La creación de una empresa pública para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una posible privatización de estas zonas y la consulta previa fueron los puntos que marcaron el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del sistema nacional de áreas protegidas.
La sesión No. 015 del pleno de la Asamblea Nacional se instaló pasado el mediodía de este 2 de julio de 2025 y arrancó con la exposición de Valentina Centeno, asambleísta del oficialismo y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó el proyecto.
La asambleísta explicó que la norma busca tres cosas: mejorar la infraestructura y los servicios existentes en las áreas protegidas; proteger a los guardaparques; y combatir la minería ilegal, la tala y crímenes o delitos como el tráfico de combustible en estas áreas.
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Centeno aclaró que la ley respeta y garantiza la consulta previa, libre e informada para los proyectos que se desarrollen en los territorios de los pueblos y nacionalidades, que son parte de las áreas protegidas.
Otros legisladores de la bancada de Gobierno, como Steven Ordóñez, Pablo Jurado, Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín o Ana Belén Tapia defendieron la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa, con carácter económico urgente.
Los oficialistas coincidieron en que esta ley busca proteger y fortalecer las 78 áreas protegidas que existen en el país, tras años de abandono.
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También destacaron puntos como el aumento de la seguridad de los guardaparques que trabajan en las áreas protegidas, la lucha contra la minería ilegal en estas zonas, así como la inversión del sector privado en proyectos en las áreas protegidas.
Observaciones a la unidad de materia, consulta previa y creación de empresa pública
Por su parte, la oposición criticó aspectos de la ley como la unidad de materia, la inversión de privados, el derecho a la consulta previa y la creación de una empresa pública para la gestión de las áreas protegidas.
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Ana Belén Yela y Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, alertaron que la ley, al igual que las leyes de Solidaridad e Integridad, no cumple con la unidad de materia que requiere un proyecto económico urgente.
De su lado, Yela observó que en el texto para primer debate no se tomó en cuenta la propuesta de crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la profesionalización de los guardaparques.
En su lugar, dijo, se incluyó la creación de la empresa pública para las áreas protegidas, que tiene lógicas de actividades económicas y no de conservación
“Preocupa una vez más que haya la intención encubierta de privatización de las áreas protegidas”, alertó.
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Su compañera de bancada, Verónica Íñiguez cuestionó que la ley del Ejecutivo no busca conservación de la biodiversidad, pues detrás esconde un fondo oscuro, que deja por fuera a pueblos, comunidades y nacionalidades que viven dentro de las zonas de influencia de áreas protegidas.
La asambleísta expresó su preocupación por el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República.
“Esta consulta se la nombra en la Constitución para las actividades extractivistas como la minería. Es decir, ¿estamos dejando una puerta abierta para que en estos espacios se pueda permitir la minería?“, interrogó al oficialismo.
En este sentido, Íñiguez pidió que se excluya de la ley a los territorios donde viven poblaciones en aislamiento voluntario, a poblaciones que viven cerca de manglares y páramos.
A este llamado se sumó el legislador independiente, Cristian Benavides, quien advirtió de un posible vicio de nulidad por la intervención de proyectos y fuerza pública en áreas protegidas, sin consulta previa.
En tanto, Raúl Chávez, asambleísta de la alianza RC-RETO, pidió que se analice la necesidad de crear una empresa pública para evitar la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas.
El socialcristiano Alfredo Serrano, en cambio, consideró necesaria la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero también cuestionó la conformación de una empresa pública para manejar estas zonas protegidas.
“No. No podemos entregarle a una empresa pública, el manejo de las áreas protegidas del país”, recalcó.
Otros puntos del debate
La seguridad en las áreas protegidas y la remisión de intereses de operaciones crediticias en la Corporación Financiera Nacional (CFN) fueron propuestas observadas en el pleno de la Legislatura.
La Ley de Áreas Protegidas plantea reforzar la presencia de la Fuerza Pública para evitar extorsiones y combatir la minería ilegal.
Sin embargo, desde Pachakutik, la asambleísta Cecilia Baltazar aclaró que los pueblos y nacionalidades son quienes pueden vigilar y resguardar las áreas protegidas son las autoridades indígenas.
La parlamentaria pidió que, dentro del artículo 6 de la normativa, se incorpore una aclaración para que se respete la jurisdicción de las comunidades indígenas, cuando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pretendan intervenir en las áreas protegidas.
“En nuestros territorios indigenas tenemos autoridades con legitimidad, encargadas de proteger todo el territorio, como las fuentes de agua. Estas autoridades son designadas por las asambleas y las comunas de los pueblos y nacionalidades”, puntualizó.
En cuanto a la propuesta de remisión de intereses, Viviana Veloz, de la RC, cuestionó la disposición transitoria para la Corporación Financiera Nacional y sugirió que debe existir un ‘candado’ para que nadie de la función Ejecutiva ni ningún legislador se beneficie.
“En este proyecto de ley primero debe existir transparencia y se debe evitar el conflicto de intereses. Entonces, que se transparente la lista de las personas que tienen deudas con la Corporación Financiera Nacional”, pidió Veloz.
Sobre este asunto, Andrés Castillo (ADN) defendió que la remisión de intereses es una figura tributaria y financiera para recuperar capital y reinvertir en la economía.
En este primer debate intervinieron más de 20 asambleístas, de los diferentes bloques políticos.
El informe volverá a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá recoger observaciones y, en un plazo de cuatro días, presentar el texto para segundo y definitivo debate del proyecto de ley urgente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa. (I)
