Luis Verdesoto Custode se posesionó la semana pasada como secretario Anticorrupción luego de ser por varios meses consejero del presidente Guillermo Lasso en esa misma área. En una entrevista con este Diario explica cómo desarrollará su trabajo que, según el decreto ejecutivo de creación de la nueva institución, girará en torno a la prevención de la corrupción. Una de las acciones contempladas es la elaboración de un estudio que determine el grado de penetración del “dinero sucio” en la economía nacional.

Desde la Comisión Anticorrupción creada por grupos sociales y otros activistas hay reparos a la secretaría que usted dirige, porque creen que si está bajo el paraguas de la Presidencia de la República no puede garantizar independencia en la lucha contra la corrupción, ¿es así?

Hay una visión un poco sesgada respecto a en qué consiste la labor anticorrupción. En el Estado existen varios niveles y funciones con competencias en este tema; la de investigación le corresponde a la Fiscalía General, la de juzgamiento a las cortes, y el Ejecutivo puede y debe realizar, por mandato constitucional, acciones de prevención dentro de esa misma función. Eso es lo que hará esta secretaría.

Su ámbito de acción será la Función Ejecutiva entonces.

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Es obvio, en una república en la que se respeta la plena independencia de las funciones, esta secretaría no puede tener otro ámbito que la Función Ejecutiva pese a que el presidente es, a su vez, el presidente de la administración pública, que comprende todas las funciones del Estado. Pero las demás funciones de Estado se pueden adscribir a las estrategias anticorrupción. En ese sentido, quizás hay una distorsión en la cabeza de ciertas personas que no entienden que un Estado no puede ceder las funciones de investigación, juzgamiento o prevención a través de la elaboración de políticas públicas al sector privado. Por ejemplo, no cabe que los empresarios definan la política industrial o que los dueños de las petroleras definan la política petrolera. La política pública anticorrupción debe ser elaborada por el Estado dentro de sus competencias. Eso no quita que la sociedad civil haga las investigaciones que le parezca, y para ello se la acompaña y se la estimula en lo que sea correspondiente, pero tiene que encuadrarse siempre y al final en lo que plantee el Estado.

¿Cómo funcionará la secretaría?

El presidente Lasso formará en breve una comisión de integridad pública que hará seguimiento de las políticas anticorrupción y que buscará armonización y alineamiento de las entidades públicas a estas políticas. Estará conformada por las principales autoridades de las funciones del Estado más participación con voz de la sociedad civil. Y operará bajo la dirección del mandatario. La secretaría, que es parte de la Presidencia de la República, tendrá la labor de operativizar las decisiones que salgan de esta comisión de integridad y las que constan en el decreto de creación. Será la secretaría de esta comisión de alto nivel, que es una suerte de consejo de Estado… Las obligaciones que surgen de su decreto referidas a la prevención de la corrupción se desarrollarán en siete líneas de trabajo.

¿Cuáles son?

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La primera es provocar en la sociedad mayores grados de conciencia sobre la corrupción. En las investigaciones que hemos hecho hasta ahora a través de encuestas encontramos que tanto funcionarios públicos como ciudadanos tienen una comprensión bastante disímil sobre lo que es. Para ello haremos una campaña de sensibilización ética, capacitación, acuerdos para buenas prácticas, definición de canales de denuncias y diálogos con la sociedad civil.

En el segundo punto vamos a trabajar en la responsabilidad con otras instituciones para la prevención de la corrupción; ahí hay que establecer el rol del sector privado y de la sociedad civil. Y esto tendrá que hacerse a través de una mejora en patrones éticos, cambiar los currículos de las escuelas, de las universidades, formas de compartir información, gobierno abierto, certificaciones y capacitación. Por ejemplo, ya estamos preparando con las Naciones Unidas un curso masivo para la fuerza pública, maestros, servidores de salud y de ventanilla

Obviamente hay que trabajar sobre los lugares más básicos de la corrupción. Hemos detectado quince áreas de alto riesgo de corrupción en las que van a actuar quince grupos de tarea, muy pequeños, que harán investigaciones específicas y dar recomendaciones alrededor de esos procesos. Ahí pueden surgir casos y esa información será entregada la Fiscalía. Es el tercer eje.

¿Cuáles son esas quince áreas?

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Petróleo, y ahí hay cuatro grandes áreas: contratación, comercialización, transporte y producción. Energía. Minería. Telecomunicaciones, las tres tienen nuevos géneros de contrataciones. Educación. Salud. Obra Pública. Y luego hay sectores como el narcotráfico y su contaminación económica y social; seguridad; presupuesto; gobiernos subnacionales. Todos estos son escenarios críticos de la corrupción.

Los otros puntos…

El cuarto tiene que ver con la definición de los conflictos de intereses y sus consecuencias. El quinto, con la transparencia en el gasto público, que tiene relación con la evaluación del presupuesto ejecutado, cómo tener mejores normas y prácticas de ejecución presupuestaria para evitar la discrecionalidad. El sexto es la contratación pública. Y por último trataremos un tema muy grande que es difícil, que es la corrupción trasnacional que viene después de la pandemia y la posguerra, el mundo ha cambiado totalmente en términos de comercio internacional, inversiones, arquitecturas institucionales distintas para proteger a los Estados de la corrupción. Muchos de los tratados internacionales anticorrupción han quedado cortos actualmente. En ese sentido el Ecuador está ya trabajando en la creación de jueces especializados tanto en corrupción como en crimen organizado, son figuras penales distintas que hay que saberlas diferenciar.

Pero a la larga confluyen porque el crimen organizado maneja tanto dinero que puede corromper jueces, autoridades, empresarios… Eso es corrupción.

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La corrupción es uno de los instrumentos que usa el crimen organizado. Y a la vez los actores de la corrupción pueden ser parte del crimen organizado, pero no todos lo son…

Vivimos una ola de inseguridad terrible en el país que hasta el propio presidente Lasso ha ligado al narcotráfico y al crimen organizado, que como le decía tienen suficiente plata para corromper tanto a las instituciones como al tejido social. En ese sentido, ¿podrían plantear como secretaría algún tipo de depuración de las entidades en las que el narcotráfico ha penetrado y se cometen actos de corrupción?

En las cuestiones económicas sí. Uno de mis objetivos es dejar al menos los primeros estudios para establecer el grado de contaminación de la economía ecuatoriana con el dinero del narcotráfico y el lavado de activos. Hasta ahí podría llegar yo. Es una forma práctica de la corrupción generada por el narcotráfico. Otros componentes no los trabajamos nosotros.

¿Y tiene idea de cuánto sería ese impacto?

En una economía como la ecuatoriana, que no tiene moneda propia, se puede establecer con bastante sencillez cuál es el grado de presencia de los volúmenes de dinero sucio. Del conjunto de movimientos de la economía se quita la masa monetaria legalmente registrada, es decir, los dólares con los cuales se transan bienes y servicios en un periodo determinado, menos el financiamiento externo y otras formas de entradas legales de divisas, y la diferencia es el dinero sucio. Tengo una idea de cuánto sería, no la voy a revelar, pero es una cantidad significativa. Tenemos que ver en qué parte de la economía está ese dinero sucio.

¿Cuánto se tardará en hacer ese estudio?

Esperamos tenerlo listo antes de fin de año.

¿Con cuánto presupuesto y personal contará para desarrollar su trabajo?

El presupuesto es exiguo, son 800.000 dólares. Como la institución es parte de la Presidencia no tiene aparato administrativo, sino técnico. Son diez técnicos de altísimo nivel con la asistencia de diez personas más. O sea, somos 20 incluyéndome. Todo en lo que hemos trabajado en la primera fase, como el Plan Nacional Anticorrupción, las consultas ciudadanas, las encuestas, ha sido financiado con el apoyo de la cooperación internacional de Naciones Unidas, Estados Unidos y Alemania. La estrategia anticorrupción ya está lista, ahora está en la mesa del presidente, esperamos que en dos semanas pueda ya presentarse. Luego viene el plan de acción.

¿Este comité de alto nivel del que usted me habla es la misma comisión internacional que ofreció Lasso en campaña?

No, de la comisión internacional se ha desistido luego de consultar con las Naciones Unidas y con base en las experiencias de América Latina en las que ha habido enfrentamientos con los sistemas judiciales porque los jueces internacionales se han sobrepuesto a los nacionales. Somos profundamente respetuosos de las cortes ecuatorianas. Además hay el antecedente de la comisión creada por el expresidente Lenín Moreno, que no funcionó.

Y terminamos hasta debiéndoles plata a los comisionados…

Justamente en estos días se firmará el acuerdo transaccional para pagarles lo que trabajaron, y el resto de recursos regresará al Ecuador y se usará en la lucha contra la corrupción.

¿Y han pensado en una Comisión de la Verdad internacional como la que pide el correísmo?

Eso no tiene nada que ver con nosotros.

¿Cuándo se formará este comité de integridad pública?

En unos dos meses.

¿El trabajo de la secretaría no depende de que este comité se cree?

No, ya estamos funcionado.

En otros gobiernos han existido una serie de instancias similares que han fracasado por discrepancias respecto a los roles que tenían. ¿Qué garantiza que no pasará lo mismo con la suya?

Lo que yo garantizo es un trabajo transparente, no tendrá nada que ver con los nichos en los que se involucraron otras secretarías o funciones paralelas. Yo trabajaré en la prevención de la corrupción desde las políticas públicas, que sí es una competencia del Ejecutivo. (I)