Los hechos de violencia que vivió en el país en el contexto del último paro nacional, registrado entre el 13 y el 30 de junio, afectaron tanto a manifestantes como a servidores de las fuerza pública. Los hermanos Juan Manuel y Luis Armando Sislema, decidieron participar voluntariamente en las protestas en su natal Chimborazo el 17 de junio, cuarto día de movilizaciones, sin saber que serían alcanzados por perdigones que los mantienen hasta ahora hospitalizados y en estado crítico. Mientras en Azuay, el mayor William Egas recibió una pedrada en la cabeza que le costó 20 puntos de cirugía, pero afortunadamente no la vida como en el caso del sargento José Chimarro, fallecido en un ataque en Sucumbíos.

Para la familia Sislema Minta, el paro nacional cambió para siempre sus vidas. El padre, Manuel Sislema, dice que aunque las fuerzas de seguridad han negado haber usado perdigones en el control de las protestas, lo que ocurrió con sus hijos demuestra lo contrario, por lo que tuvo que recurrir a un abogado para obtener las pruebas necesarias y espera hacer justicia.

Cuenta que el pronóstico más reservado es el de Juan Manuel, de 35 años, que permanece en el Hospital General Docente de Riobamba, mientras que Luis Armando, de 29, tras el ataque fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo en Quito, donde ya está consciente, pero sin movilidad en la mitad de su cuerpo.

“Todos los seres humanos tienen derecho a la manifestación, mis hijitos se fueron voluntariamente a reclamar sus derechos. Los perdigones les entraron en la cabeza y destruyeron su sistema nervioso, Juan Manuel es como que ya no tiene vida, solo respira, es posible que quede en estado vegetativo. A mi otro hijo, los perdigones le entraron cerca del corazón y pulmones, por el estómago. Él está ya despierto, levanta las extremidades del lado izquierdo, pero las otras no”, cuenta.

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Con la voz entrecortada, Manuel describe a sus hijos como “dos muchachos trabajadores y apasionados por la música”, padres de familia, y dice que confían en que puedan salir adelante y recuperarse, aunque reconoce lo delicado del cuadro de Juan Manuel.

Lamenta que hasta el momento ninguna autoridad se haya pronunciado sobre lo que están viviendo sus hijos y muchos otros manifestantes heridos o fallecidos en esos días en la provincia y sus familias. Cuenta casos de jóvenes que perdieron un ojo o sufrieron desfiguraciones en sus rostros debido a los perdigones.

“Policías menos heridos están hospitalizados, el ministro Patricio Carrillo está hablando, se está moviendo para ayudar a esas familias, pero aquí en Chimborazo, nadie, ninguna autoridad. De parte de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) nos han manifestado su preocupación e interés para ayudarnos, esperamos que ellos lo hagan, ya que nadie más nos ha dado la cara”, expresa.

Juan Manuel y Luis Armando Sislema resultaron heridos en Chimborazo el 17 de junio, cuarto día de movilizaciones, siguen hospitalizados y en estado crítico. Su familia acepta donaciones. Foto: CONAIE

Los hermanos Sislema recibieron los impactos a pocos minutos de haber salido de sus hogares para sumarse a una movilización que se dirigía a la Gobernación de Chimborazo a la que no llegaron. Su padre cuenta que fueron atacados por militares casi a la misma hora en diferentes sitios, ya que no se encontraban juntos, según videos que han podido obtener como pruebas.

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Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, organización que estuvo monitoreando el paro nacional, concuerda en que el uso de perdigones es lo que se ha podido constatar en el caso de los hermanos Sislema y en muchos otros.

La Alianza difundió un informe preliminar elaborado por la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, que arribó a Ecuador el 24 de junio para constatar in situ las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el paro, y que está por emitir un informe final, al igual que la Alianza.

Con base en testimonios, pruebas y denuncias recibidas por distintas plataformas de derechos humanos y organizaciones indígenas y sociales, el informe registra cerca de 200 detenciones arbitrarias, 6 homicidios y decenas de secuestros, desapariciones temporales, centenares de torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Fiscalía General ha abierto 403 causas, entre investigaciones previas e instrucciones fiscales, en 21 de las 24 provincias del Ecuador, por hechos ocurridos en los 18 días de paro nacional.

Ante las denuncias recolectadas, Idrovo manifiesta que no existen protocolos definidos para aplicar la fuerza y que se hizo un uso abusivo.

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“Por ejemplo, en San Miguel del Común yo pude ver que no tenían solamente escopetas para lanzar bombas lacrimógenas, había otro tipo de armas”, cuenta, y asegura que están prestos para seguir acompañando a los afectados en sus procesos de lucha en el caso de optar por tomar acciones legales.

En los enfrentamientos en otras partes del país como en Puyo, Sucumbíos y la parroquia Molleturo en Azuay, los afectados fueron mayormente policías y militares.

Como el caso del sargento Chimarro, quien falleció en un ataque registrado en el sector de la precooperativa 18 de Noviembre, en la ruta Shushufindi-Puerto Providencia, en Sucumbios y que causó una docena de heridos. Según versiones preliminares, 100 comuneros que portaban armas de fuego y lanzas se enfrentaron con personal militar que proporcionaba seguridad a un convoy que transportaba 17 tanqueros con combustible (diésel) de Shushufindi al bloque petrolero ITT.

En tanto, Egas fue víctima del ataque en Molleturo durante un forcejeo en el que le quitaron el casco y alguien se aprovechó de la situación. Luego del reposo retomó sus actividades, con la consigna de seguir firme para evitar la alteración del orden.

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Egas se desempeña como jefe del Distrito Cuenca Sur y el día del ataque lideró un operativo para liberar la vía que permita el traslado de vehículos con oxígeno medicinal, gas de uso doméstico y alimentos. A su cargo estaban 160 subalternos que poco a poco iban superando los obstáculos en la vía, desde la Y de Sayausí hasta esta parroquia rural de Cuenca ubicada en la carretera que conecta a Guayaquil.

Eran las 06:30 y en el kilómetro 52 de esta vía el ambiente se puso hostil porque fueron recibidos, según dice, con rocas, perdigones y cohetes lanzados en tubos de PVC. El diálogo no funcionó y de pronto fue sujetado por los manifestantes de pies y manos, con quienes luego del forcejeo se cayó al piso. En esos segundos su primera reacción fue correr hacia donde estaban sus compañeros, y es ahí cuando se aprovecharon que estaba de espaldas para agredirlo.

En medio de la nube de gas lacrimógeno y la confusión, Egas nota en su cabeza una hemorragia, pero que fue atendida rápidamente por el paramédico que los acompañaba. Enseguida fue llevado a una clínica particular donde fue internado.

William Egas, jefe del Distrito Sur, recibió una pedrada en la cabeza durante el último Paro Nacional. Los médicos le tuvieron que suturar 20 puntos. Foto: CORTESÍA

A pesar de sus 29 años de experiencia como gendarme confiesa que este reciente operativo lo puso un poco nervioso, pero que no podía flaquear porque tenía una misión que cumplir. Ha participado en huelgas y derrocamientos de presidentes en sitios altamente conflictivos como Quito, pero esta fue la primera vez que lo hirieron en la cabeza.

Tras seis días de reposo retomó sus actividades con total normalidad porque como jefe considera que debe siempre mantener la calma y el liderazgo.

Por su parte, Idrovo manifiesta que los ataques a miembros de la fuerza pública no constituyen una violación a los derechos humanos, sino más bien son delitos o infracciones.

“El Estado está en la obligación de proteger también a sus servidores, cómo puede mandarlos a reprimir a la población, eso los pone en un riesgo muy grande. Ellos aplican un uso excesivo de la fuerza en situaciones donde la gente sabe que tiene el derecho a la resistencia”, refiere.

Según cifras del Ministerio del Interior, debido a los enfrentamientos y otros incidentes durante el paro, 228 policías resultaron heridos, 32 fueron detenidos y luego liberados. Se registraron 4.986 eventos de alteración pública que dejaron 150 personas aprehendidas, también 10 UPC destruidas, al igual que un distrito policial; también 11 vehículos destruidos y 72 vehículos con daños; 6 motocicletas destruidas, 21 con daños, 6 radios extraviadas y un total de 133 denuncias presentadas por estos hechos. (I)