretativo del 2019.

La controversia entre los integrantes de Consejo de Participación Ciudadana se ahonda en momentos en que la Corte Constitucional se alista a realizar la audiencia pública, para escuchar a los vocales del CPCCS, a la fiscal Diana Salazar y a otros funcionarios, como parte del seguimiento para revisar el cumplimiento del dictamen 2-19-IC-19. La diligencia tendrá lugar el lunes 25 de septiembre, por vía telemática, a las 10:00. (I)