En el último tramo del proceso de aprobación del proyecto urgente de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, la mesa de Desarrollo Económico, encargada del análisis y elaboración de los informes, se quedó sin presidente y vicepresidenta.

Tanto Daniel Noboa (EU), que preside la comisión, como Wilma Andrade (ID), vicepresidenta viajaron fuera del país, y los demás integrantes de la mesa tuvieron que improvisar, en la noche del 25 de noviembre, y encargar la dirección de la comisión a la legisladora de Azuay Diana Pesantes (BAN).

Andrade viajó el martes 23 de noviembre a España a un encuentro parlamentario; en tanto que se dijo que Noboa viajó a Europa el 25 de noviembre, en medio de la elaboración del texto final del proyecto urgente que será entregado hoy al pleno de la Asamblea Nacional para la votación, cuando resta un día para que venza el plazo que tiene la legislatura para aprobar la propuesta.

En reemplazo de Wilma Andrade actúa la alterna María Teresa Velásquez, y por el legislador Daniel Noboa participará Ana Carolina León.

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Proyecto urgente de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal en riesgo de ser archivado en la Asamblea Nacional

Es una extraña coincidencia que las dos autoridades de la comisión no estén en la última etapa de trámite del proyecto, dijo el legislador César Rohón (antes del PSC), miembro de la mesa, quien cuestionó que las observaciones realizadas en el pleno no se discutan en la comisión, sino que el sector oficialista prepare el informe en una oficina externa, sin la participación de los asambleístas.

La comisión el jueves suspendió cuatro veces la sesión hasta que esté listo el texto final con las observaciones formuladas por los 24 legisladores que participaron durante el segundo debate en el pleno. Este viernes 26, la mesa fue convocada a las 09:00 para aprobar el informe y luego este deberá pasar a conocimiento del pleno en la sesión convocada para las 11:00.

La propuesta económica del Ejecutivo, denominada Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, plantea un incremento a la contribución de las personas naturales que ganen un sueldo superior a los $ 2.600 mensuales y fija la deducción de gastos personales hasta los $ 10.000 anuales.

También determina una contribución especial única sobre los grandes patrimonios y ciertas sociedades para impulsar la economía nacional tras la pandemia; la restructuración de determinados impuestos, para mejoramiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y un régimen temporal aplicable a activos en el exterior no declarados.

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Con la propuesta, según el Ejecutivo, aspira a tener una recaudación de $ 1.900 millones en los próximos dos años, pero de acuerdo con las posiciones políticas de los legisladores, esa cifra disminuirá debido a los ajustes que pretenden incluir en el impuesto a las personas.

Los aliados legislativos del Gobierno, esto es Pachakutik y la Izquierda Democrática, realizan reparos a la base imponible de las personas, estos dos sectores que reúnen al menos 40 votos señalan que el impuesto a las personas debe empezar para aquellas personas que ganan un sueldo superior a los $ 3.500 mensuales.

El debate en la comisión sobre los ajustes que deberán realizarse para la votación del proyecto urgente está previsto para las 09:00 de este viernes. (I)