Las reformas realizadas al Código de la Democracia en el 2020 introdujeron la obligación de los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular de participar en los debates electorales organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El que se realizará este domingo 13 de agosto entre los aspirantes presidenciales inscritos, en el marco de los comicios presidenciales y legislativos anticipados, será el tercero desde la vigencia de este cambio. Se transmitirá en cadena nacional desde las 19:00, en las instalaciones de Ecuador TV en Quito, y se estima que durará unas 2 horas y 45 minutos.
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El primero fue el debate presidencial del 2021, en el que participaron 16 aspirantes a la Presidencia. El segundo fue el de las pasadas elecciones seccionales, que se realizó en 17 provincias y 21 alcaldías.
Las autoridades electorales han manifestado que el evento no se suspenderá pese al crimen de uno de los aspirantes, Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto en la capital.
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El artículo 202.2 del Código de la Democracia describe a los debates electorales como las “distintas formas de discusión pública en la que los candidatos a una dignidad contrastan sus programas de gobierno y propuestas programáticas, sometiéndose al cuestionamiento de sus rivales, moderadores y ciudadanía, a través de los medios de comunicación y el público presente”.
La normativa señala que en las elecciones presidenciales, el CNE realizará un debate obligatorio en primera y segunda vuelta. Este será tres semanas antes del día señalado para cada elección, pero en este caso será una semana antes ya que se trata de una elección extraordinaria derivada de la declaratoria de muerte cruzada efectuada por el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado.
De haber una segunda vuelta, el debate será el próximo 1 de octubre, dicha elección está pautada para el 15 de ese mismo mes.
En el caso de las elecciones de prefectos y alcaldes, las delegaciones provinciales del CNE debe organizarlos en aquellas jurisdicciones provinciales y cantonales que cuenten con más de 100.000 electores.
La ley electoral indica que los debates obligatorios se realizarán conforme a la metodología y reglamentos establecidos por el CNE, los cuales “deberán garantizar independencia, participación de la academia, pluralismo, equidad e igualdad entre los candidatos y candidatas, así como el correcto desarrollo de los mismos con los estándares adecuados de respeto y facilitando la exposición de las propuestas”.
También menciona que el sector privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil podrán organizar debates -no obligatorios- de manera complementaria para los diferentes procesos electorales.
El Código de la Democracia establece que los postulantes que no asistan al debate obligatorio incurrirán en una infracción electoral “muy grave”, la cual es sancionada con destitución o suspensión de los derechos de participación de dos hasta cuatro años, y una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados ($ 9.450 a $ 31.500). (I)