Con los objetivos de “seguir la ruta del dinero robado y meter presos a los corruptos”, el presidente Guillermo Lasso anunció en septiembre pasado la creación de una comisión para la lucha anticorrupción en el país y está previsto que el 30 de abril se conozca la primera versión de la estrategia anticorrupción que dará lugar a su creación.
Luis Verdesoto, consejero presidencial en esta área, cuenta que en estos meses el proceso ya ha cumplido con algunas etapas como la consulta nacional sobre las medidas anticorrupción, para obtener la visión del espectro político sobre la corrupción que se trabajó en tres grandes núcleos.
El primero está relacionado con todas las instituciones del sector público, incluyendo todas las funciones del Estado; el segundo, con consultas territoriales y de actores, más de 400 organizaciones, en cinco ciudades: Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y Puyo, a la sociedad civil, universidades, medios de comunicación locales, gremios productivos y gremios de trabajadores. Y el tercero, con partidos políticos, por bancadas legislativas y medios de comunicación nacionales a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para determinar sus visiones anticorrupción.
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Una vez presentada, el 30 de abril, Verdesoto explica que el presidente Lasso debe emitir vía decreto la creación de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que formará parte de la Presidencia, y definir así su estructura orgánica y asignación de roles y papeles.
Esta nueva institución estará compuesta por los representantes de las cinco funciones del Estado: Judicial, Electoral, Legislativa, Transparencia y Ejecutiva, así como por la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Consejos Provinciales (Congope) y la Defensoría del Pueblo, y tendrá como objetivo principal el “área preventiva”, detalló Verdesoto.
“La estrategia contemplará varios plazos, uno corto que son los tres años que quedan de gobierno, un mediano plazo que será pensado hacia dos gobiernos posteriores y otro a largo plazo”, menciona.
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Verdesoto comenta que la estrategia “son básicamente líneas que atraviesan al sector público que tienen que ver con la formación ética de los funcionarios, sistemas de control de gasto público, sistemas para evitar el mal gasto de los fondos públicos, una gama de instrumentos que permitan el control para que las instituciones del sector público tengan la capacidad de controlarse internamente y de asumir y proteger a aquellos funcionarios que develen actos de corrupción”.
Otro de los pasos, una vez presentada la estrategia, será convocar a todos quienes integrarán este nuevo órgano y simultáneamente a los grupos de tarea de investigación de corrupción en las quince áreas que determinaron como sensibles, con base en el flujo histórico de corrupción del país, y que abarcan el sector del petróleo, contrataciones, comercialización, producción, telecomunicaciones, electricidad, educación, salud, obra pública, IESS, Biess, banca pública, finanzas populares y también situaciones de corrupción vinculadas a delitos como el narcotráfico, entre otros.
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“Los quince grupos de trabajo estarán conformados por un experto anticorrupción internacional, que lo pagará la cooperación multilateral, un delegado presidencial, un experto nacional y un abogado”, estos tres últimos serán financiados por el Estado con recursos recuperados de Naciones Unidas del proyecto anticorrupción fallido del Gobierno anterior, explica Verdesoto.
Para integrar estos grupos, la convocatoria será determinada a personas técnicas para cada área con capacidad moral probada ante el país y que aseguren que el resultado de su trabajo no interferirá sobre el curso de posibles investigaciones o de acciones jurídicas.
El consejero reveló también que Ecuador ha aceptado ser parte de una alianza internacional de cinco países, liderados por Canadá, que van a delinear estrategias anticorrupción en el mundo que serán presentadas en la conferencia anticorrupción del siguiente año en EE. UU., que organizará el presidente Joe Biden.
En tanto, dos organizaciones de lucha contra la corrupción que surgieron de la sociedad civil hacen reparos a este proceso de elaboración de la política gubernamental. Sus directivos no fueron invitados a los diálogos.
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Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sostiene que la organización que representa no respalda la estrategia. “No puede haber un organismo del Estado que organice los instrumentos para cuidarse a sí mismo”, apunta y dice que no son las fundaciones u organizaciones afines al Gobierno las que deben participar.
Rodas subraya que “mientras se siguen organizando mesas redondas, en este mismo momento están asaltando en el país, en los hospitales... la lucha anticorrupción es ahora, no se trata de estar conversando y esto no ocurre en el país”.
César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, opina: “Para organizar una política anticorrupción primero quienes lideren ese tipo de procesos deben ser gente proba para que no haya tela de dudas y el Gobierno en este momento está en tela de duda, porque el presidente ha señalado que lo han intentado cohechar y debe denunciarlo; la postura anticorrupción debe ser desde la práctica y no solo desde la letra”, indica.
Refiere que “se puede hacer una maravilla de política pública, pero si no hay coherencia no sirve de nada, nadie le va a prestar atención y va a pasar como la creación de una cartera burocrática más”.
Tanto Rodas como Cárdenas aseguran que seguirán trabajando de manera independiente porque coinciden en que la lucha anticorrupción debe venir desde la sociedad civil y las organizaciones sociales, y enfatizan que su labor no representa ningún gasto para el país. (I)
