Ley de Transparencia Social: 34 organizaciones de la sociedad civil alertan de debilitamiento a sus estructuras y anuncian demanda de inconstitucionalidad

Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil, entre fundaciones, corporaciones y redes, denunciaron que la Ley de Transparencia Social, que se aprobó en la Asamblea Nacional el 26 de agosto del 2025, debilita la confianza pública en estos grupos y pone en riesgo su continuidad.

Las organizaciones anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).

En un comunicado, emitido el 27 de agosto, el grupo de organizaciones de la sociedad civil reclamó que en los debates en el pleno del Parlamento el oficialismo emitió un discurso estigmatizante contra las organizaciones sociales, presentándolas como sospechosas de actividades ilícitas sin evidencia concreta que lo respalde.

“A lo largo de las intervenciones de las y los asambleístas se hizo referencia al lavado de activos usando datos que no tienen ningún sustento en informes confiables o datos empíricos que demuestren el supuesto uso de las organizaciones de la sociedad para este fin”, dicta el pronunciamiento.

Las 34 organizaciones no gubernamentales alertaron de que esta narrativa limita la posibilidad de recurrir a financiamiento de actores privados y de cooperación internacional, “lo cual afecta directamente la sostenibilidad de proyectos sociales, comunitarios y de derechos humanos”.

Asimismo, resaltan que en la Ley de Transparencia Social persisten problemas estructurales que afectan la libertad de asociación y restringen injustificadamente la acción de un sector clave para el fortalecimiento democrático, la erradicación de la pobreza y el desarrollo.

Entre los puntos de preocupación que expusieron las organizaciones están:

• La falta de debate técnico y social suficiente debido a la premura con que se tramitó la norma.
• La exigencia de requisitos desproporcionados, como la obligación de presentar reportes financieros trimestrales con estándares contables equivalentes a los de sociedades mercantiles.
• Estas exigencias, además de generar cargas administrativas y económicas excesivas, resultan inviables para organizaciones comunitarias, rurales o de base que operan con presupuestos mínimos y trabajo voluntario.
• La incorporación de nuevos temas, como los relativos a minería, impuestos, rendición de cuentas de altos funcionarios y condonación de deudas a la seguridad social, que no tienen ningún sentido en esta ley.
• El artículo sobre causales de disolución permite cerrar organizaciones por incumplimientos administrativos calificados como “graves” (como la inactividad, la negativa a rendir cuentas o la realización de actividades no autorizadas), lo que abre un margen amplio a interpretaciones discrecionales y sanciones desproporcionadas.

En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil pidieron participar en la formulación del Reglamento de la Ley de Transparencia. Además, anticiparon que acudirán a organismos internacionales de derechos humanos para presentar sus preocupaciones, en tanto que aseguraron que activarán el mecanismo de demanda de inconstitucionalidad.

Entre las organizaciones que suscribieron el comunicado están Fundamedios, la Coalición Nacional de Mujeres, la Fundación Caje, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, el Observatorio de Derechos y Justicia, la Red Nacional de Organizaciones Cooperantes del MIES, entre otras.

La Ley de Transparencia Social, el cuarto proyecto de ley urgente que el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional, se aprobó con 78 votos a favor. El 28 de agosto, la normativa fue publicada en el Registro Oficial, por lo que ya está vigente en el país.

(I)