Desde este mes, el Gobierno tiene previsto consultar a representantes de 500 organizaciones de la sociedad civil y 140 instituciones públicas sobre la política pública de lucha contra la corrupción, que será presentada oficialmente en abril de este año.

La consulta al sector público se hará en enero y a la sociedad civil entre febrero y marzo, en organizaciones de la sociedad civil se consultará a cinco grupos poblacionales: medios de comunicación, academia, sociedad civil “en su amplia extensión” y gremios productivos, trabajadores y empresarios, y se intentará ampliarla a partidos políticos.

Estos grupos trabajarán focalizadamente por provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, que se agruparán en Quito; Cañar, Bolívar, Azuay, Loja y Zamora, en Cuenca; Guayas, El Oro, Santa Elena y Galápagos, en Guayaquil; y uno último que tendrá a cargo Manta con Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas y Puyo.

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“Toda política anticorrupción debe contar con un respaldo y una asunción de los criterios de los principales grupos afectados por la corrupción, en este sentido, es muy importante registrar exactamente lo que está pasando en Ecuador en la pospandemia en los temas anticorrupción”, señaló el consejero de Gobierno para la lucha anticorrupción, Luis Verdesoto.

La consulta se realizará con el apoyo técnico y financiamiento de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y el Sistema de Naciones Unidas y se basarán en cuatro campos: lo que la gente diagnostica como corrupción, lo que se entiende como buenas prácticas y malas prácticas y recomendaciones sobre la corrupción.

En los dos casos, tanto del sector público como de las organizaciones de la sociedad civil, las hace la cooperación internacional, no el Estado, “para guardar la absoluta distancia y objetividad”, aseguró Verdesoto.

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Con el sector público serán asesores de varios países y con las organizaciones de la sociedad civil está encabezado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ, que tiene el programa “Ecuador Sincero”, que es el más grande en cooperación internacional con Ecuador y el concurso de otros organismos nacionales.

Verdesoto agregó que probablemente también se pida el apoyo de la cooperación norteamericana a través de un grupo de profesores universitarios.

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El Gobierno presentó el borrador de la política anticorrupción el jueves 9 de noviembre, Día Internacional Contra la Corrupción. En el documento, se contempla la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción de carácter interinstitucional, con la voz, pero sin el voto de representantes de la sociedad civil.

Además, en el borrador de política pública anticorrupción, el presidente Guillermo Lasso también plantea la creación de una Unidad Anticorrupción, adscrita a la Presidencia, para que ‘monte’ un sistema de seguimiento de casos de corrupción.

Esta propuesta fue cuestionada por organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) civil y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), señalando que el Gobierno se convertiría en juez y parte al investigarse a sí mismo. (I)


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